ANDALUCÍA: UN AÑO POR LA IZQUIERDA

Ya ha pasado un año desde que se celebraran las elecciones en Andalucía y Asturias. Tiempo suficiente para analizar las políticas, los logros y los fracasos de dos gobiernos, uno formado por el bloque PSOE-IU y otro por la FSA (nombre asturiano del travestismo socialista), en solitario pero con el consentimiento vigilante de IU e UPyD.

Tras la formalización de los acuerdos que dieron forma a ambos pactos escribí este artículo (http://ciudresp.blogspot.com.es/2012/06/dos-pactos.html). En él preveía, a la luz de las declaraciones de intenciones que en ellos se reflejaban, lo que cabía esperar desde un escepticismo militante. Ahora estamos en disposición de analizar los hechos y comparar los resultados que para la ciudadanía han tenido y el papel que ha jugado IU en Andalucía con doce diputados y UPyD en Asturias con uno.

La primera diferencia es que IU en Andalucía forma parte del gobierno, lo que se traduce en una vicepresidencia y tres consejerías, 16 delegados provinciales (hay que reconocer que han renunciado a 8), 6 secretarías generales, 9 direcciones generales, así como un número indeterminado de gerentes de empresas públicas, cargos de confianza y asesores que nunca sabremos porque la transparencia en Andalucía quedó en papel mojado (animo a los crédulos a que entren en la web institucional e intenten enterarse). En total (PSOE e IU), mantienen a 159 altos cargos dentro de la administración pública, que nos cuestan en torno a los 18 millones de euros al año en sueldos. En estos momentos se encuentra en desarrollo la muy pregonada Ley de Transparencia de Andalucía, anunciada a bombo y platillo en un alarde propagandístico que choca con una realidad intratable: las medidas de transparencia que la Junta debe adoptar no requieren ningún nuevo marco legal, ningún desarrollo tecnológico, ningún gestor de información que requiera medios especiales ni un plazo mayor. Sólo la falta de voluntad política impide que los ciudadanos andaluces no tengan ya a un click de ratón toda la información pública de la Administación andaluza (informes, sueldos, contrataciones, dietas, kilometraje, gastos...), tanto de los órganos institucionales como de empresas públicas.

En cuanto a quienes son muchos de esos nombres, el comunismo andaluz, al más puro estilo norcoreano o cubano, ha sabido “confiar a la familia” parte de esa responsabilidad. Sólo un botón de muestra: Amanda Meyer Hidalgo, secretaria general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura de la Consejería de Fomento y Vivienda e hija del eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer o Enrique Centella Gómez, director de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales y hermano del portavoz parlamentario de IU en el Congreso y a su vez secretario general de PCE, José Luis Centella.

UPyD en Asturias no forma parte del gobierno, y sólo tiene adscritos el personal de apoyo para la actividad parlamentaria que le corresponde (http://weblogs.upyd.es/asturias/2012/07/28/quienes-somos-diputado-y-equipo-parlamentario/), habiendo propiciado la reducción en 500.000 € de los gastos asociados a la actividad de los grupos parlamentarios (http://weblogs.upyd.es/asturias/2012/05/07/la-junta-general-acuerda-reducir-su-presupuesto-en-mas-de-500-000-euros/).

En cuanto a la tasa de desempleo, la mayor preocupación de los ciudadanos, la EPA del cuarto trimestre de 2012 reflejaba para Andalucía un incremento del mismo con respecto al primer trimestre de 2012 de 2,69 puntos porcentuales, alcanzando el 35,86%, mientras que Asturias subía un 3,37%, quedando en el 23,76%. No parece que las políticas de empleo de la Junta hayan dado resultados significativamente mejores a los del resto de España, más bien al contrario, Andalucía sigue siendo líder destacado en paro, pese a que el ejecutivo andaluz se ha empeñado en mantener los 26.000 empleos de la administración paralela andaluza, a muchos de los cuales tiene cruzados de brazos, mirando los desconchones de las paredes. Tampoco parece que hayan dado mucho resultado los 176 millones de euros con los que días antes de las elecciones la Junta regó a los sindicatos para cursos de formación y cooperación (http://www.abcdesevilla.es/20120517/andalucia/sevi-junta-repartio-subvenciones-millones-201205162333.html).

