PROVINCIANISMO

Resulta triste comprobar cómo la lógica nacionalista, en su variante provinciana más casposa,  ha sido internalizada en la sociedad hasta niveles insospechados. Es esa lógica que dice que el oriundo de un territorio determinado va a querer y saber defender los intereses de ese territorio como no lo haría un foráneo.

Otra enfermedad social, más grave si cabe, es la de la normalización de la corrupción, y no me refiero a la corrupción delictiva, la que es penalmente punible, sino la de baja intensidad, esa microcorrupción de lo habitual, del diario. Un profesional que no pone el máximo celo en su trabajo, que no es objetivo y justo, que practica trato de favor, aunque no cometa delito, es un pequeño corrupto.

En este sentido los funcionarios y los cargos públicos se deben única y exclusivamente a la ley, y debería ser inconcebible que tuvieran criterios distintos en el ejercicio de su función en virtud del destinatario del mismo, o peor aún, su origen territorial.

Pues bien, ahora díganme cual es la lógica que ha hecho a los empresarios almerienses denunciar públicamente que la recién proclamada presidenta de los andaluces, Susana Diaz, ungida por el precorrupto Griñán y avalada por 20.000 estómagos agradecidos, no haya designado a ningún consejero almeriense.

¿Están insinuando que el mejor o peor trato que reciban los almerienses de la Junta depende de que exista un almeriense en el consejo de gobierno? ¿Cabía esperar que la presencia de un consejero almeriense pudiera permitir a los empresarios de esta provincia alguna ventaja? ¿Están diciendo que los consejeros no almerienses no van a tratar bien los proyectos de Almería?

El mensaje no puede ser más desolador. Que una parte de la sociedad lo haya internalizado es dramático.

Es el mismo mensaje que dice que la costa o los ríos se gestionan mejor desde la cercanía del territorio que desde Madrid; es el mensaje que dice que la Expo 92 se hizo en Sevilla porque Felipe Gonzalez era sevillano, o el centro neurálgico de la DGT está en León porque Rodriguez Zapatero así lo quiso y es normal que así sea; es el mensaje que dice “defiende lo tuyo, porque nadie lo defenderá como tú” y, lo peor, es el mensaje que dice: “es legítimo que ya que has llegado a ese puesto ayudes a los tuyos, a tu familia, a tus convecinos, a tu pueblo o a tus compañeros de partido”.

Esta normalización de lo que no debería ser normal es desoladora, al menos es desoladora para un ciudadano que espera que los profesionales cumplan con su trabajo objetivamente, y los cargos públicos sean ecuánimes, para un ciudadano que estaría encantado de tener un ministro de educación finlandés o uno de industria alemán, pues está en el convencimiento de que es mejor una buena cabeza con principios y experiencia que un patriota descerebrado.

Lo de las cuotas territoriales en los partidos es otro concepto a superar, y del que UPyD por fortuna ha nacido liberado. El día que necesitemos un representante territorial en un determinado órgano para sentirnos representados, este partido habrá dejado de representar personas, ideas y principios, para representar parcelas de poder, lo que no sería otra cosa que un reflejo del clientelismo interno que impera en otros partidos. Ese día no ha llegado, sigue lejos.

Susana Diaz sabrá cuanto debe a los socialistas almerienses, y cómo va a pagar ese apoyo. Los almerienses magentas en cambio saben que no necesitan representación como almerienses, porque todos nos representamos a todos en la medida en que defendemos lo que nos une, la regeneración democrática y una concepción pragmática de la gestión de lo público y la política.

PRIMARIAS CLIENTELARES

Que la democracia española está gravemente enferma ya no lo duda nadie. El CIS se encarga de recordarnos mes a mes que el distanciamiento entre los ciudadanos y sus políticos se agranda, y éstos no sólo ya no son percibidos como servidores públicos que resuelven problemas, sino como uno de sus mayores de ellos.

Pretender una democracia representativa de calidad instrumentada a través de partidos políticos sin democracia interna es una auténtica ingenuidad. Y claro que es el déficit de democracia en el interior de los partidos una de las principales causas de esta situación.

Los dos grandes partidos han articulado mecanismos de autodefensa perfectamente diseñados para su perpetuación. Este sistema no se basa en la ideología, ni en las ideas, ni en el proyecto político, ni en la capacidad de personas, ni en nada que pudiéramos considerar moralmente defendible. Se basa única y exclusivamente en el clientelismo, en el trafico de favores, en la compraventa de expectativas personales, en el intercambio de poderes y micropoderes, en el reparto de influencias, en el “apóyame en esto, que yo te apoyaré en lo otro”, en el “acuérdate de mí”, o el “acuérdate de aquello”…

El circo que el socialismo andaluz nos está brindando estos días es una prueba palpable de esta situación. Resulta bochornoso ver a Luis Plana mendigar avales y pedir que le abran las sedes socialistas para montar reuniones y organizar su candidatura o a José Antonio Rodríguez clamar desde su atalaya de tuiter a sus seguidores las firmas necesarias, pero lo más bochornoso es observar el despliegue mediático montado por el aparato socialista en torno a la “jóvena” Susana, arropada en su presentación por 800 estómagos agradecidos o por agradecer y 200 palmeros mediáticos y no mediáticos.

Es un insulto a la inteligencia pensar que la mejor opción para el PSOE y para Andalucía es una treintañera que necesitó 10 años para acabar la licenciatura de Derecho, sin ningún tipo de experiencia laboral en el mundo real, sin haber pagado ni cobrado una nómina ganada en la calle y que lo único que ha demostrado hasta el momento es su gran capacidad de medrar en los vericuetos intestinales del partido político que está protagonizando uno de los mayores fraudes y robo de dinero público de la historia de España, cuyo mentor acabará sentado en el banquillo.

Pero sobre todo es un insulto a los militantes de base del PSOE-A que lo son por convicción ideológica y no por mantener un carguito (que no sé si hay alguno, quiero pensar que sí, que muchos….), y un insulto a los ciudadanos andaluces, votar para la Secretaría General del partido y de la candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía, no al más preparado y capaz, que sin duda es Luis Planas, o al más renovador, que sin duda es José Antonio Rodríguez, sino a la ungida por un preimputado.

Porque es evidente que los militantes que voten a Susana Diaz no lo harán pensando en que sea lo mejor para su partido y para Andalucía, sino en sus intereses personales. Votarán pensando clientelarmente, porque ese voto no es para ellos más que la moneda con la que pagar el derecho a seguir gozando de la simpatía del aparato necesaria para mantener ese carguito, ese sueldo o esa cota de poder. Éste es el cáncer del clientelismo, sus síntomas y sus consecuencias.

En el Partido Popular, impera su pragmatismo, la concepción cuasi empresarial del partido, la dedocracia. Esa ausencia de democracia interna resulta menos insultante que la apariencia de democracia interna socialista y quizá menos dañina para la democracia. El PP no engaña a nadie, no defrauda a nadie, no crea falsas expectativas, no disimula, no cree en la democracia interna. El PSOE tampoco, pero se niegan a reconocerlo y montan todo un circo con presentadores, algunos trapecistas, muchos payasos y un público entregado con entrada libre, bocata y cerveza, para hacernos creer lo contrario. Porque el PSOE nos insulta permanentemente, considera a los ciudadanos menores de edad y merecedores de ningún respeto.

Nada de esto sería importante si no estuviéramos hablando del principal partido de Andalucía, el que lleva más de 30 años marcando su paso, el que nos ha traído hasta aquí, hasta este 37% de paro y que sigue empeñado en que de aquí no salgamos.

Y no, no somos todos iguales, y si alguien lo sigue pensando, que le eche un vistazo a los estatutos de Unión, Progreso y Democracia (http://www.upyd.es/contenidos/secciones/371/Estatutos).



TELEVISIÓNES PÚBLICAS Y SOLUCIONES A LA GRIEGA

A muchos nos ha pillado de sorpresa la decisión del gobierno griego de cerrar la radiotelevisión pública de ese país, dejar a sus 3.000 empleados en la calle y evitar los 300 millones de euros anuales que cuesta a las arcas públicas helenas.

¿Hay razones para mantener una radio y televisión pública deficitarias?, o mejor aún ¿Hay razones para mantener una radio y televisión pública en cada una de las comunidades autónomas?

La respuesta sin lugar a dudas debe ser afirmativa. La información pública es un servicio de interés general al que una sociedad democrática no debe renunciar. Dejar la información sólo en manos de cadenas comerciales ligadas a intereses empresariales y económicos sería un error de lamentables consecuencias. Es imprescindible que un Estado democrático cuente con un medio de comunicación público y no deja de ser razonable que una comunidad autónoma en un estado complejo como el español también disponga de él.

Lo que no es razonable es que el coste de las televisiones estatales en España, trece autonómicas más RTVE, sea uno de los agujeros de las finanzas públicas y cuesten en total al contribuyente cerca de 2.000 millones al año -quinientos más que el ahorro logrado al congelar las pensiones-.

