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domingo, 16 de noviembre de 2014

PETROLEO, MEDIO AMBIENTE Y DEMAGOGIA

El delta del Níger es uno de los 10 ecosistemas litorales más importantes del mundo, y en él viven en torno a 31 millones de personas, la mayoría de las cuales dependen del entorno natural para ganarse la vida.

Allí también se encuentran enormes depósitos de petróleo, que el gobierno de Nigeria y empresas petroleras multinacionales llevan extrayendo desde hace decenas de años. El petróleo ha generado ingresos de aproximadamente 600.000 millones de dólares desde la década de 1960.

Pese a ello, muchas personas que viven en las zonas productoras de petróleo tienen que utilizar agua contaminada para beber, cocinar y lavarse y comen pescado contaminado con petróleo y otras toxinas. La contaminación causada por la industria petrolera está destruyendo los recursos vitales de los que dependen, pues mata los peces, sus larvas y fuentes de alimentación, perjudica su capacidad de reproducción y causa un daño inmediato y a largo plazo en los bancos de pesca. Se estima que hasta 2011 se habían vertido 13 millones de barriles de crudo (equivalentes a un vertido anual del petrolero Exxon Valdez durante los últimos 50 años).



La industria petrolera ha traído pobreza, conflictos, abusos contra los derechos humanos a la mayoría de las personas que viven en esta zona productora de petróleo.

En el Golfo de Guinea el negocio del petróleo también ha traído enormes riquezas a la región. En el caso de la dictadura ecuatoguineana desde que empezaron a explorarse los primeros pozos en la última década del siglo pasado, su PIB comenzó a crecer durante varios años sucesivos en torno al 33%, la Renta per Cápita pasó de 330 dólares por habitante en 1990, a 5.600 en el año 2.000. En 2010, habría alcanzado ya nada menos que 18.000 dólares. No obstante estos ingresos no han conllevado una sustancial mejora social, más bien lo contrario: según el Banco Africano de Desarrollo, un 70% de la población sigue viviendo bajo el umbral de la pobreza y la disparidad de ingresos entre ricos y pobres incluso ha aumentado. Entre otros impactos indirectos, los ripios o lodos de perforación de los pozos han tapizado los fondos marinos, otrora ricos en recursos pesqueros y marisqueros, reduciendo la biodiversidad y provocando un serio impacto en la pesca artesanal de la región.

Estos dos ejemplos son rotundos ¿Podemos por tanto decir que esto es lo que hace la industria petrolera en las zonas en las que se implanta? ¿Qué el petróleo es incompatible con la conservación del medio ambiente y los recursos naturales?

Antes de responder veamos otros ejemplos.

En Noruega la industria del petróleo comenzó el verano de 1969 cuando la compañía Phillips Petroleum Company Norway completó su última exploración en el campo de Ekofisk. La compañía estuvo a punto de abandonar el trabajo después de varios intentos vanos y se preparaba para empacar cuando hizo el descubrimiento masivo de petróleo. La producción se inició el 15 de junio de 1971 y el acontecimiento emprendió lo que hoy representa una de las más importantes industrias noruegas.

Hoy en día son 51 los campos activos petroleros y gasíferos en la plataforma continental de Noruega. En total, casi un 40 por ciento de los recursos petroleros descubiertos comercializables de la plataforma noruega todavía no han sido extraídos. Además, hay probablemente muchos campos sin descubrir. La Dirección General de Petróleo de Noruega estima que solo los recursos no descubiertos llegan a ser 7.300 millones de barriles. Aproximadamente unas 80.000 personas trabajan en el sector petrolero noruego en la actualidad, representando los hidrocarburos el 47 por ciento de las de exportaciones de Noruega. Noruega es el tercer exportador más grande del mundo, y la industria petrolera se encuentra en la vanguardia en cuanto a la tecnología y protección de medio ambiente. 




¿Y otros sectores económicos dependientes de una buena salud del ecosistema se han visto afectados por las perforaciones y explotación del petróleo? No lo parece. En 2013, Noruega, principal productor mundial de salmón, exportó 5.082 millones de €. Además de la acuicultura, la actividad pesquera en Noruega es muy importante, con cifras que rondan los 1.400 millones de € anuales. Otro sector muy sensible a la calidad medioambiental es el turismo, muy particularmente en Noruega en el que sus atractivos turísticos fundamentales están asociados al medio natural y el paisaje. El turismo a Noruega le aporta ingresos en el entorno de los 4.000 millones y el turismo ballenero 3 millones.