El bipartito andaluz se defiende asegurando, como recientemente ha declarado la Secretaria de Política Social e Inmigración del PSOE de Andalucía, Miriam Alconchel, que "ha servido como muro de contención ante los recortes y ajustes sanitarios y sociales de la derecha". Al margen de servir para dar titulares a su prensa concertada, no hay ningún hecho sustancial que diferencie las políticas y los recortes que en materias sociales, sanidad, educación, dependencia, o en I+D, la Junta ha decidido aplicar frente a cómo lo han hecho otras comunidades autónomas.

Estas manifestaciones nos obligan a repasar los presupuestos de la Junta de Andalucia para el año 2013, comparando las cifras destinadas a sanidad con el año anterior al advenimiento de la Verdadera Izquierda. La comparación es incontestable: el presupuesto destinado al Servicio Andaluz de Salud es un 9,37% menor (778 millones), a los que se une el recorte sobre los presupuestos de las cinco empresas públicas sanitarias que supera el 11% (51 millones menos). Evidentemente no lo han hecho por gusto, sino por la sencilla razón de que no hay dinero, pero lo que no pueden seguir haciendo es darse golpes de pecho asegurando que en Andalucía no se han producido recortes en sanidad. Claro que se han producido, de forma más sibilina, menos mediática que en Castilla La Mancha o Castilla León, y desde luego sin tomar las medidas liberalizadoras de Madrid, contra las que UPyD se ha opuesto y que incluso ha recurrido al Tribunal Constitucional, pero es un hecho que la salud de los andaluces está peor atendida que hace un año, mientras la estructura política, administrativa y clientelar de la Junta no se ha visto afectada un ápice.

Mención aparte merece la educación. Han sido 4.502 puestos de docentes los perdidos en la enseñanza pública andaluza al restringirse la convocatoria de oposiciones por los ajustes presupuestarios en los dos últimos años. El dato es tan rotundo, que pocas explicaciones merece.

Otro mantra que repiten los fieles de la cofradía de la hoz y el martillo es que las políticas implementadas por la Consejería de Vivienda que dirigen ha permitido que los desahucios en Andalucía se hayan visto paliados. Al margen de que no podemos dudar de la enorme solidaridad de doña Elena Cortés (la boicoteadora de la Semana Santa cordobesa), con los afectados por este drama, lo cierto es que no se ha materializado en una sola medida efectiva contra estas situaciones, fundamentalmente porque su margen de maniobra es nulo. La autonomía en la que más desalojos se produjeron en los nueve primeros meses del año 2012 fue la Comunidad Valenciana, con un incremento del 23,2% sobre 2011, seguida de Andalucía con un 36,7% más. Y es que desgraciadamente la realidad es la que es y no admite adornos, por mucho que se lancen consignas y titulares, o que se viva en la esquizofrenia permanente de ocupar despachos y responsabilidades institucionales y a la vez se aproveche la más mínima ocasión para acudir con chófer y coche oficial a la manifestación de turno a gritar contra el gobierno del PP y recordar viejos tiempos.

Y hablando de viejos tiempos, recordemos algunas declaraciones: “La gestión socialista ha llevado a Andalucía a una recesión avanzada y por encima de la que ya está reconocida en España, así como unas cifras de paro, que hacen que la comunidad lidere las estadísticas. No ha existido capacidad de aguantar la sangría de desempleados y dramas. En la comunidad andaluza existe una quiebra clara del modelo social y modelo laboral en un retroceso claro del modelo económico. El PSOE y el PP son "cómplices", pues los partidos que recortan están llevando a Andalucía a esta situación y Griñán es cómplice de Zapatero, por lo que no se puede pasar página como si no hubiera pasado nada". Esto lo decía Valderas el 29 de diciembre de 2011 para hacer balance del año. Evidentemente podría haber dicho exactamente lo mismo el 29 de diciembre de 2012, pero no lo hizo. Misteriosamente algo debe haber cambiado en su percepción de la realidad.