Lo que no es razonable es que en 2013 Canal Sur vaya a costar a los andaluces 118 millones, que saldrán de la subvención pública de la Junta a los que se sumarán otros 22 millones de déficit previsto, que deberá aportar la Administración andaluza para cuadrar su balance.

Lo que no es razonable es que el grueso de las plantillas sean de personal fijo y haya dos -la catalana y la valenciana- que suman más empleados cada una que la suma de las dos grandes cadenas privadas juntas, que TV3, la cadena más cara, tenga 2.700 trabajadores, Canal Nou llegue casi a los 1.800, Canal Sur tenga 1.680 y Telemadrid se quede con 1.100 empleados.

Lo que no es razonable es que las televisiones autonómicas mantengan 6 corresponsalías en Bruselas y que sólo la andaluza, por ejemplo, cueste 270.000 € al año.

Lo que no es razonable es que ese servicio público sea la excusa para colocar al triple de personas de las necesarias, y aún así mantener un injustificable nivel de subcontratación a productoras privadas ligadas al poder, convirtiéndose en un eficaz elemento de clientelismo político.

Lo que no es razonable es que las televisiones públicas no estén al servicio de las instituciones sino de los partidos que ostentan el poder de los respectivos gobiernos, llegando a convertirse en armas de propaganda al servicio de sus causas partidistas, ideológicas o “nacionales”.

Lo que no es razonable es que no existan sistemas efectivos de control y transparencia que garanticen la objetividad en el tratamiento de la información.

Lo que no es razonable es que las cadenas públicas intenten competir con las comerciales por la audiencia a cualquier precio, ofreciendo entretenimientos caros, programas inculturales, basura televisiva, patrocinando deportes de élite de mercenarios multimillonarios…

En definitiva, las televisiones públicas son útiles y necesarias, pero su enfoque ha de cambiar radicalmente, debiendo someterse a una adaptación y ajuste profundo, a un modelo profesional y austero dimensionado para su función de servicio público y cohesión cultural. Sus órganos de dirección, politizados, costosos y despilfarradores, deben adaptarse a un modelo profesional, independiente y reducido. Sería deseable la eliminación de su actividad comercial publicitaria, así como los contenidos de entretenimiento que no tengan un componente cultural, formativo y de fomento del conocimiento. Deberían limitarse sus contenidos a los de información, cultura, educación, deportes minoritarios y otros contenidos de interés general que no son atendidos por las cadenas comerciales, pudiendo también constituirse como centros de formación para jóvenes profesionales.

En definitiva, el enemigo de la televisión pública no hay que buscarlo en la privada, ni en el poder económico, ni en la desalmada Troika, ni en los recortes impuestos…, no hay mayor enemigo de la televisión pública deseable que la televisión pública que conocemos.

DECRETO-LEY DE FUNCIÓN PROPAGANDÍSTICA DE LA VIVIENDA

Sólo han pasado unos días y ya se ha escrito mucho sobre el Decreto-Ley de la Junta de Andalucía de Función Social de la Vivienda, y lo que queda… No pretendo valorar su legalidad, porque ya se han manifestado expertos juristas en un sentido y en el contrario. Es algo que determinarán los tribunales cuando se produzca el primer recurso, que se producirá.

Sólo quiero defender una tesis: la principal finalidad de la norma no es resolver de forma eficaz el drama de los desahucios y el problema de la vivienda, sino la propaganda, pura y llana propaganda y marketing político, y de paso reforzar la política de la intervención, de la tutela administrativa sobre la libertad.

Si el objetivo fuera proteger a los desahuciados, ofrecer a los más desfavorecidos y golpeados por la crisis la oportunidad de disfrutar de un derecho constitucional como el de la vivienda, se habrían buscado soluciones más eficaces del tipo de las que plantea UPyD en sus enmiendas a la ILP: propiciar los cambios legales que faciliten a los jueces las herramientas necesarias para resolver procedimientos de ejecución de hipotecas, pudiendo de oficio o a instancia de parte condonar la deuda pendiente a un desahuciado en determinadas circunstancias, incluso rechazando el desahucio y permitiendo al desahuciado seguir ocupando la vivienda, durante el tiempo que considere necesario mientras las condiciones se mantengan y por el importe que se determine. Y esto lo puede hacer el juez ante causas justas, apreciadas discrecionalmente y adecuadamente acreditadas. Y esto lo puede hacer el juez porque conoce el caso concreto, las especificidades del ejecutado y el ejecutante, si ha existido abuso, engaño, posición de poder… Nadie podrá dudar que se trata de profesionales capaces de tomar decisiones mucho más complicadas como la tutela de un niño o la privación de libertad de un ciudadano.

Frente a esta solución, el bipartito andaluz, con la iniciativa IU y la modulación parasitaria del PSOE, ha optado por otra receta: la injerencia administrativa, el poder intervencionista del aparataje de la Junta, para no resolver el problema pero sí conseguir una campanada mediática muy relevante.

El mecanismo que propone implica la expropiación temporal de las viviendas recuperadas por los bancos tras ejecuciones hipotecarias, investigar la situación económica y familiar de los deudores ejecutados y cederlas a los mismos por una renta determinada. Por otra parte prevé realizar un censo de las viviendas desocupadas, y para ello exigir la información a los propietarios, y en su defecto a las compañías suministradoras de agua y electricidad, para posteriormente proceder al registro, y seguidamente a la constatación de que el propietario procede a su alquiler, y si ello no se produce, la intervención forzosa y directa de la Administración en la gestión del mismo, decidiendo incluso el precio, y en todo caso con la reserva de la sanción si se producen insumisiones en algún punto del procedimiento.

Como recoge el preámbulo del propio Decreto-Ley 6/2013, se estima que en Andalucía hay un número superior a las 700.000 viviendas desocupadas (por cierto un número indeterminado de ellas, transparencia IU mediante, de la propia Junta). El número de actuaciones administrativas ligadas al procedimiento (comunicaciones, inspecciones, actas, diligencias, apremios, audiencias, informes, resoluciones, quejas, reclamaciones, recursos, contenciosos…), millones. Y serán necesarias ingentes cantidades de recursos económicos y humanos, pues ni hay inspectores suficientes ni bastarán los funcionarios actuales adscritos a la Consejería del ramo, lo que justificará la contratación de muchos empleados, el mantenimiento y posiblemente el crecimiento de la actual Empresa Pública del Suelo de Andalucía o la creación de otras tres, con nombres muy sociales que los expertos en marketing del bolivarismo andaluz se encargarán de encontrar, también será necesario un Observatorio que el propio Decreto Ley ya adelanta, y lo que todavía no sabemos… Dotar a la Justicia con sólo la mitad de los recursos necesarios multiplicaría exponencialmente los resultados, pero eso no interesa.

Porque no se engañen, el único objetivo es la propaganda. El lanzamiento mediático ha sido perfecto, las cuatro familias jerezanas que al día siguiente eran popularizadas por todos los medios en toda España no ha sido fruto del azar, sino de la orquestación. Que el PSOE lo haya hecho suyo y anuncie que pretende reproducir el sistema en toda España es otra evidencia. La campaña de imagen está lanzada, y sólo queda la duda de si IU será capaz de evitar que los réditos se los lleve el PSOE.

Con respecto a los ciudadanos como siempre no hay ninguna duda. Seguirán padeciendo y esperando, porque éste es el peor y más retorcido camino para llegar al objetivo previsto. Les han contado que no tienen nada que temer porque Papa Estado y Mamá Junta se encargan de velar por ellos, y en vez de confiar en su independencia y desatarles las manos para que puedan relacionarse de tú a tú con las entidades financieras, en libertad y sólo ante el arbitrio del juez, por supuesto en un marco legal justo no como el actual, les han contado que no tendrán que preocuparse por nada porque, como niños pequeños, sin la tutela administrativa están perdidos.

Afortunadamente con respecto a la Justicia, tampoco hay ninguna duda. Los jueces han demostrado que con todas las excepciones que confirman la regla, siguen siendo una de las pocas esperanzas de este país, se han convertido en auténticos héroes cuyos nombres ya conocemos, Alaya, Ruz, Castro…, siguen con una tecnificación y medios del siglo XX y propios de un Estado en vías de desarrollo, sus órganos de gobierno siguen politizados, pero mientras no se demuestre lo contrario, son mucho más de fiar que los políticos del bipartito andaluz y el rodillo popular estatal, esos que no van a permitir que se impida un solo desahucio sin aprovechar la oportunidad para ponerse una medalla, porque bajo sus criterios es un desperdicio que los jueces hagan este tipo de cosas sin necesitar extraer jugo electoral.

ANDALUCÍA: UN AÑO POR LA IZQUIERDA

Ya ha pasado un año desde que se celebraran las elecciones en Andalucía y Asturias. Tiempo suficiente para analizar las políticas, los logros y los fracasos de dos gobiernos, uno formado por el bloque PSOE-IU y otro por la FSA (nombre asturiano del travestismo socialista), en solitario pero con el consentimiento vigilante de IU e UPyD.

