FUNCIONARIOS vs EMPLEADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS

En el sur de este país de trincheras y luchas fratricidas se ha abierto otra brecha, otro enfrentamiento entre dos colectivos, que no ha tardado en pervertirse por la manipulación política aunque no fuera el deseo de sus protagonistas, y ya han conseguido otra caricatura maniquea de las dos Españas. Se trata de los funcionarios de la Junta de Andalucía y el personal de las empresas públicas que el PSOE ha pretendido agencializar y colar por la puerta de atrás en la Administración autonómica.

Los primeros andan de naranja por las calles, tras once meses de lucha, denunciando la huída del derecho administrativo y la administración paralela engendrada por el socialismo andaluz, con la satisfacción de haber logrado parar por vía judicial la puesta en marcha de las distintas agencias.

Los segundos, dicen que 26.000, andan perplejos, con el estigma de “enchufados” y sintiéndose injustamente tratados por los funcionarios de carrera. No es cierto que el 100% de esos 26.000 sean afines al PSOE, pues muchos han conseguido su puesto mediante procesos de selección sin que les preguntaran su afinidad política.

La inevitable simplificación y permanente politización que sufrimos en este país, ha dado lugar a que a los primeros se les ataque llamándolos instrumentos del PP y a los segundos enchufados del PSOE, pero cualquiera que se haya tomado la molestia de conocer el problema e interactuar con las asociaciones y sindicatos independientes de funcionarios o con los no tan organizados ni beligerantes trabajadores de las empresas públicas y agencias, habrá podido comprobar que la realidad es mucho más compleja, que asociar a los funcionarios con el PP es tan ridículo como asociar a la mayoría de los empleados de las empresas y agencias con el PSOE. Sólo son personas, ciudadanos, preocupados por su trabajo, por su vida, y también por la marcha de la cosa pública.

En el programa de UPyD para Andalucía le damos la máxima prioridad a este asunto, y por eso proponemos sin matices derogar la Ley 1/2011 de reordenación del sector público de Andalucía y abordar un plan de simplificación administrativa, que bajo criterios de eficacia y eficiencia, mantenga exclusivamente aquellos organismos que sean imprescindibles por suponer una mejor forma de gestión. El plan incluirá la reducción significativa de un sector público andaluz sobredimensionado, suprimiendo las Empresas Públicas y enajenando las participadas cuyas actividades estén cubiertas por empresas privadas.

Lo que el sector privado puede hacer más eficazmente y de forma más racional lo debe hacer el sector privado. La Junta no puede ser empresaria. Lo que sólo desde la Administración, desde el derecho administrativo debe abordarse, para garantizar la independencia, la objetividad y la salvaguarda del interés general, ni lo pueden hacer empresas privadas, ni empresas públicas: esas tareas deben volver al funcionario.

Por lo tanto no deberían preocuparse los trabajadores de las empresas públicas que tienen trabajo, pero trabajo de verdad, no un “puesto de trabajo”. Puesto de trabajo tienen los 26.000, pero trabajo sólo una parte de ellos. Los que tienen trabajo real y necesario seguirán trabajando. En algunos casos lo harán directamente en una Administración redimensionada que deberá sacar las plazas necesarias para abordar tareas propias de la función pública, en otros lo harán en las empresas privadas que cubrirán de forma más eficiente el vacío dejado por esta gigantesca administración paralela y los menos lo seguirán haciendo en aquellas empresas públicas que permanezcan porque se justifique que las dos soluciones anteriores no son viables.

Los que sí se tienen que preocupar son los paseadores de pasillos, miradores de paredes, encadenadores de cafelitos, esos que están pero que jamás estarían en las empresas privadas porque éstas no se lo pueden permitir, los tengan que indemnizar con 45 o con 20 días. Esos que tienen un puesto de trabajo injustificado e injustificable, enchufados o no. Y por supuesto más aún se tienen que preocupar esos exalcaldes socialistas u otros miembros del partido que el 20 de mayo perdieron su plato de habichuelas (de tienda gourmet) y papá Griñán los recolocó de asesores, adjuntos a no se sabe qué, gerentes iletrados, y ahora ocupan despachos y coche oficial, cobran dietas y sueldos que hacen sonrojar a cualquier biennacido. Esos deben ser despedidos y miraremos en sus cajas y maletines para asegurarnos que ni una grapadora se llevan.