En Canadá el sector del petróleo representa aproximadamente el 8% del PIB, o lo que es lo mismo, unos 115.000 millones de €. En 2012, la industria de los hidrocarburos pagó la suma total de 14.000 millones de € en impuestos a los gobiernos federales, provinciales y locales y dedicó 48.000 millones de € a inversiones de capital para innovación y crecimiento. Esto ha permitido que Canadá sea un innovador a nivel mundial de nuevas tecnologías petroleras gracias a una pujante industria que exporta a todo el mundo nuevas tecnologías, nuevos productos y servicios. Hay 165 compañías de exploración y producción de hidrocarburos Canadienses presentes en 101 países en el mundo. En la actualidad el sector energético es el empleador privado más importante de Canadá. En conjunto el sector del gas y el petróleo emplea a más de 550.000 personas en todo el país, previéndose que para el 2035 haya generado 1.455.000 empleos.

Pero también el turismo es uno de los sectores más importantes de Canadá,  por encima de la agricultura, la pesca y la silvicultura juntos, con 12.200 millones de € de facturación anual solo por visitantes internacionales. El turismo y la explotación de hidrocarburos coexisten gracias a las normas medioambientales y operativas que regulan ambos sectores, permitiendo así la sostenibilidad. Sólo como botón de muestra decir que el turismo ballenero supone 150 millones de dólares anuales en Canadá.
  
La provincia canadiense de Alberta goza de una economía fuerte, basada en el petróleo y la minería, que supone el 36% del PIB, un PIB que alcanza los 125.000 millones de dólares canadienses, para que nos entendamos, 88.400 millones de euros (más del doble de Canarias). Alberta produce cerca del 70% del petroleo y del gas natural de Canadá. contando además del 97% de las reservas del país y el 75% de todo el crudo de Norteamérica. Esto es posible  básicamente gracias a las arenas de alquitrán o arenas de petróleo (Oil Sands). La mayor parte de arenas de alquitrán canadienses se sitúa en tres grandes yacimientos al norte de la provincia de Alberta que en conjunto ocupan 140.000 kilómetros cuadrados, lo que supone una amenaza medioambiental en una de las zonas con mayor riqueza natural de un país dominado por inabarcables extensiones bosques boreales (con un papel tan crucial en la regulación de la atmósfera terrestre como los bosques tropicales e innegable importancia para la biosfera).



La zona de yacimientos del noreste de Alberta, conocida como Athabasca, es explotada desde 1967, aunque ha conseguido un verdadero impulso en la última década, coincidiendo con el aumento sostenido del precio del barril de petróleo. Hasta el momento, la mayor parte del petróleo crudo sintético a partir de éstas arenas de bitumen es extraído sacrificando enormes extensiones de bosque boreal mediante las técnicas más agresivas de minería superficial que existen combinadas con técnicas que emplean vapor, agua a presión y disolventes para reducir la viscosidad del bitumen en el mismo lugar de la extracción.

El daño medioambiental es innegable. La cuestión es si es inaceptable, si es incompatible con la sostenibilidad medioambiental, o si puede llegar a serlo. La legislación en materia de protección y prevención medioambiental canadiense en relación con, por ejemplo, la europea, es muy laxa. El coste ambiental de la producción de hidrocarburos no está siendo debidamente repercutido a la industria, que no podría producir con los costes que lo hace de existir en Canadá una regulación tan sólo similar a la de responsabilidad medioambiental que la Directiva 2004/35/CE ha impuesto en Europa.

No cabe duda de que la gestión medioambiental de la industria petrolera de Alberta tiene un importante campo de mejora, y a ello deberán empeñarse en los próximos años y seguro que lo harán, como corresponde a una sociedad avanzada, pero pese a ello, considerando el conjunto de la gestión del territorio en esta provincia canadiense, no deberíamos hablar desde nuestra superioridad moral ambiental europea, porque quizá tendríamos que tragarnos más de un sapo.



En 2011 más de 35 millones de personas visitaron Alberta, donde se encuentran cinco de los quince sitios canadienses declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los Parques Nacionales de Waterton Lake, Banff, Jasper, Elk Island y el de Búfalo de los Bosques son refugios de fauna y flora de primer orden a nivel mundial. Auténticos santuarios de la naturaleza y la vida salvaje, donde bisontes, caribúes, alces, renos, osos grises y negros, lobos, zorros, linces, pumas…y numerosas aves residentes y migratorias encuentran un espacio virgen, y una legislación que los protege como se corresponde a un país desarrollado, un país del primer mundo. En la vieja Europa la biodiversidad no es ni por asomo la existente en esta provincia canadiense.



En Canadá también se ha desarrollado la industria petrolera offshore, básicamente en la provincia de Terranova y Labrador, cuyos principales campos petrolíferos están ubicados mar adentro, en la zona del Gran Banco.