Tras la formalización de los acuerdos que dieron forma a ambos pactos escribí este artículo (http://ciudresp.blogspot.com.es/2012/06/dos-pactos.html). En él preveía, a la luz de las declaraciones de intenciones que en ellos se reflejaban, lo que cabía esperar desde un escepticismo militante. Ahora estamos en disposición de analizar los hechos y comparar los resultados que para la ciudadanía han tenido y el papel que ha jugado IU en Andalucía con doce diputados y UPyD en Asturias con uno.

La primera diferencia es que IU en Andalucía forma parte del gobierno, lo que se traduce en una vicepresidencia y tres consejerías, 16 delegados provinciales (hay que reconocer que han renunciado a 8), 6 secretarías generales, 9 direcciones generales, así como un número indeterminado de gerentes de empresas públicas, cargos de confianza y asesores que nunca sabremos porque la transparencia en Andalucía quedó en papel mojado (animo a los crédulos a que entren en la web institucional e intenten enterarse). En total (PSOE e IU), mantienen a 159 altos cargos dentro de la administración pública, que nos cuestan en torno a los 18 millones de euros al año en sueldos. En estos momentos se encuentra en desarrollo la muy pregonada Ley de Transparencia de Andalucía, anunciada a bombo y platillo en un alarde propagandístico que choca con una realidad intratable: las medidas de transparencia que la Junta debe adoptar no requieren ningún nuevo marco legal, ningún desarrollo tecnológico, ningún gestor de información que requiera medios especiales ni un plazo mayor. Sólo la falta de voluntad política impide que los ciudadanos andaluces no tengan ya a un click de ratón toda la información pública de la Administación andaluza (informes, sueldos, contrataciones, dietas, kilometraje, gastos...), tanto de los órganos institucionales como de empresas públicas.

En cuanto a quienes son muchos de esos nombres, el comunismo andaluz, al más puro estilo norcoreano o cubano, ha sabido “confiar a la familia” parte de esa responsabilidad. Sólo un botón de muestra: Amanda Meyer Hidalgo, secretaria general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura de la Consejería de Fomento y Vivienda e hija del eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer o Enrique Centella Gómez, director de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales y hermano del portavoz parlamentario de IU en el Congreso y a su vez secretario general de PCE, José Luis Centella.

UPyD en Asturias no forma parte del gobierno, y sólo tiene adscritos el personal de apoyo para la actividad parlamentaria que le corresponde (http://weblogs.upyd.es/asturias/2012/07/28/quienes-somos-diputado-y-equipo-parlamentario/), habiendo propiciado la reducción en 500.000 € de los gastos asociados a la actividad de los grupos parlamentarios (http://weblogs.upyd.es/asturias/2012/05/07/la-junta-general-acuerda-reducir-su-presupuesto-en-mas-de-500-000-euros/).

En cuanto a la tasa de desempleo, la mayor preocupación de los ciudadanos, la EPA del cuarto trimestre de 2012 reflejaba para Andalucía un incremento del mismo con respecto al primer trimestre de 2012 de 2,69 puntos porcentuales, alcanzando el 35,86%, mientras que Asturias subía un 3,37%, quedando en el 23,76%. No parece que las políticas de empleo de la Junta hayan dado resultados significativamente mejores a los del resto de España, más bien al contrario, Andalucía sigue siendo líder destacado en paro, pese a que el ejecutivo andaluz se ha empeñado en mantener los 26.000 empleos de la administración paralela andaluza, a muchos de los cuales tiene cruzados de brazos, mirando los desconchones de las paredes. Tampoco parece que hayan dado mucho resultado los 176 millones de euros con los que días antes de las elecciones la Junta regó a los sindicatos para cursos de formación y cooperación (http://www.abcdesevilla.es/20120517/andalucia/sevi-junta-repartio-subvenciones-millones-201205162333.html).

El bipartito andaluz se defiende asegurando, como recientemente ha declarado la Secretaria de Política Social e Inmigración del PSOE de Andalucía, Miriam Alconchel, que "ha servido como muro de contención ante los recortes y ajustes sanitarios y sociales de la derecha". Al margen de servir para dar titulares a su prensa concertada, no hay ningún hecho sustancial que diferencie las políticas y los recortes que en materias sociales, sanidad, educación, dependencia, o en I+D, la Junta ha decidido aplicar frente a cómo lo han hecho otras comunidades autónomas.

Estas manifestaciones nos obligan a repasar los presupuestos de la Junta de Andalucia para el año 2013, comparando las cifras destinadas a sanidad con el año anterior al advenimiento de la Verdadera Izquierda. La comparación es incontestable: el presupuesto destinado al Servicio Andaluz de Salud es un 9,37% menor (778 millones), a los que se une el recorte sobre los presupuestos de las cinco empresas públicas sanitarias que supera el 11% (51 millones menos). Evidentemente no lo han hecho por gusto, sino por la sencilla razón de que no hay dinero, pero lo que no pueden seguir haciendo es darse golpes de pecho asegurando que en Andalucía no se han producido recortes en sanidad. Claro que se han producido, de forma más sibilina, menos mediática que en Castilla La Mancha o Castilla León, y desde luego sin tomar las medidas liberalizadoras de Madrid, contra las que UPyD se ha opuesto y que incluso ha recurrido al Tribunal Constitucional, pero es un hecho que la salud de los andaluces está peor atendida que hace un año, mientras la estructura política, administrativa y clientelar de la Junta no se ha visto afectada un ápice.

Mención aparte merece la educación. Han sido 4.502 puestos de docentes los perdidos en la enseñanza pública andaluza al restringirse la convocatoria de oposiciones por los ajustes presupuestarios en los dos últimos años. El dato es tan rotundo, que pocas explicaciones merece.

Otro mantra que repiten los fieles de la cofradía de la hoz y el martillo es que las políticas implementadas por la Consejería de Vivienda que dirigen ha permitido que los desahucios en Andalucía se hayan visto paliados. Al margen de que no podemos dudar de la enorme solidaridad de doña Elena Cortés (la boicoteadora de la Semana Santa cordobesa), con los afectados por este drama, lo cierto es que no se ha materializado en una sola medida efectiva contra estas situaciones, fundamentalmente porque su margen de maniobra es nulo. La autonomía en la que más desalojos se produjeron en los nueve primeros meses del año 2012 fue la Comunidad Valenciana, con un incremento del 23,2% sobre 2011, seguida de Andalucía con un 36,7% más. Y es que desgraciadamente la realidad es la que es y no admite adornos, por mucho que se lancen consignas y titulares, o que se viva en la esquizofrenia permanente de ocupar despachos y responsabilidades institucionales y a la vez se aproveche la más mínima ocasión para acudir con chófer y coche oficial a la manifestación de turno a gritar contra el gobierno del PP y recordar viejos tiempos.

Y hablando de viejos tiempos, recordemos algunas declaraciones: “La gestión socialista ha llevado a Andalucía a una recesión avanzada y por encima de la que ya está reconocida en España, así como unas cifras de paro, que hacen que la comunidad lidere las estadísticas. No ha existido capacidad de aguantar la sangría de desempleados y dramas. En la comunidad andaluza existe una quiebra clara del modelo social y modelo laboral en un retroceso claro del modelo económico. El PSOE y el PP son "cómplices", pues los partidos que recortan están llevando a Andalucía a esta situación y Griñán es cómplice de Zapatero, por lo que no se puede pasar página como si no hubiera pasado nada". Esto lo decía Valderas el 29 de diciembre de 2011 para hacer balance del año. Evidentemente podría haber dicho exactamente lo mismo el 29 de diciembre de 2012, pero no lo hizo. Misteriosamente algo debe haber cambiado en su percepción de la realidad.

Pero quizá donde el papel de IU ha sido más bochornoso durante este año es en todo aquello que tiene que ver con lo que han sido sus señas de identidad, sus demandas históricas, aquello que nos permitía tener una ligera esperanza de cambio a los ilusos: la lucha contra la corrupción, por la transparencia y la regeneración democrática.

Uno no puede evitar acordarse de aquella IU de 1994, la de Luis Carlos Rejón, la de la pinza, la que obligó a un Chaves con mayoría simple a tomar decisiones impensables en los cánones socialistas: exigir que el nombramiento de los órganos de extracción parlamentaria, director y consejo de RTVA, Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo, juntas rectoras de parques naturales, se estableciera por consenso y a partir de la correlación de fuerzas parlamentarias, o a promover un cambio de la Ley electoral andaluza o establecer que la presidencia del Parlamento nunca recayera en el mismo partido que ostentara el gobierno regional (http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1994/06/29/085.html). Nunca estuvo Andalucía más cerca de un intento, aunque tímido, de mejora de la calidad democrática.