Pero quizá donde el papel de IU ha sido más bochornoso durante este año es en todo aquello que tiene que ver con lo que han sido sus señas de identidad, sus demandas históricas, aquello que nos permitía tener una ligera esperanza de cambio a los ilusos: la lucha contra la corrupción, por la transparencia y la regeneración democrática.

Uno no puede evitar acordarse de aquella IU de 1994, la de Luis Carlos Rejón, la de la pinza, la que obligó a un Chaves con mayoría simple a tomar decisiones impensables en los cánones socialistas: exigir que el nombramiento de los órganos de extracción parlamentaria, director y consejo de RTVA, Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo, juntas rectoras de parques naturales, se estableciera por consenso y a partir de la correlación de fuerzas parlamentarias, o a promover un cambio de la Ley electoral andaluza o establecer que la presidencia del Parlamento nunca recayera en el mismo partido que ostentara el gobierno regional (http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1994/06/29/085.html). Nunca estuvo Andalucía más cerca de un intento, aunque tímido, de mejora de la calidad democrática.

Esa historia a la que IU parece que ha renunciado a la luz de situaciones como la actual, en la que es el propio Valderas el que defiende la vuelta al nombramiento del director de RTVA por el Consejo de Gobierno (http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2013/03/14/iu-quiere-cambiar-la-ley-para-volver-a-nombrar-a-dedo-al-director-de-la-rtva-116857/), debería producir el sonrojo de los militantes históricos de la formación. Es cierto que de aquella experiencia salieron con una pérdida sustancial de votos, pero de ésta van a salir con una pérdida sustancial de dignidad, y está por ver lo de los votos.

La fallida comisión de los ERE es quizá el mayor esperpento protagonizado por este gobierno hasta la fecha. Volviendo a la hemeroteca, las palabras de Valderas en enero de 2012, deberían repicar como martillos de fragua en su conciencia: “El Gobierno andaluz tiene responsabilidad por acción u omisión. Si ha habido gente del Gobierno más allá de Guerrero directamente implicada desde la responsabilidad política es muy grave. El hecho de no haber actuado, el haber sido complaciente con que alguien meta la mano con tal descaro en los fondos públicos y robe, establece una cierta responsabilidad en un gobierno que tenía que haber velado por unos fondos de empleo y no lo ha hecho. Las declaraciones de Guerrero ensucian aún más el escándalo de corrupción de los ERE irregulares y vuelven a evidenciar que en Andalucía, en los últimos años, ha habido una administración sin un control adecuado de los fondos públicos y despreocupada del buen uso de estos fondos".

Bien, pues de estas palabras grandilocuentes de un demócrata convencido, hemos pasado a una Comisión en la que pese a tener junto al PP la oportunidad de llegar a conclusiones y determinación de responsabilidades políticas, a la única conclusión a la que los andaluces hemos llegado es a que una tarde de trabajo de la juez Alaya cunde más y permite arrojar más luz sobre los hechos que dos meses de comparecencias dirigidas por esta caterva de pasteleros. Ninguna responsabilidad política, ninguna recomendación para que lo que ha ocurrido no vuelva a ocurrir. Ni el reforzamiento de la independencia y el papel de la Cámara de Cuentas o los Interventores, conclusión que debería parecer cantada al común de los mortales, han sido capaces de tomarla.

Desde luego esto sí que contrasta con el desarrollo de la comisión por el caso Marea, que ha tenido lugar en Asturias presidida por el diputado de UPyD Ignacio Prendes. A falta del informe final cuya ponencia será responsabilidad del miembro de UPyD, hay una serie de hechos constatables:

• La FSA (PSOE), se vio obligada a aceptar la comisión de investigación ante la «insostenible» situación creada por la oposición. Fue el 29 de noviembre de 2001 cuando terminó la última comisión de investigación vivida en el parlamento asturiano hasta que el empecinamiento de UPyD y su imprescindible voto para acceder al Gobierno obligaron a retomar el formato.
• A la comisión del ‘caso Marea’ se le atribuye una ambición interrogatoria sin igual en las ocho que le han precedido en la Junta General. Tampoco se conocen en todo el país investigaciones que arranquen con una lista de 59 comparecientes. La del 11-M nació con 14 nombres y terminó en 57. La de los ERE de Andalucía se contentó con 23 políticos, empresarios y funcionarios. La asturiana, tras varias altas y bajas, ha acabado con 61.
• Hay consenso en que el documento definitivo fijará quiénes son los responsables políticos -por acción u omisión- de la presunta trama de corrupción. Con un grupo socialista dispuesto a pasar página al ‘caso Marea’, la oposición ve oportuno que la lista indique «con nombres y apellidos» esta responsabilidad.
• El grueso del documento de conclusiones, lo constituirá una batería de propuestas para mejorar los controles en la contratación pública: contratos menores, fraccionamiento, procesos de homologación, negociado sin publicidad, remanentes de tesorería y facturas falsas, facturas falsas y contratos de personal, sindicatura, intervención general, inspección de servicios, transparencia, registro de intereses, código ético, organigrama…

(Más información en este enlace: http://weblogs.upyd.es/asturias/2013/03/31/la-comision-del-caso-marea-exigira-al-principado-cambios-en-la-contratacion/)

Y no quisiera acabar este análisis sin hacer referencia a otra ignominia perpetrada por IU en Andalucía, y que en boca de Valderas a la pregunta de la concejala de UPyD en Granada, Mayte Olalla, se manifestó en toda su plenitud: “No es el momento de reformar la ley electoral. No es importante para la ciudadanía”. (http://weblogs.upyd.es/granada/2012/07/04/upyd-en-andalucia-lamenta-que-la-junta-incumpla-la-reforma-de-la-ley-electoral-para-garantizar-la-igualdad-del-voto-de-todos-los-ciudadanos/).

En Asturias la Comisión para la Reforma de la Ley Electoral, que formaba parte del acuerdo al que llegó UPyD con FSA, ha comenzado sus trabajos en marzo, con el firme propósito y la seguridad de que fruto de ella se contará con una nueva ley electoral asturiana, más justa y proporcional, antes de finalizar este año. (http://weblogs.upyd.es/asturias/2013/03/07/la-comision-para-la-reforma-de-la-ley-electoral-asturiana-impulsada-por-upyd-contara-con-once-expertos/).

No será el único logro. La transparencia ya ha alcanzado cotas impensables hasta ahora en Asturias. El Gobierno asturiano y el Parlamento regional son los primeros de todo el país que hacen públicos sus ingresos y kilometraje de los diputados autonómicos. (http://www.lne.es/asturias/2013/03/23/diputados-regionales-facturan-millon-kilometros-ano/1386861.html). Como es evidente, esto ha ocurrido en Asturias y no en Murcia, Galicia o Andalucía, no por casualidad. Es el efecto UPyD.

A IU le quedan 3 años (aunque es muy probable que algo menos), para intentar que su paso por el gobierno andaluz esté a la altura de la enorme oportunidad que le dieron los andaluces en marzo de 2012. Tiene la ocasión de oro para acabar con ese rodillo que denunciaron durante décadas. Puede aprovechar su poder para forzar una ley electoral proporcional y justa que mejore la representatividad de la voluntad ciudadana. Puede introducir transparencia y democracia en el santuario socialista. Puede levantar las alfombras, al menos de las consejerías y empresas públicas que controla y hacer limpieza. ¿Cuántos expedientes, cuantos contratos menores, cuantas adjudicaciones directas, cuántos negociados sin publicidad, cuántas contrataciones de personal, cuántas liquidaciones de gastos tiene a su disposición en los archivos…?

Si quiere, puede, pero mucho me temo que ni quiere ni querrá, que tendremos que esperar a la próxima legislatura, cuando UPyD condicione la política andaluza para hacer el trabajo que IU no está queriendo hacer ahora. Y que nadie piense que es revanchismo u obsesión, se trata del convencimiento de que ninguna recuperación económica, ningún futuro es posible sin la regeneración democrática y la racionalización de lo público, y si en alguna región esta necesidad adquiere carácter de urgente es en Andalucía, por donde desde 1978 hasta hoy han pasado 6 presidentes y un solo partido.