El sector del petróleo en Terranova, con 83.585.235 barriles en 2013, lo que equivale a unos 6.500 millones de €, ha contribuido de manera importante a la economía provincial en las últimas décadas. Ha generado empleo, aumentado los ingresos, ayudado a frenar la emigración y estimulado el gasto de consumo. La industria del petróleo offshore de Terranova invirtió 1.880 millones de € en  2012 en exploración y producción, y destinó 1.565 millones de € más a pagar impuestos en el año fiscal 2012/13.

Paralelamente se ha producido un aumento constante del número de puestos de trabajo creados por este sector. En 2012 creó 17.300 puestos, entre directos y derivados. El sector, y las personas a las que da trabajo, exigen servicios constantes a diario, desde la alimentación y el alojamiento hasta las actividades recreativas y el transporte. Muchos sectores no relacionados con el petróleo y el gas están experimentando un importante crecimiento derivado.

A ello se suma el que muchas empresas hayan podido diversificar y exportar sus productos y servicios a nivel internacional gracias a la experiencia de trabajo adquirida. De la misma forma el del petróleo y el gas es un sector muy exigente que ha contribuido al desarrollo de una mano de obra altamente cualificada. Esto ha permitido que empresas y profesionales de Terranova estén en estos momentos en todo el mundo desarrollando proyectos y contribuyendo a la economía canadiense. También es inevitable que la actividad de los yacimientos de petróleo en alta mar haya conducido a un importante crecimiento en el sector de I+D de la provincia y ayudado a posicionar a Terranova y Labrador como centro de excelencia en áreas como la ingeniería oceanográfica y las ciencias marinas.

Pero Terranova también tiene poderosas razones para conservar la calidad ambiental de su mar. Cuenta con un efervescente sector pesquero, que exportó productos pesqueros en 2013 por valor de 660 millones de € más una pesca desembarcada de 462 millones de €. Tampoco Terranova puede poner en riesgo su sector turístico. En 2013, con 497.900 visitantes, la facturación turística fue de 365 millones de € (13,5 millones de € en turismo ballenero).



Llegado a este punto, quizá sea bueno contextualizar y comparar cifras. La siguiente tabla lo pretende:
  


Noruega
Canadá
Terranova
España
Canarias
PIB (millones de €)
399.112
1.472.315
22.439
1.049.181
40.343
PIB per cápita (€)
77.239
41.814
49.320
24.300
19.806
Paro (%)
3
6,5
11,9
24,4
33,4
Producción (millones €)






Hidrocarburos
87.840
115.000
6.500
682
0

Pesca
1.400
4.000
1.122
1.693
18,8

Acuicultura
5.082
464
92
359
28

Turismo
4.000
12.200
365
115.000
6.000

Turismo Ballenero
3
150
13,5
21
12



¿Con estos ejemplos podemos decir que la industria del petróleo es ambientalmente aceptable? Pues tampoco. Lo que podemos decir es que la industria del petróleo, como otras tantas actividades humanas, es tan mala para el medio ambiente como los gobiernos corruptos de sociedades atrasadas le permitan, o tan buena como los gobiernos democráticos de sociedades avanzadas le exijan.

Las empresas petroleras llevan demasiado tiempo aprovechándose de las deficiencias del sistema de regulación existente en países en vías de desarrollo. No toman suficientes medidas para prevenir los daños medioambientales y no abordan adecuadamente el impacto devastador que tienen sus malas prácticas. Pero es el sistema de regulación y la inacción de los gobiernos a la hora de exigir a las empresas que rindan cuentas la clave de todo el problema. Ni la técnica, ni el conocimiento, ni el capitalismo, ni el mercado, ni la mala suerte condicionan un escenario u otro, sólo son los gobiernos y las sociedades a las que representan los que establecen los marcos.

Afortunadamente Canarias forma parte de España y España de la Unión Europea, y precisamente por eso existe todo un cuerpo legal de protección ambiental que establece las garantías que si bien no eliminan el riesgo de potenciales accidentes, si lo reducen hasta umbrales insignificantes.

No albergo ninguna duda de que nuestros constructores de aeropuertos sin aviones, urbanizadores del litoral, recalificadores de paisajes, apellídense Soria o Rivero, si tuvieran las manos libres, serían capaces de vender nuestro medio ambiente al precio que lo vende Obiang, pero no las tienen. En la Europa de 2014 no se pueden cometer locuras ambientales, o al menos es muy difícil hacerlo. Cosa distinta es que pensemos que nuestros umbrales de exigencia y capacidad de control de las garantías establecidas en las declaraciones de impacto ambiental se acerquen más a los guineanos que a los noruegos, pero no es así. De un marco legal protector, una sociedad vigilante y empresas con conciencia de su responsabilidad social corporativa que se juegan mucho más que dinero, no puede resultar una actividad incompatible con la seguridad medioambiental, y la explotación y producción de petróleo en el mar de Canarias no lo es por muchas pancartas, montajes fotográficos, tuits, asaltos de Greenpeace y referéndums ilegales se convoquen.