Esa historia a la que IU parece que ha renunciado a la luz de situaciones como la actual, en la que es el propio Valderas el que defiende la vuelta al nombramiento del director de RTVA por el Consejo de Gobierno (http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2013/03/14/iu-quiere-cambiar-la-ley-para-volver-a-nombrar-a-dedo-al-director-de-la-rtva-116857/), debería producir el sonrojo de los militantes históricos de la formación. Es cierto que de aquella experiencia salieron con una pérdida sustancial de votos, pero de ésta van a salir con una pérdida sustancial de dignidad, y está por ver lo de los votos.

La fallida comisión de los ERE es quizá el mayor esperpento protagonizado por este gobierno hasta la fecha. Volviendo a la hemeroteca, las palabras de Valderas en enero de 2012, deberían repicar como martillos de fragua en su conciencia: “El Gobierno andaluz tiene responsabilidad por acción u omisión. Si ha habido gente del Gobierno más allá de Guerrero directamente implicada desde la responsabilidad política es muy grave. El hecho de no haber actuado, el haber sido complaciente con que alguien meta la mano con tal descaro en los fondos públicos y robe, establece una cierta responsabilidad en un gobierno que tenía que haber velado por unos fondos de empleo y no lo ha hecho. Las declaraciones de Guerrero ensucian aún más el escándalo de corrupción de los ERE irregulares y vuelven a evidenciar que en Andalucía, en los últimos años, ha habido una administración sin un control adecuado de los fondos públicos y despreocupada del buen uso de estos fondos".

Bien, pues de estas palabras grandilocuentes de un demócrata convencido, hemos pasado a una Comisión en la que pese a tener junto al PP la oportunidad de llegar a conclusiones y determinación de responsabilidades políticas, a la única conclusión a la que los andaluces hemos llegado es a que una tarde de trabajo de la juez Alaya cunde más y permite arrojar más luz sobre los hechos que dos meses de comparecencias dirigidas por esta caterva de pasteleros. Ninguna responsabilidad política, ninguna recomendación para que lo que ha ocurrido no vuelva a ocurrir. Ni el reforzamiento de la independencia y el papel de la Cámara de Cuentas o los Interventores, conclusión que debería parecer cantada al común de los mortales, han sido capaces de tomarla.

Desde luego esto sí que contrasta con el desarrollo de la comisión por el caso Marea, que ha tenido lugar en Asturias presidida por el diputado de UPyD Ignacio Prendes. A falta del informe final cuya ponencia será responsabilidad del miembro de UPyD, hay una serie de hechos constatables:

• La FSA (PSOE), se vio obligada a aceptar la comisión de investigación ante la «insostenible» situación creada por la oposición. Fue el 29 de noviembre de 2001 cuando terminó la última comisión de investigación vivida en el parlamento asturiano hasta que el empecinamiento de UPyD y su imprescindible voto para acceder al Gobierno obligaron a retomar el formato.
• A la comisión del ‘caso Marea’ se le atribuye una ambición interrogatoria sin igual en las ocho que le han precedido en la Junta General. Tampoco se conocen en todo el país investigaciones que arranquen con una lista de 59 comparecientes. La del 11-M nació con 14 nombres y terminó en 57. La de los ERE de Andalucía se contentó con 23 políticos, empresarios y funcionarios. La asturiana, tras varias altas y bajas, ha acabado con 61.
• Hay consenso en que el documento definitivo fijará quiénes son los responsables políticos -por acción u omisión- de la presunta trama de corrupción. Con un grupo socialista dispuesto a pasar página al ‘caso Marea’, la oposición ve oportuno que la lista indique «con nombres y apellidos» esta responsabilidad.
• El grueso del documento de conclusiones, lo constituirá una batería de propuestas para mejorar los controles en la contratación pública: contratos menores, fraccionamiento, procesos de homologación, negociado sin publicidad, remanentes de tesorería y facturas falsas, facturas falsas y contratos de personal, sindicatura, intervención general, inspección de servicios, transparencia, registro de intereses, código ético, organigrama…

(Más información en este enlace: http://weblogs.upyd.es/asturias/2013/03/31/la-comision-del-caso-marea-exigira-al-principado-cambios-en-la-contratacion/)

Y no quisiera acabar este análisis sin hacer referencia a otra ignominia perpetrada por IU en Andalucía, y que en boca de Valderas a la pregunta de la concejala de UPyD en Granada, Mayte Olalla, se manifestó en toda su plenitud: “No es el momento de reformar la ley electoral. No es importante para la ciudadanía”. (http://weblogs.upyd.es/granada/2012/07/04/upyd-en-andalucia-lamenta-que-la-junta-incumpla-la-reforma-de-la-ley-electoral-para-garantizar-la-igualdad-del-voto-de-todos-los-ciudadanos/).

En Asturias la Comisión para la Reforma de la Ley Electoral, que formaba parte del acuerdo al que llegó UPyD con FSA, ha comenzado sus trabajos en marzo, con el firme propósito y la seguridad de que fruto de ella se contará con una nueva ley electoral asturiana, más justa y proporcional, antes de finalizar este año. (http://weblogs.upyd.es/asturias/2013/03/07/la-comision-para-la-reforma-de-la-ley-electoral-asturiana-impulsada-por-upyd-contara-con-once-expertos/).

No será el único logro. La transparencia ya ha alcanzado cotas impensables hasta ahora en Asturias. El Gobierno asturiano y el Parlamento regional son los primeros de todo el país que hacen públicos sus ingresos y kilometraje de los diputados autonómicos. (http://www.lne.es/asturias/2013/03/23/diputados-regionales-facturan-millon-kilometros-ano/1386861.html). Como es evidente, esto ha ocurrido en Asturias y no en Murcia, Galicia o Andalucía, no por casualidad. Es el efecto UPyD.

A IU le quedan 3 años (aunque es muy probable que algo menos), para intentar que su paso por el gobierno andaluz esté a la altura de la enorme oportunidad que le dieron los andaluces en marzo de 2012. Tiene la ocasión de oro para acabar con ese rodillo que denunciaron durante décadas. Puede aprovechar su poder para forzar una ley electoral proporcional y justa que mejore la representatividad de la voluntad ciudadana. Puede introducir transparencia y democracia en el santuario socialista. Puede levantar las alfombras, al menos de las consejerías y empresas públicas que controla y hacer limpieza. ¿Cuántos expedientes, cuantos contratos menores, cuantas adjudicaciones directas, cuántos negociados sin publicidad, cuántas contrataciones de personal, cuántas liquidaciones de gastos tiene a su disposición en los archivos…?

Si quiere, puede, pero mucho me temo que ni quiere ni querrá, que tendremos que esperar a la próxima legislatura, cuando UPyD condicione la política andaluza para hacer el trabajo que IU no está queriendo hacer ahora. Y que nadie piense que es revanchismo u obsesión, se trata del convencimiento de que ninguna recuperación económica, ningún futuro es posible sin la regeneración democrática y la racionalización de lo público, y si en alguna región esta necesidad adquiere carácter de urgente es en Andalucía, por donde desde 1978 hasta hoy han pasado 6 presidentes y un solo partido.

ANDALUCÍA Y EL NACIONALISMO

Sólo los más viejos han conocido situaciones en Andalucía peores que las que estamos viviendo en este 2012.

Los andaluces tenemos muchas razones para estar preocupados, seriamente preocupados. La tasa de paro en el tercer trimestre ha llegado al 35,42%, lo que supone casi un millón y medio de desempleados (exactamente 1.424.200). Esta es la mayor tasa de paro de la historia de Andalucía, superando en más de un punto el record histórico de 1994. Los datos más dramáticos, lejos de atenuarse, se agudizan. Ya superan las 750.000 (757.600) las personas que llevan más de un año buscando trabajo y son 456.600, muchos más que la media española, los hogares con todos sus miembros en paro.

En cuanto al tejido empresarial, operan en Andalucía (58,4) unas diez empresas menos por cada mil habitantes que por término medio en el conjunto del país (68,9), muy lejos niveles de Cataluña (79,8), Islas Baleares (78,6), Comunidad de Madrid (77,3) o País Vasco (75,8).

Es innegable que existen innumerables razones para estar indignados. Sólo tenemos que salir a la calle para tropezarnos con centenares de ellas en cada esquina, en cada barrio, en cada centro asistencial….

Pese a ello los andaluces no hemos recurrido a buscar a culpables externos de lo que nos pasa. Al pueblo andaluz se le puede acusar de muchas cosas, entre otras y posiblemente la más grave, de haber mantenido durante 30 años en el poder al mismo partido y con él a su régimen, su orden de cosas y su sistema de sedación controlada de la sociedad civil y la actividad económica, pero no se le puede acusar de incoherencia, deslealtad o estrechez de miras.

Los andaluces llevamos milenios siendo invadidos pero nunca conquistados, pues siempre hemos acabado conquistando a nuestro invasores y haciéndolos parte de nosotros, sólo hay que darse una vuelta por la Costa del Sol, por el Albaicín, por el poniente almeriense, para comprobar lo que significa integración.

Los andaluces hemos vivido en nuestra historia reciente episodios que nos podrían haber llevado a un nacionalismo reaccionario y desleal, algo que nunca ha ocurrido porque en esta tierra estamos vacunados contra esa enfermedad desde la época tartésica.

