CLIENTELISMO

No pretende este modesto artículo ser un tratado sobre clientelismo político, aunque sí provocar la reflexión sobre sus causas y lo profundamente arraigado que está en la cultura española.

Los casos concretos suelen ser los que mejor ilustran los conceptos. Todos conocemos decenas de situaciones de clientelismo. Yo os voy a describir uno real aunque me voy a guardar los detalles y datos concretos porque son innecesarios para lo que se pretende mostrar.

Imaginemos un pueblo rural del norte de Andalucía, un pueblo pequeño, trabajador, y relativamente rico, en el que la propiedad está relativamente bien distribuida. Rara es la familia que no tiene su buen puñado de olivos, lo que a una gran mayoría les permite una vida razonable, holgada, ligada a la agricultura, la producción de aceite de oliva y a los servicios que este motor económico induce, hasta el punto que no necesitan del turismo. Por este pueblo la guerra pasó como por tantos otros, dejando su cruda herencia de muerte, delaciones, agravios, odios, rencores y prejuicios que heredaron los hijos de los padres y que cuarenta años de dictadura sólo pudieron a duras penas contener. Llegada la democracia el pueblo se dividió casi diametralmente, no en PP y PSOE, allí siguen aún hoy siendo la derecha y los rojos o los fachas y los socialistas, según con quien te encuentres.

En este pueblo con aproximadamente 1.500 votantes censados desde las primeras elecciones democráticas se han dado los siguientes resultados en las elecciones locales (año 1979, UCD 62%, PSOE 34,5% y PCE 4%;  año 1983, AP-PDP-UL 56%, PSOE 44%; año 1987, AP 53%, PSOE 47%; año 1991 PP 53%, PSOE 48%; año 1995, PP 57%, PSOE 43%; año 1999, PP 50%, PSOE 33%, Independientes 18%; año 2003, PP 51%, PSOE 48%; año 2007, PSOE 52%, PP 48% y año 2011 PSOE 71%, PP 28%).

Es decir, hubo desde el año 1979 hasta el 2007 un dominio continuo de la “derecha”, que con mayor o menor holgura tuvo la mayoría necesaria para gobernar decantando la balanza hacia su lado. Soportó bien los años de la hegemonía de Felipe González e incluso en el peor año, 2003, preludio de la hecatombe nacional del PP, pudo conseguir un concejal más que el PSOE y mantener el control del ayuntamiento. ¿Qué pasó en 2007? ¿Qué los “socialistas” hicieron una muy buena campaña? ¿Qué el infausto recuerdo de 2004 seguía haciendo mella? ¿Qué el áurea buenista de Zapatero inundó sus hogares? Nada de eso ocurrió. Sólo pasó, créanme, que el alcalde popular de la legislatura 1999-2003, no cumplió su palabra y no contrató como auxiliar administrativo en el ayuntamiento a una joven miembro de una familia del pueblo que aportaba no menos de 50-60 votos. Una familia histórica de la derecha, de los que habían ganado la guerra, que en bloque y por pura venganza se pasaron al otro bando. El primer alcalde socialista de la historia del pueblo no desaprovechó la oportunidad, sus correligionarios en la diputación provincial y la Junta de Andalucía no lo dejaron tirado e inundó el pueblo de subvenciones, reformas de casas, cursos de formación para mujeres desempleadas, actividades socioculturales, etc., incluso ZP echó una mano con su Plan E. Toda la maquinaria clientelar socialista se puso en marcha con el objetivo de asentarse en esa plaza conquistada y bien que lo hizo, en 2011 arrasó con un 75% de los votos.

Lo que ha ocurrido en este pueblo, el clientelismo defraudado, el clientelismo reactivado, el clientelismo bien o mal gestionado, es la historia viva de Andalucía y toda España.

Y en este mar pretende UPyD pescar votos, y lo que es más difícil, lo pretende hacer combatiendo el clientelismo, apelando a la conciencia crítica, al libre albedrío, al voto reflexivo, al despertar de la conciencia ciudadana…. Nos queda hacer mucha más pedagogía que política, pedagogía democrática elemental, la que nadie ha hecho durante estas casi cuatro décadas. Es duro, muy complicado pero necesario. No merece la pena ni tan siquiera tener la tentación de poner en práctica eso que demostradamente funciona para conseguir votos, serían votos con valor numérico pero sin valor real para cambiar todo lo que hay que cambiar, no serían el aval de ninguna transformación.

Durante la campaña de las elecciones al Parlamento Andaluz en marzo de 2012, fueron decenas de correos los de empleados de las empresas públicas andaluzas que se dirigieron a nosotros como votantes en las generales y que no entendían que planteáramos la reducción de todo el entramado de la administración paralela, proponiendo cerrar todas las empresas públicas que no fueran necesarias y cuya actividad estuviera ya cubierta por el sector privado. Se trataba de andaluces de buena fe que no comprendían que el partido al que habían votado en las generales les propusiera en lo personal una perspectiva tan gris. Nos escribían en la confianza de que les engañáramos y les dijéramos lo que querían oír, lo que oyen del PSOE e IU: que ningún puesto de trabajo se iba a tocar. Querían seguir siendo nuestros clientes, pero no hemos nacido para decir lo que es agradable oír, sino para hacer lo que hay que hacer.

En estos días, a raíz de la recogida de firmas para la ILP de Reforma Electoral de Andalucía, que nos está llevando a todos los miembros de UPyD a la calle, a forzar a hablar con amigos, compañeros de trabajo, vecinos y conocidos de política, y en mi caso, tras mi reciente entrada en el Consejo de Dirección del partido, personalmente he vuelto a constatar la terrible realidad ante la que se enfrenta nuestra democracia, los frágiles pilares que la sustentan. Muchos conocidos, medio en broma, medio en serio me preguntan: “¿Paco, y tú que sacas con todo esto?”. Esta pregunta se repite una y otra vez, unos se atreven a formularla, otros no, pero en sus cabezas ronda, me lo dicen sus ojos. Y cuando uno explica los principios y las razones que nos ha llevado a tantos a complicarnos la vida, a dedicar nuestro tiempo libre y empeñar algo más que tiempo en defender y hacer lo que pensamos que hay que hacer como ciudadanos comprometidos, uno tiene la certeza de que la mitad cree que les miento cuando lo explico y la otra mitad cree que me miento cuando lo hago,  que una rubia mala me ha obnubilado y que algún día despertaré y tomaré conciencia de lo que ellos ya saben, que ninguna otra política es posible, que los quijotes, los que buscamos Itaca cada día, nos acabaremos dando de bruces con la realidad, esa realidad de los corderos.

Que esperen sentados. Cuanto más profundizo, más claro tengo que no sólo es necesario, que no sólo es posible, sino que vamos a conseguir más pronto que tarde cambiar los mecanismos  mentales de esta sociedad inocentemente pervertida por tantos años de clientelismo.

 

De niño no me gustaban

los libros ni las sotanas

ni salir en procesión,

era tan desobediente

como el viento de poniente,

revoltoso y juguetón.