¿Y los funcionarios tienen que estar tranquilos o preocuparse? Pues igual, los que trabajan, los que saben que es un honor servir a la ley y a los ciudadanos, en absoluto. Los otros, los de los chistes de Forges, que también los hay y muchos, ya se pueden empezar a preocupar. Quizá, sólo quizá, no puedan ser expulsados de una Administración que no merecen, pero por fin los vamos a poner a trabajar. Ya está bien que los buenos funcionarios tengan que hacer su trabajo y el de dos compañeros vagos que consideran que cuando aprobaron la oposición ganaron el derecho a cobrar por no hacer nada. Ya está bien que los empleados de las empresas públicas tengan que hacer el trabajo de funcionarios vagos, incapaces de salir una tarde de fútbol a hacer una inspección ganadera o ambiental de urgencia, por poner un ejemplo, cuya acta tienen que firmar a posteriori sin saber lo que firman, y luego se pongan la camiseta naranja y salgan a la calle a gritar que los enchufados los dejan sin trabajo.

UPyD en su programa incluye de forma expresa afrontar con carácter inmediato y prioritario el desarrollo reglamentario en Andalucía del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por las Cortes Generales en 2007, articulando mecanismos de control objetivos que permitan valorar la productividad y evaluación del desempeño de los empleados, desarrollando una nueva Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y un plan de actuación para la reducción del absentismo que incluya las medidas disciplinarias que sea necesario aplicar.

Es inaplazable despolitizar la administración, devolver al funcionario la independencia y el poder que nunca debió perder. Si a los funcionarios se les garantiza un trabajo de por vida, si no están en el régimen general como el resto de trabajadores, es porque esa independencia es necesaria para eludir las presiones políticas, para ser únicamente servidores de la ley, no del político de turno. Por eso UPyD plantea un paquete de medidas concretas como eliminar los puestos de libre designación por debajo del nivel 22 limitándolos a ocho años en un intervalo de doce o restringir radicalmente el nombramiento de asesores.

En definitiva, UPyD no va a llegar al Parlamento de Andalucía para reírle las gracias al más votado, para optar a parcelas de poder, entendido como los viejos partidos lo entienden “poder administrar una Consejería u organismo, controlarlo y ponerlo al servicio del partido”. UPyD viene a darle una vuelta al calcetín, a cambiar profundamente todo lo que está podrido hoy, y lo estaba desde mucho antes que se publicara la Ley 1/2011 “del enchufismo”, todo lo que hace décadas que huele mal en una Administración que también ha contribuido, y de qué forma, a que sigamos en el furgón de cola del tren europeo.

EL DILEMA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Es un hecho que corren tiempos difíciles para los funcionarios. Los empleados públicos cargan ahora con dos cruces, la histórica, esa del saberse objeto de crítica permanente por parte de la sociedad, inspiración de 40 años de humor de Forges, lugar común de conversaciones de ciudadanos cabreados…, y la recurrente, esa que hace que cuando los dineros de la cosa pública escasean, sean el eslabón más débil, el blanco fácil del ajuste, de la congelación salarial, o cómo en esta última andanada, del tijeretazo retributivo.

Esta segunda cruz la están sobrellevando con una dignidad inusual. El rotundo fracaso de la reciente convocatoria de huelga parece una muestra de ello. Sea por anticipado derrotismo, mala conciencia ante lo que está cayendo en el mercado libre, auténtica solidaridad y sentido ciudadano o simple interés económico por no perder un día de sueldo, lo cierto es que los sindicatos se han dado de bruces con una realidad que no esperaban.

La primera cruz también la soportan estoicamente sin muchos problemas, unos porque ya tienen la herida encallada, y las críticas resbalan sobre ella como gotas de agua sobre aceitosa indiferencia, y otros porque su trabajo, nivel de compromiso y profesionalidad les permiten tener la conciencia tranquila.

Es innegable que la gestión del trabajo público no es ni comparable con la gestión del trabajo en la empresa privada. Para desarrollar las mismas tareas, en la empresa privada se requieren muchos menos recursos. Ésta no se puede permitir el continuo escaqueo de un trabajador vago, y menos aún a un gerente incompetente, pues está sujeta a las crueles reglas del mercado. El mercado autorregula la incompetencia y la ineficiencia: un inútil para un determinado puesto puede permanecer un tiempo en el mismo, pero finalmente saltarán mecanismos de ajuste, internos en empresas con gestión profesional, o externos en empresas familiares o personalistas, que desembocarán en el mismo resultado. En la gestión de lo público estas correcciones naturales jamás van a darse, sencillamente porque las reglas del juego son otras. En esas reglas palabras como rendimiento, profesionalidad, eficacia, productividad, no tienen ningún sentido. Posiblemente otras muy distintas como docilidad, mediocridad, conformismo, son las claves de la adaptación al medio. Excelentes profesionales, absolutamente capaces y trabajadores, tras unos años en ese ambiente se habrán perdido para siempre.