UN PAÍS LLAMADO TITANIC

Hay 5.639.500 personas sin empleo y 1.728.400 familias con todos sus miembros en paro. Muchas razones para el descontento social, pero parece que todavía no somos enteramente conscientes de la gravedad de la situación. La situación es dramática, aunque lo realmente alarmante es la actitud de los partidos políticos.

El Gobierno ha renunciado a hacer política. Se ha convertido en una mera correa de transmisión del mandato alemán y los manidos mercados. No es sólo un problema de comunicación como sus aplaudidores mediáticos intentan mostrar, que también. Es sobre todo un problema de discurso, de relato, de intención, espero que no de principios. El complejo consustancial del PP empieza a ser no un problema para ellos sino para todos. De ninguna otra forma se explica el silencio de Arenas ante el escenario de subdesarrollo que está dibujando la izquierda andaluza, ese acuerdo entre cleptócratas e iluminados; de ninguna otra forma se justifica la asunción por parte del Gobierno de la agenda de Eguiguren en la lucha contra ETA (lo de "lucha" por decir algo); de ninguna otra forma se explica su incapacidad para explicar a la sociedad la verdadera naturaleza del problema y ofrecer al resto de fuerzas políticas un gran pacto de Estado para salir de la situación. Incluso las medidas más impopulares pueden explicarse desde la transparencia. Desde la mala conciencia o la protección de sus intereses partidistas, todas las medidas parecen desesperadas, improvisadas. No quedan suficientes clavos ardiendo a los que éste gobierno pueda seguir agarrándose, no quedan más mentiras que contar. Los dos aciagos días de Acebes ya son anécdota frente a los más de 100 de Mariano. Como el capitán y los armadores del Titanic, están más preocupados de que no trascienda lo preocupados que están que de tomar las decisiones que deben tomar.

En esta situación, en la que el náufrago es el país entero, el PSOE quiere ver sólo al gobierno braceando en soledad, y con su habitual mezquindad partidista, con su ignominiosa insensatez, en vez de echar un cabo ha decidido incendiar la calle, aprovechar las circunstancias en beneficio propio. Como esas damas de primera clase del Titanic, que unos minutos antes del hundimiento seguían haciendo cola en la caja fuerte para recuperar sus joyas, siguen pensando en el rédito partidista, en el cuanto peor, mejor.

De la paleoizquierda de IU no podemos esperar otra cosa que lo que hacen: siguen en sus consignas, en sus revoluciones, en su ensoñación en nubes de humo de hachís. Ojalá las camisetas del Che, los lemas, la lucha de clases, las alegorías a los desheredados de la tierra sirvieran para algo más que para despertar las conciencias de veinteañeros bienintencionados y las lágrimas de abuelos nostálgicos, pero desgraciadamente no nos van a salvar. Como la orquesta del Titanic, siguen a lo suyo y seguirán hasta el final.

Los nacionalistas sí están centrados y tienen claro que a veces sólo es necesario esperar. En esta historia son los tiburones que rondan alrededor de la nave en la seguridad de que un bocado acabarán llevándose a la boca. Siempre les ha ido bien la paciencia frente la debilidad del Estado. Esta vez alguno incluso sueña con que los destrozos sean tan grandes que puedan llevar la situación a sus espurios intereses (ya están rotulando sus pancartas para las algaradas venideras “solos nos iría mejor”).

A los sindicatos y empresarios no les doy ningún papel. No representan a nadie más que a ellos mismos y por sus intereses están velando. No tienen el mandato de los votantes y se pueden permitir ese lujo. No seré yo el que le dé carta de naturaleza a unas asociaciones parásitas del sistema e incapaces de autofinanciarse con las cuotas de sus representados.

Desde UPyD sólo podemos gritar todo lo alto que nos dejan que hace falta sentido común, pensar en generaciones y no en elecciones, estar a la altura de lo que se espera de los representantes políticos de todos los españoles. Llevamos cuatro años y medio tomando por la solapa a PP y PSOE, siendo su mala conciencia, su pepito grillo, los demagogos que anuncian varios años antes lo que pasa, lo que va a pasar y lo que deben hacer.