 

En vez de mirar pal cielo

me puse a medir el suelo

que me tocaba de andar,

y nunca seguí el rebaño,

porque ni el pastor ni el amo

eran gente de fiar.

 

Como aquel que calla, otorga,

y aunque la ignorancia es sorda,

pude levantar la voz,

más fuerte que los ladríos

de los perros consentíos

y que la voz del pastor.

 

Empecé haciendo carrera

por atajos y veredas

muy estrechas para mí,

y decían mis vecinos

que llevaba mal camino

apartado del redil.

 

Siempre fui esa oveja negra

que supo esquivar las piedras

que le tiraban a dar,

y entre más pasan los años,

más me aparto del rebaño

porque no sé a dónde va.

 

(José Domínguez Muñoz “El Cabrero”)

 

 

 

CUCHARA Y NI UN PASO ATRÁS

Susana Díaz dijo el pasado sábado a raíz del anuncio de Unión Progreso y Democracia de que el gobierno socialista de Asturias se quedaba en minoría por romper el pacto de legislatura suscrito, lo siguiente:

"Las reglas de juego en este país se tienen que decidir siempre entre todos y una mayoría no reforzada no puede imponer esas reglas de juego al conjunto de los demócratas".

El pacto firmado entre la Federación Socialista Asturiana y UPyD comprometía la reforma electoral si había una mayoría reforzada, y en este caso con 3 de los 5 partidos con representación en la cámara asturiana, esta mayoría hubiera estado garantizada, de no existir un pacto mucho más sólido que el firmado por los socialistas asturianos con UPyD, el pacto tácito que PP y PSOE tienen suscrito desde los albores de nuestra democracia, que viene a decir: "hagamos como que disentimos, debatamos en ciertos terrenos y con ciertos márgenes, pero respetemos una serie de líneas rojas: no toquemos una ley electoral que blinda el bipartidismo, no toquemos un sistema judicial politizado e intervenido, con las cuotas que en cada momento podamos negociar en base a la fuerza electoral circunstancial de cada uno, no toquemos una administración autonómica, provincial y local que nos permita alimentar nuestras respectivas redes clientelares internas y externas…", entre otros.

Pero lo que la presidenta andaluza ha querido decir de facto es que el  Acuerdo por Andalucía que firmaron PSOE Andalucía e IULV-CA en abril de 2012 es papel mojado y no piensa cumplirlo.

Ese pacto, de gobierno, no de apoyo para de legislatura como el asturiano, dice en su página 26:

Abordaremos la reforma de la Ley Electoral al objeto de mejorar la proporcionalidad en la representación parlamentaria, a cuyo fin constituiremos un Grupo de Trabajo que determine las posibilidades y límites de dicha reforma en el segundo periodo de sesiones.

Es decir, Susana Díaz, que considera que “una mayoría no reforzada no puede imponer las reglas de juego al conjunto de los demócratas", y considerando que IU con 12 diputados, sumados a los 47 del PSOE-A sólo suman 59, frente a los 50 del PP, entenderá que tampoco tienen esa “mayoría reforzada”. Por lo tanto, no cabe sino interpretar que para Susana Díaz esa página 26 del pacto con IU es prescindible, y no tiene ninguna voluntad de cumplir el compromiso adquirido.

La pregunta inmediata que surge es: ¿Tiene IU la voluntad de exigirlo?

Evidentemente no lo parece. Los sillones deben ser cómodos, las empresas públicas que controla, aunque pocas y sin muchos recursos en estos tiempos de vacas flacas, suficientes para alimentar al que tanta hambre ha pasado durante décadas, a esos parias de la tierra. Los asesores, los puestos de libre designación y las posibilidades de marketing (véase Ley de Función Social de la Vivienda, Banco Público de Tierras, Instituto Público de Crédito, y todos los Observatorios que sean necesarios, junto a otras medidas de propaganda de la economía planificada postsoviética), que las tres consejerías ofrecen a los “compañeros de barricada”, bien valen guardar los principios en el cajón durante un tiempo, si es que alguna vez estuvieron fuera de él.

Por eso, porque no podemos tener ninguna esperanza en que IU vaya a exigir nada al PSOE, es por lo que UPyD ha decidido pedir a al menos 40.000 andaluces (aunque seguro que serán muchos más), su ayuda para obligar a los grupos políticos con representación en el Parlamento andaluz a retratarse.

La Iniciativa Legislativa Popular para la Reforma de la Ley Electoral, que ha presentado UPyD y para la que está recogiendo desde el 9 de octubre firmas en toda Andalucía, no ha requerido un costoso “Grupo de Trabajo”, ni “comisiones de expertos con dietas y ayudas para el desplazamiento”. Sólo ha requerido voluntad política, un grupo de ciudadanos voluntarios y libres empeñados en mejorar la calidad democrática de Andalucía y cero euros. Es sólo un ejemplo de eficacia, de lo que se puede hacer cuando se dispone de convicción y ambición de país, de respeto a la ciudadanía, de ilusión de un futuro mejor para todos: no hay mayor incentivo.

No nos cabe ninguna duda de que ni IU ni PSOE piensan llegar a las elecciones de la mano, unidos por este matrimonio de conveniencia; no nos cabe ninguna duda de que han de escenificar una ruptura con cierto tiempo, si es posible con muebles por la ventana y algún plato roto, con mucho ruido; y no nos cabe ninguna duda de que el “desencuentro” acerca la reforma electoral andaluza es una excusa perfecta para ello.

Si IU quisiera regenerar la democracia andaluza no dudaría en hacer ya, sin demorar un sólo día, lo que ha hecho UPyD en Asturias, pero no lo va a hacer, porque no es esa su voluntad ni su objetivo. No han llegado al gobierno para cambiar la forma de hacer política, para levantar alfombras y abrir las ventanas sino para participar en la orgía de gasto público, para meter su cuchara, aunque corta y pequeña, pero cuchara al fin y al cabo, en esa olla común del ajo campero de viña. Cuchara y paso atrás, dice la atávica norma no escrita del campo andaluz, pero por ahora, cuchara y aguante, el paso atrás ni por asomo, que ha sido mucha el hambre pasada.

 

 

SUSANA DÍAZ Y LA CORRUPCIÓN

Susana Díaz ha decidido tomar la iniciativa mediática contra la corrupción. Fue el eje de su discurso de investidura y no pierde oportunidad de manifestarse contra ella, ante Rubalcaba o ante Rajoy, llegando incluso a tender la mano al PP proponiendo un pacto para no hacer política contra la corrupción del contrario, sino atajarla en todos los casos.

Es iniciativa mediática, bonitas palabras, propias de la factoría de marketing y escaparatismo del socialismo andaluz en el que se ha criado. Y lo es porque estas palabras no se acompañan con hechos, con medidas contundentes y definitivas, con actuaciones concretas para acabar de raíz con la impunidad actual que hace que tanto el corrupto aislado como la corrupción sistémica, campen a sus anchas.