Canadienses y noruegos no ponen inconscientemente en riesgo sus recursos ambientales, de los que dependen tanto o más que los canarios y el resto de los españoles. De hecho el nivel de seguridad exigible a las instalaciones de exploración y  producción offshore de hidrocarburos es el que la industria desarrollada en estos países ha mostrado técnicamente posible.

En España los Hidrocarburos representan el 64,2 % de la energía primaria consumida y a pesar de su importancia, sólo producimos un 0,2% de lo que consumimos, debiendo importar más del 99,8%. El déficit de la balanza comercial energética en España es de 45.000 millones de € anuales, lo que supone casi el 4% del PIB nacional. Algunos estudios muestran que los recursos potenciales de gas (convencional y no convencional) en España son de 2.500 BCM (lo equivalente a 70 años de consumo en España) y los recursos potenciales de petróleo son de 2.000 MMBO (lo equivalente al 20% del consumo total de petróleo en España durante 20 años). Esto implicaría un impacto máximo superior al 4% del PIB, 250.000 empleos y una contribución a la balanza comercial próxima a los 40.000 millones de €.

¿Podemos renunciar a este potencial por razones ecorreligiosas, obviando la técnica, la ciencia y la capacidad demostrada de hacer las cosas bien cuando se exige y se controla que se hagan bien?

¿Y qué significa hacerlo bien?

Hacerlo bien es identificar todos los potenciales impactos y adoptar las medidas preventivas y correctoras necesarias para evitarlos. Los impactos de la actividad de exploración y producción de petróleo en el mar más importantes son los siguientes:

●     Derrame accidental de combustible.
La posibilidad de un derrame de combustible importante se restringe a la rotura de los depósitos de combustible de la plataforma, derivada de un accidente grave que afectase a su integridad (como podría ser la colisión de una embarcación contra la plataforma y/o un blow out). La probabilidad de ocurrencia de un accidente de estas características es muy baja. Para poder evaluar las consecuencias de un derrame accidental, se realizan dos tipos de modelizaciones: estocástica (probabilística) y determinística (condiciones aparentemente más desfavorables). En el caso del Proyecto de Canarias se han abordado estas modelizaciones, e identificado los impactos sobre la calidad del agua, la fauna marina, particularmente los cetáceos, tortugas y aves, así como sobre la pesca, la costa y sus usos y actividades económicas y sobre los espacios protegidos cercanos. Y se ha llegado a la conclusión de que son tan bajos que pueden ser asumidos.

●     Generación de ripios y la utilización de lodos de perforación.
Los ripios y lodos de las fases de perforación pueden estar contaminados o no contaminados. El vertido al mar de los no contaminados incrementará la turbidez del agua, modificará el hábitat de las comunidades bentónicas presentes y podrá provocar su enterramiento aunque el efecto es temporal y reducido debido al volumen limitado y a que la descarga se realiza directamente en el fondo, por lo que la dispersión suele ser reducida. El impacto de la deposición de los ripios sobre la fauna bentónica y su grado de supervivencia depende de su capacidad de migrar verticalmente hacia la superficie y del grado de tolerancia a la modificación de la granulometría del sustrato. Las poblaciones bentónicas presentes en la zona, a centenares de metros de profundidad,  no se verán afectadas significativamente debido a su capacidad de recolonización y regeneración, a la reducida superficie de afección y a la ausencia de especies protegidas. Los ripios y lodos agotados de las fases contaminadas no se vierten al mar, se han de separar en la plataforma y transportar a tierra para que sean gestionados por gestores autorizados.



●     Impactos sobre los cetáceos, tortugas marinas y aves.
Las principales afecciones sobre los cetáceos y tortugas marinas son los efectos causados por la contaminación acústica y el impacto de un potencial derrame de combustible en la situación de emergencia más desfavorable, ya comentado. Para la evaluación del impacto acústico de la perforación sobre la fauna marina (cetáceos, tortugas marinas, pinnípedos y peces) se debe haber abordado un estudio específico de modelización de la dispersión subacuática del ruido siguiendo las directrices de Documento Nacional de Referencia «Impactos y Mitigación de la Contaminación Acústica Marina» Las fuentes de ruido son la embarcación de apoyo, el helicóptero y las operaciones de perforación, y ninguna de ellas produce niveles que pudieran dar lugar impactos significativos.