Uno de estos acontecimientos fue la implantación de la Ford Motor Company en la ciudad de Cádiz, entre 1919 y 1923. En aquella ocasión, la decisión de implantar una fábrica Ford en la capital gaditana dependió de un directivo americano, quien prefirió realizar la inversión en Cádiz en lugar de en Barcelona porque aquí «hay abundante mano de obra y la ciudad está libre de problemas laborales», según reza en un texto de los archivos de la firma, investigado por Manuel Martínez. En aquellos tiempos Ford estaba interesada en implantarse en un importante puerto español por su situación geoestratégica, para suministrar la zona sur de Europa y norte de África. El 26 de marzo de 1920 nació la Ford Motor Company, Sociedad Anónima Española, con un capital de medio millón de pesetas. Durante los tres años que la firma americana ensambló en Cádiz las piezas de sus coches, la relación entre la multinacional y los 300 gaditanos empleados fue perfecta. El 5 de abril de 1920 salió el primer coche Ford montado por los gaditanos y en el primer ejercicio se alcanzó una media de producción de unos 30 vehículos al día. El personal de la fábrica cobraba entre 12 y 24 pesetas y, como novedad en la época, podía invertir hasta un tercio de su salario en acciones de la empresa. El final de la historia la precipitó el Ministerio de Hacienda español (si espanyol, perquè Espanya ens roba també a nosaltres), según narra Martínez en su libro, que no quiso respetar el acuerdo que beneficiaba a la firma norteamericana con exenciones de impuestos propias de una Zona Franca (entonces, Depósito Franco). Los desencuentros con la administración pública española y una mejor oferta de Barcelona, donde todo fueron facilidades, terminó con la marcha de Ford a la Ciudad Condal.

El caso de Málaga fue mucho más sangrante. Como explica Juan Antonio Lacomba, en 1831 se construyeron en Málaga los primeros altos hornos así como instalaciones de afinado que llegaron a dar trabajo a 2.500 personas y que constaban en 1848 de tres altos hornos, veinticuatro hornos de afino, varios hornos para recalentado y tratamiento de hierro, cobre y otros metales, talleres de laminado, construcción de máquinas, etc. En su mismo recinto surgió una importante industria química que fabricaba ácido sulfúrico. Junto a la actividad siderúrgica, el textil se convirtió en el otro gran pilar del desarrollo económico, con la “Industria Malagueña S.A.” dedicada a la fabricación de hilados y tejidos de algodón, lino y cáñamo seguida, diez años después, de una segunda fábrica algodonera “La Aurora”, como buques insignia. Junto a ellos otras factorías completaron el panorama industrial: la litografía, los curtidos, las pinturas, la sombrerería y toda una serie de industrias alimentarias entre las que las azucareras, los vinos y los licores ocupaban un lugar preferente. En esos años la provincia de Málaga ocupaba en concepto de contribución industrial el segundo puesto en el conjunto de la economía española, por detrás de Barcelona, y se situaba a la cabeza o en posiciones muy destacadas, en sectores de tanta relevancia como la química, la siderometalúrgica y construcciones mecánicas. Posteriormente, ya en el primer tercio del siglo XX, se convirtió en un gran centro de refino, envasado y exportación de aceite de oliva, arrastrando con ello al sector de la fabricación de envases. De igual modo, la metalurgia y las construcciones mecánicas se encontraban en plena actividad. Además de múltiples talleres se crearon importantes empresas como: "La Unión", la "Vers" y la Sociedad Minero-Metalúrgica "Los Guindos", dedicada a la fabricación de plomo. La actividad química se convirtió en el pilar básico de la estructura industrial malagueña de estos años, de la mano de los abonos minerales, y más específicamente de los superfosfatos, se creó una nueva industria química moderna: Unión Española de Explosivos, CROS y San Carlos, que aportaron en estos años una de las partidas más importantes de la balanza comercial malagueña.

No sería justo echar toda la culpa de la paulatina y absoluta desindustrialización que a lo largo del siglo XX sufrió la provincia malagueña a la dictadura de Franco, al centralismo madrileño, a la economía programada que decidió que al textil se debía dedicar Barcelona y a la siderurgia el País Vasco, y que los malagueños mejor se ocupaban del turismo, de servir copas y hacer camas porque tenían más gracejo. No sería justo porque seguro que los malagueños también tuvieron parte de culpa de lo que pasó y porque el turismo ha llegado a ser afortunadamente el pulmón económico no de Málaga sino de toda España, pero debemos coincidir en que si esta tierra no hubiera estado vacunada de la enfermedad del nacionalismo sí habría sido esa la única explicación, el único culpable “exterior”.

Como éstos hay centenares de ejemplos que jalonan la historia y el territorio andaluz, y que en conjunto pueden explicar parte de la situación actual, pero que jamás los andaluces hemos utilizado como coartada para buscar afuera las causas de nuestras propias miserias.

Y no lo hemos hecho porque sería injusto, desleal, de muy cortas miras y sobre todo falso. El sentimiento nacional andaluz es lo que es, un sentimiento, y como tal se expresa en la cultura o en el arte, y no se lleva al terreno de la organización política. Y eso ocurre porque este pueblo sabe que para hacerlo tendría que violar la racionalidad, que en un sentimiento nunca va a encontrar una solución a sus problemas, porque sabe que juntos somos más fuertes y que lo que toca ahora es construir Europa. Y que ningún malnacido piense que a ello obedece un sentido parasitario de la vida, que no recuerde ni el manido PER ni a las gallinas y sus pitas pitas, porque aunque los mecanismos de control deben ser rediseñados y los criterios replanteados, alguien puede tener la tentación de recordar que la minería del carbón o el sector del automóvil llevan acumulando durante décadas subvenciones públicas que superan con creces las recibidas por el mundo rural andaluz o extremeño.

Porque digan lo que digan los profetas mesiánicos, la realidad es que en Andalucía en estos momentos hay 2.597.000 personas trabajando, pagando impuestos y cotizando a la Seguridad Social y en Cataluña 840.400 personas paradas, a las que el Estado garantiza sus necesidades básicas, subsidia y ayuda, y a ningún cretino se le ocurre decir que esos 2.597.000 andaluces mantienen a esos 840.400 catalanes, porque no es cierto, igual que tampoco mantienen a los parados andaluces, murcianos o gallegos, porque todos, uno a uno, contribuimos a ese fondo común de contingencia que son la Hacienda Pública o la Seguridad Social españolas y todos lo hacemos de igual forma en la medida en que sólo de forma individual somos sujetos de derecho, contribuyentes, administrados, ciudadanos libres e iguales (perdón, todos no, los españoles que habitan en el País Vasco y Navarra por no se sabe bien qué leches de privilegios ancestrales anacrónicos que ni PP ni PSOE quieren revisar, se salen de la cuenta común).

En 1986 cuando se formalizó la entrada española en la UE, los criterios que aplicaron al conjunto nacional y que han permitido a España beneficiarse de los fondos comunitarios de desarrollo regional, fueron los que fueron porque se tomó la media nacional, media de la que se escapaba Cataluña por arriba, por lo que de haber sido independiente en 1986 no habría recibido una sola pela, de las que también han regado los campos, las comarcas o las veguerías catalanas durante estos años.

Y así las cosas, como esa familia pobre y numerosa preconstitucional que con el esfuerzo de todos consiguió pagar los estudios del hermano mayor a expensas de que el resto se quedara en casa ayudando a la economía familiar, tenemos que presenciar ahora como el hermano médico funcionario del Estado y con consulta privada, pretende olvidar sus orígenes, ignorar que lo que consiguió lo fue por el sacrificio de todos y apartarse del resto haciendo como que no nos conoce.

Sea por convencimiento propio o por que haga las cuentas mejor y compruebe que no le interesa renunciar a la hacienda familiar, a la finca del pueblo y a cualquier otra cosa que pudiera heredar, evidentemente esto no puede ser, ni va a ser, pero para asegurarnos de ello, en esta tierra cuna de Averroes o de Trajano tendremos que patentar nuestras vacunas contra el nacionalismo y empezar a producirlas en serie, distribuirlas por toda España, y de camino mandar un buen cargamento, lo paguen o no, a la Alemania nacional-liberal de la señora Merkel.

DOS PACTOS

Recientemente se han producido dos pactos, uno de legislatura y otro de gobierno, uno en Asturias y otro en Andalucía, en ambos una de las partes es la forma mutante del PSOE regional (FSA-PSOE y PSOE-A), y la otra parte en Asturias es UPyD y en Andalucía IULV/CA.

Hay diferencias notorias entre ambos.