Las palabras de investidura de la flamante presidenta de Andalucía fueron recibidas a las 24 horas por el incendio en el ayuntamiento de Los Palacios, en el que ardieron sus archivos, y con él las pruebas que podrían inculpar a su exalcalde, Antonio Maestre, número tres de la ejecutiva provincial socialista y hombre de confianza de la presidenta, en las irregularidades que involucran al ayuntamiento de Los Palacios en la trama de subvenciones irregulares ligadas al fondo de reptiles http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2013-09-06/a-diaz-le-estalla-el-fuego-de-los-palacios-al-empezar-su-lucha-contra-la-corrupcion_25709/. 

Tanto PSOE como PP han tenido la oportunidad de apoyar la propuesta de UPyD de acabar con los aforamientos, y la han rechazado, o de apoyar hace un par de semanas la Proposición de Ley de UPyD que, entre otras medidas, quería impedir que el cargo de alcalde o concejal fuera compatible con un escaño en el Congreso o cualquier otra Cámara parlamentaria y que planteaba dejar fuera de las instituciones a los imputados en procesos de corrupción y medidas para mejorar la transparencia, controlar la contratación pública o profundizar en la independencia del Tribunal de Cuentas. Tampoco la apoyaron acusándola de “tacticista”.

No hay ningún hecho que permita pensar que la voluntad de Susana Diaz es firme. La cacareada Ley de Transparencia de Andalucía es otro buen ejemplo de ello. Aunque los principios sobre los que se asienta el proyecto legislativo presentado por el gobierno andaluz son intachables, el texto presenta carencias notorias, la más importante la de no incluir ningún tipo de medida expresa ni referencias a un régimen de infracciones y sanciones. La ausencia de este tipo de medidas puede garantizar la impunidad ante la no observancia de los preceptos de la norma y con ella la seguridad de que no se producirá una implantación real de la misma. Es imprescindible la existencia de consecuencias directas y personales sobre los responsables de cumplir y de hacer cumplir esta Ley, algo que el gobierno andaluz, para el que su finalidad es más estética que real, ha obviado. Otros defectos de la norma son la no inclusión expresa de información sobre los nombramientos de asesores, personal de confianza, personal eventual y  puestos de libre designación, la no inclusión de los contratos menores en el régimen general de transparencia previsto para el conjunto de contratos (no hay ninguna razón, más bien todo lo contrario, para hacer más laxo el procedimiento en aquellos tipos de contratos en los que resulta más necesaria la transparencia), la no inclusión específica de información sobre las sedes, inmuebles y propiedades adscritas a la Administración y sus entes vinculados, tanto en régimen de alquiler como de propiedad o la imprecisión del concepto en la información sobre las retribuciones recibidas por cargos públicos, al no explicitar que en ella deben incluirse todo tipo de percepciones dinerarias o no.

 

 

 

Esta turbia ley de Transparencia no es el único elemento que nos permite pensar que  no hay más que impostura en las palabras de Susana Díaz. En la recién publicada Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. (Núm. 198 página 32 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 8 de octubre 2013) (http://juntadeandalucia.es/eboja/2013/198/index.html), que ha dado “legitimidad” al Decreto Ley suspendido por el Constitucional, de todo lo cuestionable, lo más grave es lo referente a las nuevas competencias que otorga a la EPSA (Empresa Pública del Suelo de Andalucía): administrativas, sancionadoras, de gestión y control de las fianzas de los arrendamientos. Las fianzas de los alquileres que los andaluces antes ponían en manos de Hacienda, ahora estarán a disposición de una empresa pública con un control administrativo muy deficiente (http://www.abcdesevilla.es/andalucia/20130420/sevi-decreto-vivienda-fondo-reptiles-201304201448.html). 

Si dentro de unos años hay dinero extraviado en manos de  algún "Guerrero" y su chófer, y si hay la suerte de que llamen a declarar a Susana Díaz, esperemos que no se le ocurra decir que no sabía nada, que ella estaba ocupada en una gira mediática declarando que la corrupción le avergüenza e intentando llegar a un acuerdo de no agresión con Mariano Rajoy.

Porque no es otra cosa lo que pretende con este gesto de hoy, que el bipartidismo tome la iniciativa de la comunicación, haga como que hace, salga con una imagen renovada, y se recupere el pacto oculto de la transición, ese que dice “no me agites tus Bárcenas que yo no te agitaré tus EREs, y si se nos va de las manos, intentemos que el control de la justicia nos permita minimizar daños”.

PROVINCIANISMO

Resulta triste comprobar cómo la lógica nacionalista, en su variante provinciana más casposa,  ha sido internalizada en la sociedad hasta niveles insospechados. Es esa lógica que dice que el oriundo de un territorio determinado va a querer y saber defender los intereses de ese territorio como no lo haría un foráneo.

Otra enfermedad social, más grave si cabe, es la de la normalización de la corrupción, y no me refiero a la corrupción delictiva, la que es penalmente punible, sino la de baja intensidad, esa microcorrupción de lo habitual, del diario. Un profesional que no pone el máximo celo en su trabajo, que no es objetivo y justo, que practica trato de favor, aunque no cometa delito, es un pequeño corrupto.

En este sentido los funcionarios y los cargos públicos se deben única y exclusivamente a la ley, y debería ser inconcebible que tuvieran criterios distintos en el ejercicio de su función en virtud del destinatario del mismo, o peor aún, su origen territorial.

Pues bien, ahora díganme cual es la lógica que ha hecho a los empresarios almerienses denunciar públicamente que la recién proclamada presidenta de los andaluces, Susana Diaz, ungida por el precorrupto Griñán y avalada por 20.000 estómagos agradecidos, no haya designado a ningún consejero almeriense.

¿Están insinuando que el mejor o peor trato que reciban los almerienses de la Junta depende de que exista un almeriense en el consejo de gobierno? ¿Cabía esperar que la presencia de un consejero almeriense pudiera permitir a los empresarios de esta provincia alguna ventaja? ¿Están diciendo que los consejeros no almerienses no van a tratar bien los proyectos de Almería?

El mensaje no puede ser más desolador. Que una parte de la sociedad lo haya internalizado es dramático.

Es el mismo mensaje que dice que la costa o los ríos se gestionan mejor desde la cercanía del territorio que desde Madrid; es el mensaje que dice que la Expo 92 se hizo en Sevilla porque Felipe Gonzalez era sevillano, o el centro neurálgico de la DGT está en León porque Rodriguez Zapatero así lo quiso y es normal que así sea; es el mensaje que dice “defiende lo tuyo, porque nadie lo defenderá como tú” y, lo peor, es el mensaje que dice: “es legítimo que ya que has llegado a ese puesto ayudes a los tuyos, a tu familia, a tus convecinos, a tu pueblo o a tus compañeros de partido”.