●     Impacto por blowout.
Un blowout petrolífero o reventón petrolífero, es petróleo crudo o gas que sale de un pozo a la superficie a gran presión porque no se compensó bien la presión en el orificio del pozo. La probabilidad de ocurrencia de un blowout es muy baja, siendo según Patin (1999) de 1 × 10-4 y según el tratamiento estadístico de los datos del Mineral Management Service de EEUU para el periodo 1960-2006, de 6,9 × 10-5. En todo caso se debe señalar que en caso de ocurrencia el gas (en su mayor parte compuesto por metano) ascendería en la columna de agua hasta la superficie donde se dispersaría en la atmósfera. Debido a la baja solubilidad del metano en agua salina, no es de esperar un impacto significativo sobre la composición química del agua ni sobre la fauna. La probabilidad de blow-out catastrófico (o no controlable), que es la que produciría contaminación del agua con metano, es bastante más pequeña (del orden de 10-4) que la del blow-out controlable (del orden de 5·10-3).

●     Impacto por generación y vertido de aguas residuales.
La descarga al mar de aguas residuales tratadas desde la plataforma de perforación y las embarcaciones de apoyo podría alterar la calidad del agua marina, afectando indirectamente a las especies marinas. Los procesos que pueden dar lugar a aguas residuales son varios: sanitarias, de cubierta, de sentina, salmueras, de refrigeración, de pruebas de producción y mezclas de agua con lodos. En todo caso deben ser tratadas y gestionadas conforme a la normativa.

Es necesario erradicar la idea de que las situaciones accidentales son consustanciales a esta actividad ya que los accidentes son evitables mediante la adopción de las medidas adecuadas y la gravedad de las consecuencias de potenciales accidentes puede ser minimizada mediante la adopción de mecanismos de respuesta adecuados. De hecho la perforación en alta mar tiene un umbral de seguridad del 99,999 % según la EIA (United States Energy Information Administration), siendo mucho mayor la cantidad de hidrocarburos que llega al mar a partir de fuentes naturales y los residuos urbanos e industriales que la que lo hace por perforaciones offshore.

En definitiva, el riesgo cero no existe. No existe en ninguna actividad humana, pero si es posible hacer las cosas de tal manera que se reduzca a niveles aceptables. Aceptables para una población racional, que esté dispuesta a conocer, a enfrentarse al análisis desde el rigor, a asumir su responsabilidad como ciudadano consumidor, una sociedad que no se deje llevar por los miedos, las proclamas, los territorios comunes, por políticos populistas y sobre todo una sociedad que no caiga en la incoherencia de rechazar la explotación de un recurso propio en condiciones de seguridad mientras no hace nada por evitar consumir ese recurso comprado a terceros que lo producen en condiciones de inseguridad ambiental cuando no de auténtico impacto severo sobre los ecosistemas y las poblaciones en países donde la falta de democracia no permite proteger ni a unos ni a otras.





lunes, 1 de abril de 2013

ANDALUCÍA: UN AÑO POR LA IZQUIERDA

Ya ha pasado un año desde que se celebraran las elecciones en Andalucía y Asturias. Tiempo suficiente para analizar las políticas, los logros y los fracasos de dos gobiernos, uno formado por el bloque PSOE-IU y otro por la FSA (nombre asturiano del travestismo socialista), en solitario pero con el consentimiento vigilante de IU e UPyD.

Tras la formalización de los acuerdos que dieron forma a ambos pactos escribí este artículo (http://ciudresp.blogspot.com.es/2012/06/dos-pactos.html). En él preveía, a la luz de las declaraciones de intenciones que en ellos se reflejaban, lo que cabía esperar desde un escepticismo militante. Ahora estamos en disposición de analizar los hechos y comparar los resultados que para la ciudadanía han tenido y el papel que ha jugado IU en Andalucía con doce diputados y UPyD en Asturias con uno.

La primera diferencia es que IU en Andalucía forma parte del gobierno, lo que se traduce en una vicepresidencia y tres consejerías, 16 delegados provinciales (hay que reconocer que han renunciado a 8), 6 secretarías generales, 9 direcciones generales, así como un número indeterminado de gerentes de empresas públicas, cargos de confianza y asesores que nunca sabremos porque la transparencia en Andalucía quedó en papel mojado (animo a los crédulos a que entren en la web institucional e intenten enterarse). En total (PSOE e IU), mantienen a 159 altos cargos dentro de la administración pública, que nos cuestan en torno a los 18 millones de euros al año en sueldos. En estos momentos se encuentra en desarrollo la muy pregonada Ley de Transparencia de Andalucía, anunciada a bombo y platillo en un alarde propagandístico que choca con una realidad intratable: las medidas de transparencia que la Junta debe adoptar no requieren ningún nuevo marco legal, ningún desarrollo tecnológico, ningún gestor de información que requiera medios especiales ni un plazo mayor. Sólo la falta de voluntad política impide que los ciudadanos andaluces no tengan ya a un click de ratón toda la información pública de la Administación andaluza (informes, sueldos, contrataciones, dietas, kilometraje, gastos...), tanto de los órganos institucionales como de empresas públicas.