El pacto PSOE-Andalucía - IULV/CA tiene título, se llama “Acuerdo por Andalucía”, tiene portada, tiene índice, subtítulos en color verde, un buen interlineado y 75 páginas, 75 páginas entre las que no hay una sola idea nueva, ningún espíritu reformista, ningún intento de transformar la sociedad. Se trata de un documento cargado de buenas palabras, intenciones y territorios comunes, entre los que aflora inevitablemente la carga ideológica, aunque más su cáscara que su yema: la banca pública, las políticas activas de desempleo que alegrarán las pajarillas del bisindicalismo oficial, la igualdad de género del lobby de las miembras que tiene a un hombre justo como el juez Serrano inhabilitado y a miles de padres clamando por ver a sus hijos…

Un despliegue de más de lo mismo. Un esfuerzo por mantener una sociedad en los términos que la han traído hasta aquí. Una arquitectura conservadora, porque se basa en conservar el orden de cosas establecido, ese que permite el mantenimiento del atraso social secular y unos mismos políticos gobernando también secularmente. La economía y el empleo encabezan el acuerdo como no podía ser de otra forma, pero sólo en forma de palabras, palabras, palabras… La palabra “público” 69 veces, la palabra “igualdad” 36… La palabra “regenerar”, ninguna, la palabra “fusión” ninguna, la palabra “diputación” ninguna, la palabra “duplicidades” ninguna, el acrónimo “ERE” o la palabra “reptiles” ninguna, la palabra “eliminar”, dos veces, una para referirse al fraude fiscal y otra a la burocratización del trabajo del profesorado.

El acuerdo dedica 18 párrafos al título “Avanzar en Democracia. Transparencia, Participación Ciudadana y Ética en el ejercicio de lo público”. Se trata de medidas ambiguas, que firmarían el PSOE, el PP o cualquiera, porque no les compromete a nada. Se plantean grandilocuentes leyes, como la de Participación Ciudadana o la de Transparencia, grandes gestos como la Carta de Derechos de la Ciudadanía…, todos ellos carne de campaña publicitaria institucional, carne de bombo y de platillo, carne de vacío, de nada. El escepticismo no es una opción, es casi una obligación.

Resulta obvio que su redacción fue encargada a algún prohombre o alguna promujer de la mercadotecnia socialista y que pasaron el borrador a IU (éste no se filtró), para que introdujera alguna de sus obsesiones, siempre que fueran admisibles para el hermano mayor. Así brotó ese chiste de la “creación de una entidad financiera pública, social y ética”, aunque también, hay que reconocerlo, un tímido destello de coherencia con su historia, cuando se refiere a la creación de un grupo de trabajo para estudiar la reforma de la ley electoral andaluza.

Se firmó el 18 de abril, un mes antes que el asturiano, porque también resulta obvio que en su redacción hubo poco que negociar. Estaba lista mucho antes de que se cerrara el verdadero acuerdo, el del reparto, ese que sí hubo que negociar y que al final ha derivado en tres consejerías y la vicepresidencia de conocimiento público, y ni se sabe cuántos otros carguitos de conocimiento más restringido, aunque es de esperar que hayan sido más discretos que lo fue Madrazo con el PNV, aunque tampoco es  necesario porque en el PSOE andaluz no hay ningún Aguirre (http://www.youtube.com/watch?v=MlsyXP0OatQ).

El pacto de legislatura entre FSA-PSOE y UPyD se firmó un mes después porque hubo mucho que negociar, tiene sólo 15 páginas, no tiene portada, ni índice, ni letras de colores, los publicistas no lo han visto ni de lejos. Sólo hay contenidos, desde luego no todos los que UPyD hubiera querido, pero es lo que tiene llegar a acuerdos.

Este documento no empieza hablando de economía y empleo, sino de modelo territorial, y continua haciéndolo, en 31 párrafos, de Calidad y Regeneración Democrática. Este documento habla de fusión de municipios, de reforma de la ley electoral, de ciudadanía. En este documento aparece varias veces el verbo “eliminar”, la palabra “regeneración”, la palabra “duplicidades”. Porque en este acuerdo UPyD ha forzado a la FSA a acometer la transformación de las cosas, a revisar el modelo, a propiciar reformas de calado, a no conformarse con lo que se ha sido y se es.

En este texto se habla de transparencia para referirse a compromisos concretos como el de “transparencia en el nombramiento, cese y retribuciones del personal de confianza de los cargos políticos” y cuando se refiere a la aprobación de una Ley de Transparencia, se precisa lo necesario para que no se quede en un gesto “La aprobación de una Ley Autonómica de Transparencia y Acceso a la Información Pública que establezca como principio general el que toda la información registrada de cualquier forma, elaborada o recibida y en posesión de las autoridades, es pública, pudiendo únicamente limitarse el acceso a los mismos para proteger otros derechos e intereses legítimos legalmente tasados que puedan claramente prevalecer sobre el derecho fundamental a la información”.

En este acuerdo se trata de la corrupción, y se menciona el caso Marea explícitamente: “Por eso ambas fuerzas políticas se comprometen a apoyar la creación de una Comisión de Investigación en el seno de la Junta General del Principado en relación con el “Caso Marea”, que evalúe cómo han venido desarrollándose los procesos de contratación en el ámbito de las Administraciones Públicas del Principado de Asturias, determine la posible existencia de responsabilidades y proponga, en su caso, las modificaciones legislativas correspondientes para garantizar, en el ámbito de la contratación de las Administraciones Públicas, la libre concurrencia, la eficiencia, el control, la procedencia y la transparencia en todos los procesos”.

Este documento trata el empleo y la economía, como no podía ser de otra forma, pero lo hace sin brindis al sol, desde la sensatez, el conocimiento y sobre todo, y lo que es más importante, desde el respeto a los ciudadanos, a los que no trata como menores, a los que no pretende engañar, ante los que no caben disimulos.

Estas 15 páginas del acuerdo asturiano son todo lo que hay, no sirven para enmascarar ninguna otra cosa, no hay nada oculto entre bambalinas, no ha habido ninguna otra cosa que negociar, no ha habido, ni hay, ni habrá, nadie a quien colocar. Este acuerdo es la declaración de intenciones de un partido pequeño que entiende que comprometerse a permitir la gobernabilidad de una Comunidad Autónoma no es ofrecer cheques en blanco y el límite a que ha sido capaz de llegar un partido grande e histórico que ha visto por primera vez en su historia que para seguir estando en el gobierno deberá empezar a estar a la altura de las circunstancias, de lo que se espera de los representantes políticos de los ciudadanos.

En Asturias a UPyD ahora le toca vigilancia, control y proactividad en la regeneración democrática.

En cambio a UPyD en Andalucía le toca vigilancia, control y proactividad en la regeneración democrática.

Sí, lo mismo, porque desde dentro o desde fuera del Parlamento, las cosas que hay que hacer son las cosas que hay que hacer, y si no existiera UPyD seguirían siendo las cosas que hay que hacer y alguien debería hacerlas.

ELECCIONES ANDALUZAS Y PEDAGOGÍA

Pasada una semana de las elecciones andaluzas, cuando el ardor electoral se ha atemperado, quizá es momento de reflexionar sobre los resultados con una cierta distancia.

El PSOE ha perdido 67.000 votos con respecto a lo obtenido en noviembre y 655.000 con respecto a las autonómicas de 2.008, mientras que el PP ha perdido 414.884 y ganado 243.000 respectivamente. Por otra parte IU ha ganado 78.000 votos con respecto a lo obtenido en noviembre, el mismo número que ha perdido UPyD, aunque con respecto a 2008, IU ha ganado 120.000 votos y UPyD 101.000. En su casa se han quedado 652.000 andaluces más que en 2008 y 518.000 más que en noviembre. Los votos en blanco y nulos han sido 19.000 menos que en 2008 y 41.000 menos que en 2011. En definitiva, con un 25% de los votos de IU, UPyD ha obtenido 0 representantes frente a los 12 de esta coalición. Con una ley electoral justa habrían sido 4 los representantes obtenidos.

Lo primero que necesito decir es que me indigna y me aburre el análisis simplista que inunda periódicos y tertulias, radiofónicas, televisivas, de barras de bar y de redes sociales, que viene a concluir que el resultado es fruto del voto cautivo, el PER y la mentalidad subsidiada del andaluz. Ya está bien de repetir este mantra, algo que el PP lleva haciendo 20 años y cuyos resultados saltan a la vista: y es que además de perpetuar un distanciamiento de la sociedad andaluza, herida en su orgullo con este tipo de aseveraciones, es una distracción que no hace otra cosa que desviar la atención del problema real: la mentalidad cautiva, no necesariamente clientelar.

Claro que en Andalucía existe un peso enorme del sector público, del que más de una cuarta parte del electorado vive directamente, cierto que las subvenciones mantienen buena parte del mundo rural, como en el resto de España, y cierto que el convencimiento de que Papá Estado está obligado a mantenernos y el esfuerzo individual no es un valor en alza, son realidades incontestables, pero reducir a ello la explicación de lo sucedido es un simplismo que no nos deberíamos permitir.