Esta normalización de lo que no debería ser normal es desoladora, al menos es desoladora para un ciudadano que espera que los profesionales cumplan con su trabajo objetivamente, y los cargos públicos sean ecuánimes, para un ciudadano que estaría encantado de tener un ministro de educación finlandés o uno de industria alemán, pues está en el convencimiento de que es mejor una buena cabeza con principios y experiencia que un patriota descerebrado.

Lo de las cuotas territoriales en los partidos es otro concepto a superar, y del que UPyD por fortuna ha nacido liberado. El día que necesitemos un representante territorial en un determinado órgano para sentirnos representados, este partido habrá dejado de representar personas, ideas y principios, para representar parcelas de poder, lo que no sería otra cosa que un reflejo del clientelismo interno que impera en otros partidos. Ese día no ha llegado, sigue lejos.

Susana Diaz sabrá cuanto debe a los socialistas almerienses, y cómo va a pagar ese apoyo. Los almerienses magentas en cambio saben que no necesitan representación como almerienses, porque todos nos representamos a todos en la medida en que defendemos lo que nos une, la regeneración democrática y una concepción pragmática de la gestión de lo público y la política.

ESPAÑOLES Y DESASTRES

A raíz del triste suceso del accidente ferroviario de Santiago de la semana pasada, y sobre todo ante el espectáculo de los días posteriores en los que hemos sido espectadores atónitos de un enfrentamiento más o menos explícito entre la media España que tenía unas prisas enormes por condenar al maquinista y la otra media que tenía el mismo interés en culpar a los recortes del gobierno, es lógico plantearse la siguiente hipótesis: “los españoles somos un pueblo cainita que siempre ha aprovechado lo que en su mano estuviera para culpar a la mitad de España en la que no se siente incluido de cualquier desastre”.

Desde el convencimiento de que resultaría fácil demostrar esta afirmación he procedido a identificar los mayores desastres naturales, grandes accidentes y catástrofes del último siglo, para buscar reacciones políticas en las crónicas de los días posteriores.

A continuación se relacionan las 36 desgracias que, sin ánimo de ser exhaustivo, he considerado destacables y dignas de análisis:

1. Murcia y Orihuela. 15 de octubre de 1879. Riada de Santa Teresa. 1.000 muertos.
2. Chillón (Ciudad Real). 27 de abril de 1884. Accidente ferroviario del puente de Alcudia. 59 muertos.
3. Santander. 3 de noviembre de 1893. Explosión del vapor “Cabo Machichaco”. 590 muertos.
4. Cartagena. 4 de agosto de 1906. Hundimiento del vapor “Sirio”. 240 muertos.

5. Málaga. 24 de septiembre de 1907. Riada. 21 muertos.
6. Torre del Bierzo (León). 3 de enero de 1944. Accidente ferroviario. Oficialmente 80 muertos (estimado entre 500 y 800).
7. Cádiz.18 de agosto de 1947. Explosión de un polvorín de la Armada. Oficialmente 152 muertos.
8. Alcalá de Henares. 6 de septiembre de 1947. Explosión de dos polvorines. 24 muertos.
9. Valencia. 14 de octubre de 1957. Gran Riada. 400 muertos.
10. Ribadelago (Zamora). 9 de enero de 1959. Rotura de una presa. 144 muertos.
11. Montseny (Barcelona). 3 de julio de 1970. Accidente aéreo. 112 muertos
12. Ibiza. 7 de enero de 1972. Accidente aéreo. 104 muertos
13. El Cuervo. 21 de julio de 1972. Accidente ferroviario. 86 muertos.
14. Tenerife. 3 de diciembre de 1972. Accidente aéreo. 155 muertos
15. La Coruña. 13 de agosto de 1973. Accidente aéreo. 86 muertos
16. La Rábita (Granada), Puerto Lumbreras (Murcia) y otras localidades. 19 de octubre de 1973. Riada. 162 muertos.
17. Tenerife. 27 de marzo de 1977. Accidente aéreo de Los Rodeos. 583 muertos
18. Alcanar (Tarragona). 11 de julio de 1978. Explosión e incendio en el camping de Los Alfaques. 243 muertos.
19. Tenerife. 25 de abril de 1980. Accidente aéreo. 146 muertos.
20. Chirivella (Valencia). 24 de septiembre de 1980. Accidente ferroviario. 27 muertos
21. Málaga. 13 de septiembre de 1982. Accidente aéreo. 50 muertos.
22. Tous (Valencia). 20 de octubre de 1982. Riada. 30 muertos
23. Bilbao. 26 de agosto de 1983. Riada. 39 muertos.
24. Mejorada del Campo (Madrid). 27 de noviembre de 1983. Accidente aéreo. 181 muertos.
25. Madrid. 7 de diciembre de 1983. Colisión de dos aviones en Barajas. 93 muertos.
26. Madrid. 17 de diciembre de 1983. Incendio de la discoteca Alcalá 20. 82 muertos.
27. Monte Oiz. Vizcaya. 19 de febrero de 1985. Accidente aéreo. 148 muertos.
28. Biescas. 7 de agosto de 1996. Riada del Camping Las Nieves. 87 muertos.
29. Melilla. 25 de septiembre de 1998. Accidente aéreo. 38 muertos
30. Turquia. 26 de mayo de 2003. Accidente aéreo del Yak 42.  75 muertos.
31. Madrid. 11 de marzo de 2004. Atentado terrorista. 191 muertos.
32. Guadalajara. 17 de julio de 2005. Incendio forestal. 11 muertos.
33. Valencia. 3 de julio de 2006. Accidente de metro. 43 muertos.
34. Madrid. 20 de agosto de 2.008. Accidente aéreo. 154 muertos.
35. Madrid. 1 de noviembre de 2012. Taponamiento del Madrid Arena. 5 muertos.
36. Santiago de Compostela. 24 de julio de 2013. Accidente ferroviario. 79 muertos

 

En el caso del accidente ferroviario del puente de Alcudia en 1884, las causas de la catástrofe hasta el día de hoy son desconocidas. Se conjetura que pudo ser un sabotaje o acto de terrorismo por parte de un grupo de anarquistas para alterar el orden público y la intención de voto, porque en ese día hubo elecciones generales (¿nos suena de algo?). De ellas salió elegido presidente por el procedimiento de alternancia o turno de partidos y pucherazo electoral Antonio Cánovas del Castillo, asesinado años más tarde también por un anarquista. El día anterior, el 26, habían ido a la cárcel por desórdenes públicos varias personas en Cádiz, Córdoba y Barcelona. El suceso dio mucho que hablar, no sólo en las gacetas. Sin duda en este caso no podemos obviar la politización del accidente. Se sostiene la hipótesis de partida.