Ya hemos dicho por activa y por pasiva que tenemos una crisis política de primera magnitud, de la que nuestro problema económico sólo es consecuencia. Ya hemos explicado que la solución es la reforma del Estado, la revisión de las duplicidades e ineficiencias, la erradicación de unas estructuras administrativas nacidas al servicio de los partidos y no de los ciudadanos. No nos alegra saber que lo que con nuestro tirar de solapas no hemos conseguido, lo conseguirá la realidad cogiendo por el cuello a ambos inconscientes. Llegaremos a la reforma estructural porque no queda otra, será por las malas: habrá gritos, calle, incendios, barricadas, heridos, pelotas de goma, contenedores, lágrimas y espero que nada más… Y UPyD seguirá ahí, diciendo lo que tiene que decir, intentando cambiar por agua la gasolina del PSOE, explicando y haciendo pedagogía como venimos haciendo desde el 29 de septiembre de 2007. Estamos alertando a todos y señalando dónde están los botes salvavidas. No queremos ni sabemos hacer otra cosa.

FUNCIONARIOS vs EMPLEADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS

En el sur de este país de trincheras y luchas fratricidas se ha abierto otra brecha, otro enfrentamiento entre dos colectivos, que no ha tardado en pervertirse por la manipulación política aunque no fuera el deseo de sus protagonistas, y ya han conseguido otra caricatura maniquea de las dos Españas. Se trata de los funcionarios de la Junta de Andalucía y el personal de las empresas públicas que el PSOE ha pretendido agencializar y colar por la puerta de atrás en la Administración autonómica.

Los primeros andan de naranja por las calles, tras once meses de lucha, denunciando la huída del derecho administrativo y la administración paralela engendrada por el socialismo andaluz, con la satisfacción de haber logrado parar por vía judicial la puesta en marcha de las distintas agencias.

Los segundos, dicen que 26.000, andan perplejos, con el estigma de “enchufados” y sintiéndose injustamente tratados por los funcionarios de carrera. No es cierto que el 100% de esos 26.000 sean afines al PSOE, pues muchos han conseguido su puesto mediante procesos de selección sin que les preguntaran su afinidad política.

La inevitable simplificación y permanente politización que sufrimos en este país, ha dado lugar a que a los primeros se les ataque llamándolos instrumentos del PP y a los segundos enchufados del PSOE, pero cualquiera que se haya tomado la molestia de conocer el problema e interactuar con las asociaciones y sindicatos independientes de funcionarios o con los no tan organizados ni beligerantes trabajadores de las empresas públicas y agencias, habrá podido comprobar que la realidad es mucho más compleja, que asociar a los funcionarios con el PP es tan ridículo como asociar a la mayoría de los empleados de las empresas y agencias con el PSOE. Sólo son personas, ciudadanos, preocupados por su trabajo, por su vida, y también por la marcha de la cosa pública.

En el programa de UPyD para Andalucía le damos la máxima prioridad a este asunto, y por eso proponemos sin matices derogar la Ley 1/2011 de reordenación del sector público de Andalucía y abordar un plan de simplificación administrativa, que bajo criterios de eficacia y eficiencia, mantenga exclusivamente aquellos organismos que sean imprescindibles por suponer una mejor forma de gestión. El plan incluirá la reducción significativa de un sector público andaluz sobredimensionado, suprimiendo las Empresas Públicas y enajenando las participadas cuyas actividades estén cubiertas por empresas privadas.

Lo que el sector privado puede hacer más eficazmente y de forma más racional lo debe hacer el sector privado. La Junta no puede ser empresaria. Lo que sólo desde la Administración, desde el derecho administrativo debe abordarse, para garantizar la independencia, la objetividad y la salvaguarda del interés general, ni lo pueden hacer empresas privadas, ni empresas públicas: esas tareas deben volver al funcionario.