Que lo público no funciona como debiera es un hecho, y que hay mucho neoliberal encantado con que siga sin funcionar, también. Las causas de algo tan evidente son varias, pero la principal es la libertad y la independencia que confiere el carácter vitalicio de la función pública. La impunidad y la seguridad de que ante la ineptitud no existirán represalias ni consecuencias, la ausencia de los mecanismos de control que sí se dan en el sector privado, hacen que este mal sea endémico y de difícil solución.

Y es de muy difícil solución porque lo cierto es que no podemos renunciar al carácter vitalicio y a la impunidad del puesto del funcionario, por la sencilla razón de que detrás de ellos no hay empresarios, que tienen el único, claro y legítimo interés de ganar dinero conforme a las reglas del mercado y la ley, sino políticos que tienen casi siempre y entre otros menos confesables, el poco claro interés de medrar, ganar elecciones y mantener el tipo, al margen del interés general, conforme a las reglas de la partidocracia y en muchos casos pasando por encima de la Ley. De hecho esa libertad e independencia del funcionario, esa seguridad de saberse servidores del Estado (en cualquiera de sus formas), y no de la fuerza política que coyunturalmente tenga el poder, sigue siendo una pesadilla para muchos políticos, un contrapoder al que no podemos renunciar. Ya se han encargado los políticos de idear fórmulas -empresas públicas, cargos de confianza, asesores, interinos digitales, subcontrataciones, externalizaciones, promociones y arrinconamientos, entre otras muchas-, para salvar esta incómoda independencia. En Andalucía los inspectores urbanísticos, los agentes de medio ambiente y otros funcionarios conocen en sus carnes lo que significan estos intentos de mangonear desde el poder político la independencia del funcionario. Y es que es mucho más cómodo tener comisarios políticos elegidos a dedo que jefes de servicio puestos en el cargo por el mérito y la capacidad.

Y éste es el drama en el que nos encontramos: la misma libertad que el funcionario necesita para poder servir al Estado y no al partido que gobierna, para no estar expuesto al capricho y la arbitrariedad del que manda, la mitad de los funcionarios la aprovechan para vivir relajadamente gracias a un examen que un día aprobaron, convencidos de que con ello ya se merecen el sueldo, mientras la otra mitad hace su trabajo y el de los “otros”, digna y profesionalmente, aguantando chistes, tijeretazos e infamias, y sobre todo aguantando todos los días a sus compañeros insolidarios, en la resignación de que difícilmente nadie va a reconocer las diferencias. En la empresa privada los segundos serían recompensados y los primeros no durarían un día, porque ésta no se lo puede permitir, y el empresario debe tener, le cueste 45 o 20 días, la posibilidad de erradicar al improductivo, al flojo, al malo… Si esta misma libertad la tuviera el político ibérico, ¿alguien duda de cómo la usaría?

Como dice Concha Moliner en su desgarrador artículo “Tiempos Difíciles“ (1) “Mantener una actitud de servicio público es duro para los empleados públicos cuando sufren los desaciertos, la ignorancia y la prepotencia de muchos responsables políticos. Está a la orden del día, que se obsesionen con la caza y captura de los signos políticos de sus trabajadores, buscando infieles, rebeldes y traidores ...Es frecuente que los más competentes, entregados y cualificados tengan serias dificultades porque el conocimiento, el rigor y la lealtad con el servicio público, que poco tiene que ver con el boato, el aplauso y las luces de colores, son molestos pues no se pliegan a los caprichos del “iluminado de turno”… Los servicios públicos deberían ser más eficaces y eficientes, deberían gozar de mejor organización y calidad. La ciudadanía debería exigir a sus representantes políticos que así fuese, debería exigir cuentas y responsabilidades pues es su dinero el que los sustenta. Si lo hiciera se darían cuenta de que los empleados públicos, los más, no somos gente a denostar sino profesiones con clara vocación de buen hacer para el bien común, o sea, los ciudadanos”.

La ineficacia de lo público es una cuestión por resolver, una de las debilidades de la economía española. Medidas como auditorías externas para la valoración del desempeño, el establecimiento de mejoras del sistema retributivo mediante la incorporación de incentivos en función de objetivos de producción imparciales, que no necesariamente han de ser económicos, pues el Estado a diferencia de las empresas privadas no está para ganar dinero, sino para prestar sin despilfarros un servicio de calidad a los ciudadanos, y otras similares pueden ir en la dirección adecuada.

En cualquier caso la solución vendrá de la mano de un partido que como UPyD se considere y se sienta libre e independiente y de los funcionarios que aún tienen conciencia de ser servidores públicos, que no han perdido la vergüenza ni la moral. En ellos deben encontrarse los resortes para cambiar las cosas.

(1) http://www.upyd.es/web_medida/plantilla_general/secciones/plantilla.jsp?seccion=103¬icia=40207