La explosión del vapor Cabo Machichaco, en 1.893 en el puerto de Santander, produjo la muerte de 590 personas, incluidas la práctica totalidad de las autoridades y fuerzas vivas santanderinas que andaban en el entorno del barco ajetreados por el incendio previo a la explosión.  A sólo unos meses de la llegada al poder del liberal Práxedes Mateo Sagasta y con el conservador Antonio Cánovas en la oposición, no he podido encontrar evidencias de que el accidente fuera utilizado en la trifulca política de la época. El primer informe “oficioso” de las causas del accidente lo emitió el obispo al día siguiente, advirtiendo que “...la imprevisión y la codicia han podido tener no pequeña parte” y, tras recordar que “no caerá un cabello de nuestra cabeza sin la permisión de nuestro Padre celestial”, invitó a la chocada población a examinar “...si las blasfemias, la profanación de las fiestas, y otros pecados públicos que se consienten .../... pueden haber provocado su justo enojo...”. Dicen las crónicas que, “para infundir la calma a los vecinos que quedaron en Santander la tarde en que se comenzó la extracción, el ministro de Hacienda, señor Gamazo, el Gobernador civil, señor Jimeno de Lerma, el señor marqués de Comillas, el presidente de la Diputación, señor Sainz Trápaga, y varios diputados y concejales, recorrieron la ciudad y se estuvieron paseando por los muelles”. Al parecer esta reconfortante costumbre tiene al menos 120 años. Los que deseen conocer más detalles sobre el que posiblemente haya sido el mayor accidente ocurrido en España tienen una lectura muy recomendable en Luis  Jar  Torre  -  UN  DESASTRE  A  LA  ESPAÑOLA. La explosión del vapor "Cabo Machichaco" en Santander. Publicado  en  la  Revista General de Marina,  noviembre de 2009, y una abreviada en este link http://www.grijalvo.com/Jar/Cabo_Machichaco.htm.

 

 

 

 

Las catástrofes acaecidas durante el franquismo tienen una muy limitada lectura política:

El accidente ferroviario de Torre del Bierzo en 1944 fue objeto de censura informativa. Las autoridades del régimen franquista ocultaron la verdadera dimensión de la catástrofe, reconociendo sólo 80 muertos frente a los más de 500 que algunas estimaciones posteriores pudieron calcular. El pésimo estado de las infraestructuras ferroviarias, pobremente mantenidas debido a la precaria y prolongada situación de posguerra, fueron en buena medida las responsables del accidente.

En 1947 se produjeron las explosiones de dos polvorines militares en Alcalá y uno en Cádiz. El hecho fortuito de la explosión de los polvorines de la ciudad complutense fue utilizado por el gobierno franquista para detener, reprimir, y encarcelar a jóvenes militantes del PCE y de las JSU. Ocho de estos militantes fueron condenados a muerte y ejecutados en la prisión de Ocaña en julio de 1948. No hay expresión más brutal de la utilización política de un accidente. En el caso de la gran explosión de Cádiz, el régimen también ocultó información y minimizó los efectos de la catástrofe, reduciendo la cifra oficial de fallecidos a 152, aunque los gaditanos contaron muchísimos más. http://cadizpedia.wikanda.es/wiki/La_Explosi%C3%B3n_de_C%C3%A1diz_-_1947.

La gran riada de Valencia de octubre de 1957, que dejó más de 400 muertos, sí tuvo ciertas consecuencias políticas. Tras la riada, ante la tardanza de las ayudas por parte del gobierno, el alcalde de Valencia, Tomás Trénor Azcárraga, se enfrentó a Franco, el cual le destituyó, pero el alcalde logró su objetivo ya que a partir de sus críticas se agilizó la ayuda a la ciudad y el proyecto del Plan Sur.

La rotura de la presa de Ribadelago en el 1959, que dejó 144 muertos, también se vio condicionada por la dictadura. El proceso judicial posterior seguido en la audiencia Provincial de Zamora culpó en exclusiva a un encargado de obra, mientras que los directivos de Hidroeléctrica Moncabril, la titular de la explotación, señalados en el proceso resultaron con penas de privación de libertad tan exiguas que nunca ingresaron en prisión y, tras los recursos interpuestos, fueron indultados por el Gobierno. El régimen franquista nunca depuró a los posibles responsables políticos e intentó en todo momento minimizar el alcance de la noticia de la catástrofe, que se saldó con exiguas indemnizaciones de apenas 90 000 pesetas de la época por cada fallecido varón, 60.000 pesetas por cada mujer fallecida y 25.000 pesetas en caso de bebés o niños. ¿Todavía habrá quien defienda que la vida de una mujer para la España nacionalcatólica valía lo que la de un hombre?

 

 

El convulso 1977 fue testigo del mayor accidente aéreo de la historia mundial. Fue en el aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos, y en él 583 personas perdieron la vida. El cierre del aeropuerto de Las Palmas por un aviso de bomba obligó a desviar algunos tráficos al entonces único aeropuerto tinerfeño, cuya capacidad era muy limitada. Ello unido a otras circunstancias como errores en la interpretación de los mensajes de la torre de control, las prisas del piloto holandés de KLM y la niebla, dieron pie a la tragedia. Es país quedó conmocionado, pero la crítica política nos sobrepasó los límites de lo razonable.
 

 

 

En una incipiente democracia y con nuestra Constitución en ciernes, en julio de 1978, se produjo el accidente de un camión con propileno, su explosión e incendio en el camping de Los Alfaques en Alcanar (Tarragona), dejando 243 muertos. Los vecinos de San Carles de la Rápita se manifestaron al día siguiente exigiendo a la autoridad gubernativa desviar de la N-340 el tráfico de mercancías peligrosas, llegando a increpar a los políticos que se acercaron al lugar de los hechos, incluido el mismísimo Josep Tarradellas. Los gobernadores civiles de Tarragona y Barcelona acordaron  prohibir el tráfico de transporte de material combustible por la carretera nacional para trasladarlo a la autopista. La inacción del Ministerio de transporte muy cuestionada en prensa. A raíz de este accidente se promulgaron regulaciones más severas en relación con el transporte de materias peligrosas. No se produjo una lucha partidista amparada en este drama.

El año 1983 al poco tiempo de la llegada al poder del PSOE, fue posiblemente el annus horribilis de nuestro país. La riada de Bilbao, que dejó 34 muertos y 5 desaparecidos, dos accidentes aéreos en apenas 10 días en Madrid, que dejaron 274 muertos y el incendio de la discoteca Alcalá 20, también en Madrid, con 82 muertos,  supusieron un mazazo para la sociedad española, cuya moral ETA se encargaba de hostigar, ese año con 44 asesinatos.
 

 

 

El 29 de agosto José Luis Barbería firmaba en El País la siguiente crónica dos días después de la riada del Bilbao: “El barro ha cubierto por igual los uniformes verdes de los guardias civiles y a los simpatizantes abertzales, que codo con codo han formado parte de la misma cadena humana que evacuó ayer el material inutilizado de una fábrica en Galdácano. Los recelos iniciales se suavizaron con el esfuerzo del trabajo, y unos y otros fumaron del mismo paquete de cigarrillos y comieron bocadillos preparados por la misma mano. En estas horas, la solidaridad es capaz de romper muros de incomunicación, arrogancia y odio, construidos durante muchos años”. Al margen de esta visión quizá excesivamente optimista de la situación, lo cierto es que la catástrofe no dio lugar a recriminaciones partidistas de importancia.