En cuanto a quienes son muchos de esos nombres, el comunismo andaluz, al más puro estilo norcoreano o cubano, ha sabido “confiar a la familia” parte de esa responsabilidad. Sólo un botón de muestra: Amanda Meyer Hidalgo, secretaria general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura de la Consejería de Fomento y Vivienda e hija del eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer o Enrique Centella Gómez, director de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales y hermano del portavoz parlamentario de IU en el Congreso y a su vez secretario general de PCE, José Luis Centella.

UPyD en Asturias no forma parte del gobierno, y sólo tiene adscritos el personal de apoyo para la actividad parlamentaria que le corresponde (http://weblogs.upyd.es/asturias/2012/07/28/quienes-somos-diputado-y-equipo-parlamentario/), habiendo propiciado la reducción en 500.000 € de los gastos asociados a la actividad de los grupos parlamentarios (http://weblogs.upyd.es/asturias/2012/05/07/la-junta-general-acuerda-reducir-su-presupuesto-en-mas-de-500-000-euros/).

En cuanto a la tasa de desempleo, la mayor preocupación de los ciudadanos, la EPA del cuarto trimestre de 2012 reflejaba para Andalucía un incremento del mismo con respecto al primer trimestre de 2012 de 2,69 puntos porcentuales, alcanzando el 35,86%, mientras que Asturias subía un 3,37%, quedando en el 23,76%. No parece que las políticas de empleo de la Junta hayan dado resultados significativamente mejores a los del resto de España, más bien al contrario, Andalucía sigue siendo líder destacado en paro, pese a que el ejecutivo andaluz se ha empeñado en mantener los 26.000 empleos de la administración paralela andaluza, a muchos de los cuales tiene cruzados de brazos, mirando los desconchones de las paredes. Tampoco parece que hayan dado mucho resultado los 176 millones de euros con los que días antes de las elecciones la Junta regó a los sindicatos para cursos de formación y cooperación (http://www.abcdesevilla.es/20120517/andalucia/sevi-junta-repartio-subvenciones-millones-201205162333.html).

El bipartito andaluz se defiende asegurando, como recientemente ha declarado la Secretaria de Política Social e Inmigración del PSOE de Andalucía, Miriam Alconchel, que "ha servido como muro de contención ante los recortes y ajustes sanitarios y sociales de la derecha". Al margen de servir para dar titulares a su prensa concertada, no hay ningún hecho sustancial que diferencie las políticas y los recortes que en materias sociales, sanidad, educación, dependencia, o en I+D, la Junta ha decidido aplicar frente a cómo lo han hecho otras comunidades autónomas.

Estas manifestaciones nos obligan a repasar los presupuestos de la Junta de Andalucia para el año 2013, comparando las cifras destinadas a sanidad con el año anterior al advenimiento de la Verdadera Izquierda. La comparación es incontestable: el presupuesto destinado al Servicio Andaluz de Salud es un 9,37% menor (778 millones), a los que se une el recorte sobre los presupuestos de las cinco empresas públicas sanitarias que supera el 11% (51 millones menos). Evidentemente no lo han hecho por gusto, sino por la sencilla razón de que no hay dinero, pero lo que no pueden seguir haciendo es darse golpes de pecho asegurando que en Andalucía no se han producido recortes en sanidad. Claro que se han producido, de forma más sibilina, menos mediática que en Castilla La Mancha o Castilla León, y desde luego sin tomar las medidas liberalizadoras de Madrid, contra las que UPyD se ha opuesto y que incluso ha recurrido al Tribunal Constitucional, pero es un hecho que la salud de los andaluces está peor atendida que hace un año, mientras la estructura política, administrativa y clientelar de la Junta no se ha visto afectada un ápice.

Mención aparte merece la educación. Han sido 4.502 puestos de docentes los perdidos en la enseñanza pública andaluza al restringirse la convocatoria de oposiciones por los ajustes presupuestarios en los dos últimos años. El dato es tan rotundo, que pocas explicaciones merece.

Otro mantra que repiten los fieles de la cofradía de la hoz y el martillo es que las políticas implementadas por la Consejería de Vivienda que dirigen ha permitido que los desahucios en Andalucía se hayan visto paliados. Al margen de que no podemos dudar de la enorme solidaridad de doña Elena Cortés (la boicoteadora de la Semana Santa cordobesa), con los afectados por este drama, lo cierto es que no se ha materializado en una sola medida efectiva contra estas situaciones, fundamentalmente porque su margen de maniobra es nulo. La autonomía en la que más desalojos se produjeron en los nueve primeros meses del año 2012 fue la Comunidad Valenciana, con un incremento del 23,2% sobre 2011, seguida de Andalucía con un 36,7% más. Y es que desgraciadamente la realidad es la que es y no admite adornos, por mucho que se lancen consignas y titulares, o que se viva en la esquizofrenia permanente de ocupar despachos y responsabilidades institucionales y a la vez se aproveche la más mínima ocasión para acudir con chófer y coche oficial a la manifestación de turno a gritar contra el gobierno del PP y recordar viejos tiempos.