Que las medidas tomadas por Rajoy han pasado factura a Arenas es obvio, aunque casi tanto como las engañosas encuestas que han dado una falsa confianza a su electorado, que los efectos de la corrupción socialista han sido mínimos en una sociedad ya inmunizada y desgraciadamente en su parte proporcional tan moralmente corrupta como sus dirigentes, y que IU ha sido la válvula de escape de ese descontento de la izquierda, también es evidente.

Pero, ¿qué le ha pasado a UPyD? Pues lo que tenía que pasar: en UPyD somos tan insensatos como para decir y hacer cosas tan necesarias como revolucionarias y ello requiere una permanente labor de pedagogía que intentamos hacer compatible con la precampaña y campaña electoral, lo que comporta una enorme dificultad. Pedir el voto suele ser cosa de publicistas, de mensajes cortos, sencillos y fácilmente digeribles, y el mensaje de UPyD necesita explicación, una explicación que mucha gente no está dispuesta a escuchar y sobre todo una explicación que necesita canales que tenemos prácticamente cerrados. Hay un dato incuestionable y rotundo: en el cociente “número de votos / número de minutos en televisión”, UPyD ha arrasado.

Tampoco debemos quitarle peso a la influencia de la sinceridad: UPyD ha dicho sin tapujos que el sector público andaluz está sobredimensionado y es inviable, y no hemos mentido garantizado el mantenimiento de esos casi 30.000 puestos de trabajo, como sí han hecho otros. Una parte importante de esos 200.000 votos inducidos (empleados y familiares directos), tendrán que ver como en estos años buena parte de esos puestos de trabajo que no se pueden mantener se perderán, y ninguna IU, ningún PSOE, podrán evitar esa sangría, digan lo que digan ahora.

Por último su importancia ha vuelto a tener la farsa del voto útil. Muchos votantes que se creen de izquierdas pero entendían la necesidad de echar al cleptopesoe han pensado que estaban obligados a votar al PP aunque fuera con las dudas del infiel o del monaguillo onanista y otros que evitar la entrada de la derecha, pues para algunos cofrades de la izquierda ésta tiene cuernos y rabo, les obligaba a votar al PSOE o a IU aunque fuera con guantes de látex, pinzas en la nariz y autoengaño freudiano. Lo del voto útil da para una tesis: desde una perspectiva numérica, por ejemplo, si 17.000 votos del PP en Córdoba hubieran ido a UPyD éste habría conseguido un parlamentario que habría perdido IU y el PP habría conservado sus 5, si esto se hubiera repetido en otras provincias el resultado final habría sido muy diferente y desde una perspectiva conceptual, ya nos dirán lo útil que deben sentir su voto los que votaron al PP pensando en que no subiría impuestos, instaría a la ilegalización de BILDU o sería implacable contra el fraude fiscal… Muy útil parece que no ha sido.

En resumen, aunque cada uno de los ciudadanos se esté planteando permanentemente las cuestiones que hicieron nacer a UPyD, aunque en familia y cafés de oficina, se den a sí mismos las razones que UPyD esgrime, la inmensa mayoría no llega a enterarse de lo que este partido propone, salvo que casualmente se tropiecen con un reparto callejero o tengan la osadía de acudir a un acto público que posiblemente ni se enterarán que se celebra porque no se anuncia más que en internet o en repartos callejeros de pasquines, como en los viejos tiempos de la democracia, en los que los impagables voluntarios de UPyD se vuelcan con toda su ilusión.

Por ello, porque la base de la proposición de UPyD consiste en exponer que tenemos que defender ideas frente a ideologías, en explicar que estas últimas no resuelven más problemas que los que crean, en romper con esa falsa creencia de que la defensa de los intereses propios se hace mejor desde Sevilla que desde Madrid, en decir que los sentimientos regionalistas no tienen nada que ver con la política racional, y porque nos obsesiona devolver al ciudadano su conciencia de libertad, de responsabilidad, su autoestima, exigirle la reflexión, el criterio y el libre albedrío, y sobre todo porque todos estos conceptos no caben en un eslogan y necesitan cierta pedagogía, nuestra empresa es magnífica, y como toda gran empresa tiene dificultades.

La base ya es muy sólida, las raíces están bien hundidas y el crecimiento es irreversible. La empresa tiene asegurado su éxito porque la mecha se ha encendido y la explosión magenta es inevitable, pero la pedagogía democrática sigue siendo imprescindible, y necesita docentes y pizarras. Los primeros son todos y cada uno de los simpatizantes, afiliados y representantes públicos de UPyD, todos los que entienden la importancia de lo que nos queda por hacer, todos los que se sienten concernidos por este compromiso ciudadano, ni mucho menos partidista. Las pizarras deben ser los plenos de los ayuntamientos donde estamos, los espacios que seguiremos demandando en los medios de comunicación, las redes sociales, los centros de trabajo y sobre todo las calles, donde UPyD debe seguir interactuando con la gente. En las próximas autonómicas en 2016 volveremos a no estar en el debate televisado, volveremos a tener un Canal Sur que ignorará el mandato judicial y que nos evitará por todos los medios, volveremos a tener pocos recursos económicos, volveremos a tener poco lugar en una prensa en la que no contrataremos espacios publicitarios y en unas cadenas de radio en las que no se oirán nuestra cuñas comerciales, pero seguiremos teniendo la convicción de que nuestra presencia es necesaria y seguirá existiendo la necesidad de que alguien en el parlamento andaluz actúe anteponiendo los intereses de los ciudadanos a los de su partido. Eso no lo podrán cambiar.

Haremos pedagogía y política durante cuatro años. El tándem bipartidista bien hará en preocuparse, aunque mejor haría en comportarse y hacernos innecesarios.

FUNCIONARIOS vs EMPLEADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS

En el sur de este país de trincheras y luchas fratricidas se ha abierto otra brecha, otro enfrentamiento entre dos colectivos, que no ha tardado en pervertirse por la manipulación política aunque no fuera el deseo de sus protagonistas, y ya han conseguido otra caricatura maniquea de las dos Españas. Se trata de los funcionarios de la Junta de Andalucía y el personal de las empresas públicas que el PSOE ha pretendido agencializar y colar por la puerta de atrás en la Administración autonómica.

Los primeros andan de naranja por las calles, tras once meses de lucha, denunciando la huída del derecho administrativo y la administración paralela engendrada por el socialismo andaluz, con la satisfacción de haber logrado parar por vía judicial la puesta en marcha de las distintas agencias.

Los segundos, dicen que 26.000, andan perplejos, con el estigma de “enchufados” y sintiéndose injustamente tratados por los funcionarios de carrera. No es cierto que el 100% de esos 26.000 sean afines al PSOE, pues muchos han conseguido su puesto mediante procesos de selección sin que les preguntaran su afinidad política.

La inevitable simplificación y permanente politización que sufrimos en este país, ha dado lugar a que a los primeros se les ataque llamándolos instrumentos del PP y a los segundos enchufados del PSOE, pero cualquiera que se haya tomado la molestia de conocer el problema e interactuar con las asociaciones y sindicatos independientes de funcionarios o con los no tan organizados ni beligerantes trabajadores de las empresas públicas y agencias, habrá podido comprobar que la realidad es mucho más compleja, que asociar a los funcionarios con el PP es tan ridículo como asociar a la mayoría de los empleados de las empresas y agencias con el PSOE. Sólo son personas, ciudadanos, preocupados por su trabajo, por su vida, y también por la marcha de la cosa pública.

En el programa de UPyD para Andalucía le damos la máxima prioridad a este asunto, y por eso proponemos sin matices derogar la Ley 1/2011 de reordenación del sector público de Andalucía y abordar un plan de simplificación administrativa, que bajo criterios de eficacia y eficiencia, mantenga exclusivamente aquellos organismos que sean imprescindibles por suponer una mejor forma de gestión. El plan incluirá la reducción significativa de un sector público andaluz sobredimensionado, suprimiendo las Empresas Públicas y enajenando las participadas cuyas actividades estén cubiertas por empresas privadas.

Lo que el sector privado puede hacer más eficazmente y de forma más racional lo debe hacer el sector privado. La Junta no puede ser empresaria. Lo que sólo desde la Administración, desde el derecho administrativo debe abordarse, para garantizar la independencia, la objetividad y la salvaguarda del interés general, ni lo pueden hacer empresas privadas, ni empresas públicas: esas tareas deben volver al funcionario.

Por lo tanto no deberían preocuparse los trabajadores de las empresas públicas que tienen trabajo, pero trabajo de verdad, no un “puesto de trabajo”. Puesto de trabajo tienen los 26.000, pero trabajo sólo una parte de ellos. Los que tienen trabajo real y necesario seguirán trabajando. En algunos casos lo harán directamente en una Administración redimensionada que deberá sacar las plazas necesarias para abordar tareas propias de la función pública, en otros lo harán en las empresas privadas que cubrirán de forma más eficiente el vacío dejado por esta gigantesca administración paralela y los menos lo seguirán haciendo en aquellas empresas públicas que permanezcan porque se justifique que las dos soluciones anteriores no son viables.