El accidente de Avianca el 27 de noviembre, que produjo 181 víctimas, se debió a un fallo humano, y no dio lugar a reacciones ni interpretaciones contrapuestas. Algo muy distinto ocurrió diez días después, el 7 de diciembre, cuando chocaron en la pista de Barajas un Boeing 727 de Iberia con destino a Roma y un DC-9 de Aviaco con destino a Santander. En este caso las deficiencias en la seguridad fueron determinantes: no existía un radar de tierra en el aeropuerto y la señalización del aeropuerto era muy deficiente al estar líneas despintadas, lo que unido a la situación de niebla, propició la confusión del piloto del DC-9 que se interpuso en el despegue del Boeing. Pese a estas evidencias las reacciones políticas partidistas no fueron destacables.

El incendio de la discoteca Alcalá 20 causó en su momento un escándalo nacional que llevó a replantearse la seguridad de los locales públicos ya que no tenía salidas directas a la calle, las vías de evacuación tenían recorridos demasiado largos, todas las escaleras presentaban deficiencias, las puertas y los cierres no eran reglamentarios y no existía salida de humos. Las reacciones políticas contra el ayuntamiento de Madrid que regentaba el profesor Tierno Galván fueron muy limitadas. Pese a que el local contaba con la licencia municipal, once años después del suceso, en 1994 la Audiencia nacional condenó a los cuatro propietarios a dos años de prisión por imprudencia temeraria, absolviendo a los responsables políticos.
 

 

 

El accidente del Boeing 727 en Sondika en 1985, en el que murieron 148 personas, sí produjo una dura reacción del presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, que criticó a la Administración como responsable de la "situación de deterioro general del país". Fraga tomó como punto de partida de sus manifestaciones lo que calificó de mal funcionamiento de la comisión del Congreso que investigaba las catástrofes aéreas ocurridas el 27 de noviembre y el 7 de diciembre de 1983 en Madrid y de la que se retiró el Grupo Popular. Fraga, tras dedicar un recuerdo elogioso al ex ministro de Asuntos Exteriores Gregorio López Bravo, fallecido en el accidente aéreo, manifestó: "Yo vengo diciendo que la Comisión de Catástrofes Aéreas del Congreso viene funcionando insatisfactoriamente; por eso el Grupo Popular se ha retirado de la misma. Éste es un caso más del deterioro general del país y de su Administración. El Gobierno algo tendrá que decir. Es una catástrofe más, de acuerdo, pero una catástrofe entre las muchas que se vienen produciendo”.

El desastre de camping de Biescas en agosto de 1996 produjo 87 muertos y una sola reacción política destacable, y muy comedida, la de Félix Martínez de la Cruz, dirigente de IU, que hizo un llamamiento a las demás fuerzas políticas para que se procediera a la revisión de la ubicación de todos los cámpings de España e insistió en que la necesidad de una investigación de lo ocurrido para delimitar responsabilidades.
 

 

 

Todo cambió el 19 de noviembre de 2002 con el hundimiento del Prestige. La utilización política del desastre y la movilización social que suscitó, sin entrar en las razones de fondo, la bondad o maldad de las decisiones del gobierno y su forma de reaccionar ante la catástrofe, rompió más de un siglo de moderación,  creando un precedente en el que seguimos incursos, y no me estoy refiriendo a la contestación social, al sano activismo ciudadano en la calle, sino al uso perverso y partidista del suceso.
 

 

 

Un año después se produjo el accidente aéreo del Yak 42. Las reacciones mediáticas, políticas y sociales fueron muy duras, posiblemente con toda la razón. La Comisión de Defensa del Congreso reprobó al ex ministro de Defensa Federico Trillo declarando que "la responsabilidad de los poderes públicos por las graves negligencias detectadas en el seguimiento y control de la contratación del vuelo del avión siniestrado, así como los importantes errores del proceso de identificación de cadáveres, durante el cual se constató además un constante y claro menosprecio a las familias, no corresponde exclusivamente a las instancias militares, sino que afecta directamente a las autoridades políticas, en concreto al ministro de Defensa Federico Trillo, que ejercía las máximas funciones de dirección de la Administración Militar y de la defensa en el tiempo que tuvieron lugar los hechos".

Del desastre siguiente, el atentado de Madrid de 11 de marzo de 2004, no hay nada que podamos añadir al respecto de su politización. Hoy, 9 años después, siguen corriendo ríos de tinta y siendo una herida y un debate abierto, con una verdad judicial cuestionada por una parte significativa de españoles. La politización de este drama es parte intrínseca del mismo.

El incendio de Guadalajara en julio de 2005 fue interpretado por muchos como el Prestige de Rodríguez Zapatero. El debate político fue encarnizado, y la utilización de la tragedia con fines partidistas se produjo sin ningún tipo de miramientos.

La misma situación se dio en 2006 con el accidente de metro de Valencia. Desde las causas del accidente hasta la forma de gestionarlo y la información posterior han sido y siguen siendo objeto de polémica, no sólo técnica sino política.

El accidente aéreo de Barajas de agosto de 2008, que dejó 154 muertos, también dio pie a distintas interpretaciones, aunque ciertamente este debate no se centró en el plano político, a todas luces ajeno a las causas del desastre.

Culminamos este lúgubre repaso con el desgraciado incidente del Madrid Arena el año pasado y con el reciente accidente ferroviario de Santiago de Compostela. La utilización política de ambos hechos ha sido exagerada, aunque en este último caso, con desgraciadas excepciones, los partidos se han mantenido decorosamente al margen, habiendo dejado todo el protagonismo a sus huestes de correligionarios tanto en Redes Sociales como en la barra brava de tertulianos y opinadores que se extiende por cadenas de radio y televisión.

Iniciabamos este artículo desde el convencimiento de que el cainismo español había sido siempre el mismo, que desde que alcanza la memoria unos y otros no han dudado en tirarse a la cara los muertos inocentes de cualquier desgracia, tuviera el origen que tuviera. Debemos reconocer que esa tesis no se sostiene.

Hubo una época en la que los partidos, todos, y la inmensa mayoría de los españoles daban ejemplo de saber estar, de que no todo valía. Fue una época muy dura, con ruido de sables incluido y el martilleante goteo de víctimas inocentes que la banda asesina ETA nos arrojaba cada año; fueron años en los que la sombra y el recuerdo de la dictadura estaban demasiado cerca; fueron años protagonizados por una generación de españoles tan endurecida como ilusionada. Fueron años en los que manteníamos algo más las formas, quizá porque éramos gente obediente hasta en la cama, gente que sólo pedía vivir su vida sin más mentiras y en paz, gente que sólo deseaba su pan, su hembra y la fiesta en paz.