Y hablando de viejos tiempos, recordemos algunas declaraciones: “La gestión socialista ha llevado a Andalucía a una recesión avanzada y por encima de la que ya está reconocida en España, así como unas cifras de paro, que hacen que la comunidad lidere las estadísticas. No ha existido capacidad de aguantar la sangría de desempleados y dramas. En la comunidad andaluza existe una quiebra clara del modelo social y modelo laboral en un retroceso claro del modelo económico. El PSOE y el PP son "cómplices", pues los partidos que recortan están llevando a Andalucía a esta situación y Griñán es cómplice de Zapatero, por lo que no se puede pasar página como si no hubiera pasado nada". Esto lo decía Valderas el 29 de diciembre de 2011 para hacer balance del año. Evidentemente podría haber dicho exactamente lo mismo el 29 de diciembre de 2012, pero no lo hizo. Misteriosamente algo debe haber cambiado en su percepción de la realidad.

Pero quizá donde el papel de IU ha sido más bochornoso durante este año es en todo aquello que tiene que ver con lo que han sido sus señas de identidad, sus demandas históricas, aquello que nos permitía tener una ligera esperanza de cambio a los ilusos: la lucha contra la corrupción, por la transparencia y la regeneración democrática.

Uno no puede evitar acordarse de aquella IU de 1994, la de Luis Carlos Rejón, la de la pinza, la que obligó a un Chaves con mayoría simple a tomar decisiones impensables en los cánones socialistas: exigir que el nombramiento de los órganos de extracción parlamentaria, director y consejo de RTVA, Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo, juntas rectoras de parques naturales, se estableciera por consenso y a partir de la correlación de fuerzas parlamentarias, o a promover un cambio de la Ley electoral andaluza o establecer que la presidencia del Parlamento nunca recayera en el mismo partido que ostentara el gobierno regional (http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1994/06/29/085.html). Nunca estuvo Andalucía más cerca de un intento, aunque tímido, de mejora de la calidad democrática.

Esa historia a la que IU parece que ha renunciado a la luz de situaciones como la actual, en la que es el propio Valderas el que defiende la vuelta al nombramiento del director de RTVA por el Consejo de Gobierno (http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2013/03/14/iu-quiere-cambiar-la-ley-para-volver-a-nombrar-a-dedo-al-director-de-la-rtva-116857/), debería producir el sonrojo de los militantes históricos de la formación. Es cierto que de aquella experiencia salieron con una pérdida sustancial de votos, pero de ésta van a salir con una pérdida sustancial de dignidad, y está por ver lo de los votos.

La fallida comisión de los ERE es quizá el mayor esperpento protagonizado por este gobierno hasta la fecha. Volviendo a la hemeroteca, las palabras de Valderas en enero de 2012, deberían repicar como martillos de fragua en su conciencia: “El Gobierno andaluz tiene responsabilidad por acción u omisión. Si ha habido gente del Gobierno más allá de Guerrero directamente implicada desde la responsabilidad política es muy grave. El hecho de no haber actuado, el haber sido complaciente con que alguien meta la mano con tal descaro en los fondos públicos y robe, establece una cierta responsabilidad en un gobierno que tenía que haber velado por unos fondos de empleo y no lo ha hecho. Las declaraciones de Guerrero ensucian aún más el escándalo de corrupción de los ERE irregulares y vuelven a evidenciar que en Andalucía, en los últimos años, ha habido una administración sin un control adecuado de los fondos públicos y despreocupada del buen uso de estos fondos".



Bien, pues de estas palabras grandilocuentes de un demócrata convencido, hemos pasado a una Comisión en la que pese a tener junto al PP la oportunidad de llegar a conclusiones y determinación de responsabilidades políticas, a la única conclusión a la que los andaluces hemos llegado es a que una tarde de trabajo de la juez Alaya cunde más y permite arrojar más luz sobre los hechos que dos meses de comparecencias dirigidas por esta caterva de pasteleros. Ninguna responsabilidad política, ninguna recomendación para que lo que ha ocurrido no vuelva a ocurrir. Ni el reforzamiento de la independencia y el papel de la Cámara de Cuentas o los Interventores, conclusión que debería parecer cantada al común de los mortales, han sido capaces de tomarla.