Los que sí se tienen que preocupar son los paseadores de pasillos, miradores de paredes, encadenadores de cafelitos, esos que están pero que jamás estarían en las empresas privadas porque éstas no se lo pueden permitir, los tengan que indemnizar con 45 o con 20 días. Esos que tienen un puesto de trabajo injustificado e injustificable, enchufados o no. Y por supuesto más aún se tienen que preocupar esos exalcaldes socialistas u otros miembros del partido que el 20 de mayo perdieron su plato de habichuelas (de tienda gourmet) y papá Griñán los recolocó de asesores, adjuntos a no se sabe qué, gerentes iletrados, y ahora ocupan despachos y coche oficial, cobran dietas y sueldos que hacen sonrojar a cualquier biennacido. Esos deben ser despedidos y miraremos en sus cajas y maletines para asegurarnos que ni una grapadora se llevan.

¿Y los funcionarios tienen que estar tranquilos o preocuparse? Pues igual, los que trabajan, los que saben que es un honor servir a la ley y a los ciudadanos, en absoluto. Los otros, los de los chistes de Forges, que también los hay y muchos, ya se pueden empezar a preocupar. Quizá, sólo quizá, no puedan ser expulsados de una Administración que no merecen, pero por fin los vamos a poner a trabajar. Ya está bien que los buenos funcionarios tengan que hacer su trabajo y el de dos compañeros vagos que consideran que cuando aprobaron la oposición ganaron el derecho a cobrar por no hacer nada. Ya está bien que los empleados de las empresas públicas tengan que hacer el trabajo de funcionarios vagos, incapaces de salir una tarde de fútbol a hacer una inspección ganadera o ambiental de urgencia, por poner un ejemplo, cuya acta tienen que firmar a posteriori sin saber lo que firman, y luego se pongan la camiseta naranja y salgan a la calle a gritar que los enchufados los dejan sin trabajo.

UPyD en su programa incluye de forma expresa afrontar con carácter inmediato y prioritario el desarrollo reglamentario en Andalucía del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por las Cortes Generales en 2007, articulando mecanismos de control objetivos que permitan valorar la productividad y evaluación del desempeño de los empleados, desarrollando una nueva Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y un plan de actuación para la reducción del absentismo que incluya las medidas disciplinarias que sea necesario aplicar.

Es inaplazable despolitizar la administración, devolver al funcionario la independencia y el poder que nunca debió perder. Si a los funcionarios se les garantiza un trabajo de por vida, si no están en el régimen general como el resto de trabajadores, es porque esa independencia es necesaria para eludir las presiones políticas, para ser únicamente servidores de la ley, no del político de turno. Por eso UPyD plantea un paquete de medidas concretas como eliminar los puestos de libre designación por debajo del nivel 22 limitándolos a ocho años en un intervalo de doce o restringir radicalmente el nombramiento de asesores.

En definitiva, UPyD no va a llegar al Parlamento de Andalucía para reírle las gracias al más votado, para optar a parcelas de poder, entendido como los viejos partidos lo entienden “poder administrar una Consejería u organismo, controlarlo y ponerlo al servicio del partido”. UPyD viene a darle una vuelta al calcetín, a cambiar profundamente todo lo que está podrido hoy, y lo estaba desde mucho antes que se publicara la Ley 1/2011 “del enchufismo”, todo lo que hace décadas que huele mal en una Administración que también ha contribuido, y de qué forma, a que sigamos en el furgón de cola del tren europeo.

EL VOTO ÚTIL ANDALUZ

Estamos cansados de decir que el voto a UPyD es el verdadero voto útil, el que se hace en positivo, no contra nadie, el que se hace sin taparse la nariz, al que se llega tras el análisis, la reflexión y el convencimiento de que se comparten los principios, el criterio y la opinión.

Pero en las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía a estas razones de fondo, esenciales, se unen razones de estrategia y oportunidad política, esas que a los miembros de UPyD tan poco nos gusta esgrimir.

Creo que ni los socialistas de convicción más pétrea, cuando piensan en solitario, pueden estar en desacuerdo con la idea de que en Andalucía hace falta un cambio. Las alfombras de la Junta levantan ya varios palmos del suelo de tanta inmundicia escondida durante treinta largos años. Los ERE,s y su fondo de reptiles, los devaneos de los familiares de Chaves, las empresas públicas cargadas de exalcaldes iletrados con coche oficial..., son sólo la punta de un iceberg alimentado durante décadas por los glaciares del clientelismo. La omnipresencia de la Junta y por ende del partido, tanto se ha confundido lo institucional con lo partidista que mucha gente ni los distingue, en la vida económica y social de Andalucía ha llevado a ésta a un punto inmediatamente anterior al de no retorno. Generaciones de andaluces que han perdido la autoestima y no se creen capaces de sacar sus vidas adelante sin la ayuda del Estado, generaciones de PYMES nacidas de la subvención no del espíritu emprendedor, un montaje con pies de barro que ya no puede seguir en cartel. La función ha terminado, nadie quiere seguir mirando la pantalla comiendo palomitas. Hay que salir del autoengaño colectivo, sí o sí.

Por lo tanto es prioridad absoluta que el PSOE no pueda seguir desgobernando esta Comunidad y acabe de convertirla en un erial en el que los andaluces ya no pueden ni quieren pacer. Este prioridad de forma realista pasa porque el PP gane las elecciones pues IU, como ya nos ha venido demostrando durante años, es capaz de vender su alma por una mariscada (Torrijos dixit).

Pero un PP libre de pies y manos es una auténtica temeridad. Arenas, el eterno candidato, no está dispuesto a ser alternativa, sino alternancia. Lleva muchos años soñando con hacer lo que sus oponentes socialistas han hecho delante de sus narices. Lleva mucho tiempo mirando esos pasteles detrás del cristal, sin poder olerlos ni tocarlos. El PP, allí donde gobierna ha demostrado ser más de lo mismo. Canal 9 en Valencia tiene tantos empleados como Antena 3 y Telecinco juntos. Esto es el PP, un partido acomplejado e “institucionalizado” (en la acepción aportada por la obra maestra del cine “Cadena Perpetua”). Nadie duda que al PP no le temblará la mano al proponer los “necesarios” recortes, y tampoco que para ellos lo fácil será recortar derechos sociales: los más débiles no se quejan con un volumen suficientemente alto. No se atreverán a reformar la ineficiente sanidad, recortarán servicios; no se atreverán a gastar más y mejor en educación, única vía para sacarnos del pozo secular, del vagón de cola del desarrollo, a medio y largo plazo, sí reducirán la calidad y pondrán en las espaldas del profesorado el estigma y la carga del sacrificio; y por supuesto no se atreverán a tomar las medidas que realmente necesitamos para reducir el déficit: evitar duplicidades, propiciar la fusión de municipios, eliminar la diputaciones recién conquistadas, combatir de forma decidida y sin paños calientes el fraude fiscal, poner en su sitio a la banca… No van a recortar ninguno de los privilegios políticos que nos cuestan 100, si recortarán los derechos ciudadanos que nos cuestan 10.

Por tanto, la segunda prioridad es que el PP gobierne controlado, vigilado, supeditado a la ciudadanía, condicionado por alguien que tenga amplitud de miras y sus deseos vayan más allá de uno o seis despachos oficiales y una partida presupuestaria para administrar.

Ambas prioridades, la primera, que no siga gobernando el PSOE, y la segunda, que el PP lo haga pero controlado y fiscalizado en todo momento, sólo tienen una solución: que UPyD tenga una representación importante. Por eso UPyD es el único voto útil en las próximas elecciones andaluzas.

Una extrapolación directa de los resultados del 20 N nos llevaría a dos representantes en la cámara andaluza, pero sin duda serán bastantes más. UPyD está demostrando a la ciudadanía una coherencia y rectitud a la que no estaba acostumbrada por parte de ninguna fuerza política. No nos vendemos por un sillón. Somos clave en muchos ayuntamientos y en ninguno formamos parte del gobierno (sólo en el que fuimos la fuerza más votada, Hernansancho, en Ávila), no aceptamos diputados prestados, enjuagues ni fraudes de ley para obtener un grupo parlamentario que es de justicia; donde estamos seguimos dando ejemplo, combatiendo los privilegios políticos a los que IU-PP y PSOE no quieren renunciar, rechazando coches oficiales, pensiones vitalicias, diferencias contributivas, entradas a los toros, dietas por asistir a consejos de administración y cualquiera de las múltiples formas que han convertido en casta a la dedicación política. Seguimos escribiendo lo que creemos, diciendo lo que escribimos y haciendo lo que decimos, y todo coincide porque simplemente no somos más de lo mismo y hemos nacido para cambiar las cosas.

Que nadie se engañe: UPyD quiere condicionar el gobierno del PP en Andalucía, pero no formará parte del mismo, ninguna Consejería, ningún Consejo de Administración, ningún poder va a despistarnos y variar un ápice nuestra convicción: reforma de la ley electoral y devolución de la educación al Estado a nivel nacional, a partir de ahí empezaremos a hablar.