Eso ya pasó. Alguien abrió la veda a la mala fe, la falta de respeto, principios y escrúpulos, el todo vale, y una gran cantidad de españoles entraron por ella arrasando con todo, los más básicos principios incluidos, para alojarse y no salir. Podemos echar la culpa a las nuevas tecnologías que facilitan el canal, y pueden magnificar los mismos instintos que antes quedaban limitados al círculo personal. Podemos echar la culpa a la proliferación de medios de comunicación de todo pelaje, a las cadenas de televisión privadas necesitadas de sangre fresca para mantener sus niveles de audiencia, que hace unas décadas no existían. Podemos echar la culpa a los partidos, a la crisis política y la frivolización del sentido institucional de la acción de gobierno y oposición, al deterioro de la vida pública. Podemos echar la culpa a los tertulianos, los periodistas, los políticos, los maquinistas o los pilotos sociales…

Pero la única culpa la tenemos los españoles, todos nosotros, uno a uno, los que participamos activa o pasivamente en estos linchamientos al sentido común y la dignidad como pueblo que practicamos cada vez más a menudo. No sé si hay dos Españas, pero sí sé que o la tercera España despierta y toma las riendas o la mala leche nos lleva a la ruina.

TONI CANTÓ

Antonio Cantó García del Moral es diputado por Valencia del Grupo Unión Progreso y Democracia en la X Legislatura.

Toni Cantó fue elegido para encabezar la candidatura de UPyD por Valencia mediante elecciones internas celebradas el 17 de septiembre de 2011 en la que pudieron votar todos los afiliados de la provincia sin avales ni condiciones. Compitió con otros dos candidatos y fue elegido por un 93,65% de los votos emitidos con una participación del 41%.

Toni Cantó es miembro de 9 comisiones del Congreso: Educación y Deporte, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Cooperación Internacional para el Desarrollo, Cultura, Igualdad, Peticiones, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, Políticas Integrales de la Discapacidad y Estudio del Problema de las Drogas, en seis de las cuales actúa como portavoz, así como de las subcomisiones de Racionalización Horarios, Conciliación y Corresponsabilidad y de la de Análisis de Problemas Estructurales del Sistema Sanitario.

Toni Cantó ha sido ponente en diez proyectos legislativos sobre materias tan dispares como la lucha contra el dopaje y la salud de los deportistas, ley de costas, medio ambiente, cooperativas agroalimentarias o la cadena alimentaria.

La página web del Congreso recoge que el diputado de UPyD ha realizado una pregunta oral en pleno, nueve preguntas orales al gobierno en Comisión y ochenta y seis preguntas escritas (http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=282&idLegislatura=10).

Durante el año 2012 el diputado valenciano fue el primero del Hemiciclo en número de intervenciones, la actividad más genuinamente parlamentaria, con un total de 166 entre el pleno y las diferentes comisiones, seguido, con 144 intervenciones, de Álvaro Anchuelo, también de UPyD y del nacionalista vasco Emilio Olabarría, con 133 parlamentos diferentes, seguido por Rosa Díez, portavoz de UPyD, con 117, Olaia Fernández, del BNG, con 114 e Irene Lozano, también de UPyD, con 111 intervenciones (http://www.publico.es/espana/447995/guerra-y-barreda-los-diputados-mudos-mas-notables-del-psoe).

Toni Cantó, como el resto de diputados de UPyD no falta a su puesto de trabajo en el Congreso, por lo que tiene que ver demasiadas veces la soledad del hemiciclo. El hecho de fotografiarlo y denunciarlo le llevó a soportar que un diputado del PP le dijera "vuelve a la farándula", eso si con una perfecta dicción y sin ánimo de mofa.

Toni Cantó se negó a cobrar la dieta por desplazamiento y residencia que reciben los diputados de otras provincias al tener casa en Madrid (como no le permiten renunciar a ella, la dona a una ONG). También es responsable de la intervención en el Pleno del Congreso que tiene más visionados en youtube de la historia (más de 2.000.000), tan sólo por decir un puñado de verdades. (http://www.youtube.com/watch?v=zOhHEvBqxb0)

  

Nada de esto es noticia, como tampoco lo es que once diputados de la oposición sigan vírgenes en lo que se refiere a la presentación de preguntas escritas al Ejecutivo, algunos de ellos porque por su cargo se dirigen a la bancada azul de viva voz (como Alfredo Pérez Rubalcaba o Elena Valenciano), pero no el resto: Alfonso Guerra, José Antonio Viera y María Isabel Pozuelo (PSOE), Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (CiU), Maite Ariztegui y Onintza Enbeita (Amaiur), Pedro María Azpiazu e Isabel Sánchez (PNV) y Rosana Pérez (BNG).

Por supuesto tampoco es noticia que haya 21 diputados que no hayan presentado una sola iniciativa en lo que va de legislatura. Algunos de ellos con lógica por los cargos que desempeñan (caso del presidente del Gobierno, su vicepresidenta, el presidente del Congreso o los ministros que son diputados). Sin embargo hay otros once diputados ajenos a estos cargos que no se han estrenado todavía. Seis son del PP, cuatro del PSOE y uno de CiU. No hay ninguna explicación aparente para la inactividad de los seis populares, pero menos aún de los cinco opositores. El primero es el de Leopoldo Barreda, que ni siquiera tiene un cargo relevante en una comisión (es portavoz sustituto, ponente de la Ley Orgánica de reforma del CGPJ y vocal de cuatro comisiones). Igual que la veterana socialista María Isabel Pozuelo, seis veces diputada, que no tiene iniciativas con idénticas ocupaciones en la Cámara. Alfonso Guerra, histórico miembro del PSOE y único que ha sido diputado en las diez legislaturas de la democracia, tampoco tiene iniciativa alguna, aunque en su caso sí preside una comisión, y es vocal de otra. El exconsejero andaluz de Empleo José Antonio Viera tampoco tiene iniciativas, a pesar de que sus labores se limitan a ser vocal en dos comisiones y vicepresidente segundo en otra. Su más que previsible próxima imputación por el caso ERE,s quizá justifique que tenga la cabeza en otras cosas, por lo que sus votantes de la provincia de Sevilla por la que salió electo seguro que le disculpan esta falta de actividad pese a los 5.600 € mensuales que cobra. En el caso de Feliu-Joan Guillaumes de CiU, el hecho de que compagine su labor en el Congreso con una concejalía y la portavocía de su grupo político en el Ayuntamiento barcelonés de Mollet d'en Vallés, puede explicarlo, aunque justificarlo tendrá que hacerlo ante sus electores de la provincia de Barcelona.

Ninguno de ellos son noticia, ninguno de ellos incendia tuiter, ninguno de ellos ocupa las redacciones de los medios de comunicación, ni es motivo de pretendida “indignación” de internautas y ciudadanos.

En cambio Toni Cantó vuelve a ser noticia por su actividad en tuiter, no por sus más de 25.000 tuits (Rubalcaba lleva 10.300, Elena Valenciano 1 ó Mª Dolores de Cospedal 1.200), sino por el que escribió en el día de ayer en el que parodiaba la dicción de Mariano Rajoy y criticaba la elección por parte del Presidente del mes agosto para comparecer en el Congreso. Cantó tuiteó "No queríaish comparecencia? Puesh osh la voy a poner el día uno d agoshto,a ver como osh lo montáish con vuestrash familiash".