Desde luego esto sí que contrasta con el desarrollo de la comisión por el caso Marea, que ha tenido lugar en Asturias presidida por el diputado de UPyD Ignacio Prendes. A falta del informe final cuya ponencia será responsabilidad del miembro de UPyD, hay una serie de hechos constatables:
  • La FSA (PSOE), se vio obligada a aceptar la comisión de investigación ante la «insostenible» situación creada por la oposición. Fue el 29 de noviembre de 2001 cuando terminó la última comisión de investigación vivida en el parlamento asturiano hasta que el empecinamiento de UPyD y su imprescindible voto para acceder al Gobierno obligaron a retomar el formato.
  • A la comisión del ‘caso Marea’ se le atribuye una ambición interrogatoria sin igual en las ocho que le han precedido en la Junta General. Tampoco se conocen en todo el país investigaciones que arranquen con una lista de 59 comparecientes. La del 11-M nació con 14 nombres y terminó en 57. La de los ERE de Andalucía se contentó con 23 políticos, empresarios y funcionarios. La asturiana, tras varias altas y bajas, ha acabado con 61.
  • Hay consenso en que el documento definitivo fijará quiénes son los responsables políticos -por acción u omisión- de la presunta trama de corrupción. Con un grupo socialista dispuesto a pasar página al ‘caso Marea’, la oposición ve oportuno que la lista indique «con nombres y apellidos» esta responsabilidad.
  • El grueso del documento de conclusiones, lo constituirá una batería de propuestas para mejorar los controles en la contratación pública: contratos menores, fraccionamiento, procesos de homologación, negociado sin publicidad, remanentes de tesorería y facturas falsas, facturas falsas y contratos de personal, sindicatura, intervención general, inspección de servicios, transparencia, registro de intereses, código ético, organigrama…



Y no quisiera acabar este análisis sin hacer referencia a otra ignominia perpetrada por IU en Andalucía, y que en boca de Valderas a la pregunta de la concejala de UPyD en Granada, Mayte Olalla, se manifestó en toda su plenitud: “No es el momento de reformar la ley electoral. No es importante para la ciudadanía”. (http://weblogs.upyd.es/granada/2012/07/04/upyd-en-andalucia-lamenta-que-la-junta-incumpla-la-reforma-de-la-ley-electoral-para-garantizar-la-igualdad-del-voto-de-todos-los-ciudadanos/).

En Asturias la Comisión para la Reforma de la Ley Electoral, que formaba parte del acuerdo al que llegó UPyD con FSA, ha comenzado sus trabajos en marzo, con el firme propósito y la seguridad de que fruto de ella se contará con una nueva ley electoral asturiana, más justa y proporcional, antes de finalizar este año. (http://weblogs.upyd.es/asturias/2013/03/07/la-comision-para-la-reforma-de-la-ley-electoral-asturiana-impulsada-por-upyd-contara-con-once-expertos/).

No será el único logro. La transparencia ya ha alcanzado cotas impensables hasta ahora en Asturias. El Gobierno asturiano y el Parlamento regional son los primeros de todo el país que hacen públicos sus ingresos y kilometraje de los diputados autonómicos. (http://www.lne.es/asturias/2013/03/23/diputados-regionales-facturan-millon-kilometros-ano/1386861.html). Como es evidente, esto ha ocurrido en Asturias y no en Murcia, Galicia o Andalucía, no por casualidad. Es el efecto UPyD.

A IU le quedan 3 años (aunque es muy probable que algo menos), para intentar que su paso por el gobierno andaluz esté a la altura de la enorme oportunidad que le dieron los andaluces en marzo de 2012. Tiene la ocasión de oro para acabar con ese rodillo que denunciaron durante décadas. Puede aprovechar su poder para forzar una ley electoral proporcional y justa que mejore la representatividad de la voluntad ciudadana. Puede introducir transparencia y democracia en el santuario socialista. Puede levantar las alfombras, al menos de las consejerías y empresas públicas que controla y hacer limpieza. ¿Cuántos expedientes, cuantos contratos menores, cuantas adjudicaciones directas, cuántos negociados sin publicidad, cuántas contrataciones de personal, cuántas liquidaciones de gastos tiene a su disposición en los archivos…?


Si quiere, puede, pero mucho me temo que ni quiere ni querrá, que tendremos que esperar a la próxima legislatura, cuando UPyD condicione la política andaluza para hacer el trabajo que IU no está queriendo hacer ahora. Y que nadie piense que es revanchismo u obsesión, se trata del convencimiento de que ninguna recuperación económica, ningún futuro es posible sin la regeneración democrática y la racionalización de lo público, y si en alguna región esta necesidad adquiere carácter de urgente es en Andalucía, por donde desde 1978 hasta hoy han pasado 6 presidentes y un solo partido.