Por lo tanto no deberían preocuparse los trabajadores de las empresas públicas que tienen trabajo, pero trabajo de verdad, no un “puesto de trabajo”. Puesto de trabajo tienen los 26.000, pero trabajo sólo una parte de ellos. Los que tienen trabajo real y necesario seguirán trabajando. En algunos casos lo harán directamente en una Administración redimensionada que deberá sacar las plazas necesarias para abordar tareas propias de la función pública, en otros lo harán en las empresas privadas que cubrirán de forma más eficiente el vacío dejado por esta gigantesca administración paralela y los menos lo seguirán haciendo en aquellas empresas públicas que permanezcan porque se justifique que las dos soluciones anteriores no son viables.

Los que sí se tienen que preocupar son los paseadores de pasillos, miradores de paredes, encadenadores de cafelitos, esos que están pero que jamás estarían en las empresas privadas porque éstas no se lo pueden permitir, los tengan que indemnizar con 45 o con 20 días. Esos que tienen un puesto de trabajo injustificado e injustificable, enchufados o no. Y por supuesto más aún se tienen que preocupar esos exalcaldes socialistas u otros miembros del partido que el 20 de mayo perdieron su plato de habichuelas (de tienda gourmet) y papá Griñán los recolocó de asesores, adjuntos a no se sabe qué, gerentes iletrados, y ahora ocupan despachos y coche oficial, cobran dietas y sueldos que hacen sonrojar a cualquier biennacido. Esos deben ser despedidos y miraremos en sus cajas y maletines para asegurarnos que ni una grapadora se llevan.

¿Y los funcionarios tienen que estar tranquilos o preocuparse? Pues igual, los que trabajan, los que saben que es un honor servir a la ley y a los ciudadanos, en absoluto. Los otros, los de los chistes de Forges, que también los hay y muchos, ya se pueden empezar a preocupar. Quizá, sólo quizá, no puedan ser expulsados de una Administración que no merecen, pero por fin los vamos a poner a trabajar. Ya está bien que los buenos funcionarios tengan que hacer su trabajo y el de dos compañeros vagos que consideran que cuando aprobaron la oposición ganaron el derecho a cobrar por no hacer nada. Ya está bien que los empleados de las empresas públicas tengan que hacer el trabajo de funcionarios vagos, incapaces de salir una tarde de fútbol a hacer una inspección ganadera o ambiental de urgencia, por poner un ejemplo, cuya acta tienen que firmar a posteriori sin saber lo que firman, y luego se pongan la camiseta naranja y salgan a la calle a gritar que los enchufados los dejan sin trabajo.

UPyD en su programa incluye de forma expresa afrontar con carácter inmediato y prioritario el desarrollo reglamentario en Andalucía del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por las Cortes Generales en 2007, articulando mecanismos de control objetivos que permitan valorar la productividad y evaluación del desempeño de los empleados, desarrollando una nueva Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y un plan de actuación para la reducción del absentismo que incluya las medidas disciplinarias que sea necesario aplicar.

Es inaplazable despolitizar la administración, devolver al funcionario la independencia y el poder que nunca debió perder. Si a los funcionarios se les garantiza un trabajo de por vida, si no están en el régimen general como el resto de trabajadores, es porque esa independencia es necesaria para eludir las presiones políticas, para ser únicamente servidores de la ley, no del político de turno. Por eso UPyD plantea un paquete de medidas concretas como eliminar los puestos de libre designación por debajo del nivel 22 limitándolos a ocho años en un intervalo de doce o restringir radicalmente el nombramiento de asesores.

En definitiva, UPyD no va a llegar al Parlamento de Andalucía para reírle las gracias al más votado, para optar a parcelas de poder, entendido como los viejos partidos lo entienden “poder administrar una Consejería u organismo, controlarlo y ponerlo al servicio del partido”. UPyD viene a darle una vuelta al calcetín, a cambiar profundamente todo lo que está podrido hoy, y lo estaba desde mucho antes que se publicara la Ley 1/2011 “del enchufismo”, todo lo que hace décadas que huele mal en una Administración que también ha contribuido, y de qué forma, a que sigamos en el furgón de cola del tren europeo.