Las reacciones han sido inmediatas, como en otras ocasiones. En este caso los usuarios le recriminan la poca seriedad de su comentario y el mal gusto de burlarse de un problema de dicción. Toni Cantó rectificó rápidamente su tuit y pidió perdón por su contenido: "Y siento la imitación de antes...la verdad es que no procedía". Evidentemente no es suficiente, como tampoco lo es que la propia Rosa Díez haya dicho que el tuit le parece inapropiado y fuera de lugar, sin más paliativos, ni intento de justificación o descarga. Las hordas siguen clamando por su cabeza y ajusticiamiento en plaza pública.

No es la primera vez, hace apenas cinco meses tuvo otro tropiezo al dar crédito a una información no contrastada y difundir que “la mayoría de denuncias por violencia de género eran falsas”. Aunque se equivocó al exagerar la situación y usar “la mayoría”, en vez de un “muchas”, que no habría sido incorrecto, pidió perdón horas después por haber dado por verdaderos datos sobre un tema tan grave como es la violencia de género, pero la avalancha de reacciones en contra, entre las que se incluyen que le llamen misógino o maltratador un día sí y otro también, ya es histórica.

Sin entrar en la oportunidad, corrección o improcedencia de estos tuits nos debemos preguntar si la reacción suscitada, si la repercusión mediática de los mismos, es proporcional, ponderada, lógica, razonable o hay otras causas que la magnifican.

Y la respuesta no puede ser otra: claro que no lo es. Toni Cantó es el blanco de las iras de una legión de ciudadanos con mala conciencia. Desde los meapilas de la corrección política, que se alarman ante una inocente parodia que aplaudirían a José Mota o al Toni Cantó actor, pero en el Toni Cantó representante público es inapropiada o al menos muy cuestionable, hasta la legión de cibersoldados de otros partidos, pasando por los comandantes que éstos tienen en los medios de comunicación concertados, todos tienen un blanco fácil.

Y hablo de ciudadanos con mala conciencia porque lo que realmente les irrita es tener ahí a uno de los suyos, un ciudadano, al que en su condición de actor el destino patrio le tenía preparado sólo el papel que a los actores les está permitido: el de lectura de comunicados al cierre de manifestaciones contra el gobierno, el de reivindicador de la lucha de clases, de la opresión capitalista o las bondades del régimen cubano, el de firma de los manifiestos del club del entrecejo, el de miembro de plataformas de apoyo a lo que sea, el de animador político de galas de los Goya, o a lo sumo el de opinador tertuliano en algún canal de telebasura.

Toni Cantó está pagando su condición de intruso. Se ha colado en la principal institución del Estado, la sede de la soberanía popular, y se atreve a trabajar, dar ejemplo y rendir cuentas a los 84.277 valencianos que le votaron, a los que no y al resto de los españoles. Toni Cantó ha tenido la osadía de improvisar, cambiar el guión de la película, abrir la ventana e irrumpir con aire fresco. Los mismos que acusan a Rosa Díez de llevar toda su vida en política, de formar parte de la “casta”, acusan a Toni de ser un novato, un bufón del Congreso populista y demagogo, o los centenares de calificativos con que lo intentan atacar, en un escorzo intelectual de incoherencia, porque no califican sus hechos, ni sus palabras, porque lo que cuestionan es su propia presencia. Esa decisión de tomar partido, arremangarse y ponerse a trabajar para cambiar las cosas en vez de criticarlas en la calle, cuando te pone por delante un micrófono un periodista que te pilla de camino entra la SGAE y la clínica Rúber, es intolerable.

No puedo dejar de comparar esta situación, salvando las distancias y corriendo el riesgo de que también me llamen demagogo, con la de Rosa Parks, Victoria Kent y otros muchos pioneros, esos que se salieron del guión y decidieron hacer algo para lo que la sociedad de su tiempo no estaba preparada. Estoy convencido que la incomprensión más dolorosa que sufrió Rosa Parks vino de los negros, no de los blancos, y las críticas más ácidas e hirientes que recibió Victoria lo fueron de mujeres no de hombres. De la misma forma el mayor encarnizamiento contra Toni no procede de la llamada clase política, sino de ciudadanos con un profundo y particular síndrome  de Estocolmo. Más recientemente el propio José Antonio Labordeta, también en la misma cámara tuvo que soportar expresiones del tipo “vete con la mochila a Teruel”, o “¿qué me dices cantautor de las narices?”. Labordeta no aguantó más y los mandó a todos a la mierda, muy incorrecto también, bastante más que el tuit de Toni, y en sede Parlamentaria, pero con el que muchísimos españoles nos sentimos muy identificados entonces y ahora.

Toni se ha equivocado, se equivoca posiblemente varias veces al día, porque es humano. Es humano, actor, cómico, y también Diputado, le pese a quien le pese.

Fernando Iwasaki en el acto que UPyD celebró en Vistalegre el 3 de abril de 2011 con objeto de la presentación de los candidatos de UPyD a las elecciones autonómicas y locales de mayo de ese año, acabó su intervención con unas palabras que no puedo dejar de recordar:

“Tenemos que dirigirnos a nuestros candidatos y exigirles rectitud, decencia y honestidad. A los adversarios, a los rivales, se les puede admirar o no, nos pueden indignar, pero de ninguna manera nos pueden avergonzar porque no son de los nuestros. Sólo uno de nosotros podría arrasarnos de vergüenza a todos. Por eso quiero terminar diciéndoles que la decencia es uno de los más valiosos valores de nuestro patrimonio, tenemos que cuidarla para poder seguir diciendo que estamos orgullosos de pertenecer a Unión Progreso y Democracia” (http://www.youtube.com/watch?v=TIUOEXvYHD8).

Toni puede tener una seguridad: él con todos sus errores no nos avergüenza, muy al contrario nos hace sentirnos orgullosos. Él en sí mismo es el paradigma del conjunto de UPyD, es un marciano que ha llegado donde no se le esperaba para defender principios y no para pastelear con ellos. Debe saber que la mayoría preferimos estar representados por alguien que no piensa dos veces lo que escribe porque al albergar la verdad en su corazón no teme que su lengua o sus tecleos lo traicionen, que por alguien que lo tiene que pensar todo mil veces, que tiene que medir sus palabras, o que prefiere no decir nada sustancial o no abrir la boca, hasta el punto de tenerlo que llevar a rastras a dar la cara, por todo lo contrario.

(Los datos utilizados en este articulo proceden en su mayoría del siguiente informe de Borja Ventura publicado en Terra: http://noticias.terra.es/cuatro-diputados-rasos-no-han-presentado-una-sola-iniciativa-en-el-congreso-en-lo-que-va-de-legislatura,d6e5c1032c4ee310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html)