viernes, 24 de junio de 2011

SEGURIDAD JURÍDICA Y PROSPERIDAD

La seguridad jurídica es la base de cualquier economía que pretenda ser fuerte y competitiva. Algo que parece obvio e indiscutible es uno de los déficits de la nuestra, y en escasas ocasiones nos paramos a pensar cuán grave es el problema.

Ciertamente la inseguridad jurídica tiene diversos grados, desde el más nocivo como la falta de regulación básica o la arbitrariedad en las decisiones administrativas o judiciales, hasta otros como la excesiva complejidad en la regulación, la confusa distribución competencial o la lentitud judicial.

En España desgraciadamente nuestros políticos nos han servido numerosas tazas de unos y otros tipos de situaciones, y nada hace más daño a la economía de un país ya de por sí débil en cuanto a espíritu emprendedor, que este permanente desgaste de nuestra credibilidad.

Por citar sólo algunos ejemplos, se ha hecho un flaquísimo favor a la economía nacional cambiando una y otra vez el régimen de condiciones de la industria fotovoltaica, lo que ha hecho huir a muchos inversores internacionales que ven en España un campo administrativamente minado, en el que el capricho del gobierno puede dar al traste con cualquier intento serio de planificación empresarial; se ha hecho un enorme daño al sector eólico marino, desarrollado en el norte de Europa, y paralizado en España desde 2008, cuando se publicó un Real Decreto que el gobierno no ha querido desarrollar ante la incrédula mirada de numerosos inversores internacionales que todavía no entienden cómo se pueden adquirir compromisos legislativos en 2008 y cuatro años después no haber movido un dedo y haber incumplido todas las previsiones; se ha generado un daño irreparable en la imagen de España como país civilizado cuando ayuntamientos, CCAA y gobierno central han sido incapaces de gestionar el urbanismo litoral haciendo cumplir la Ley de Costas sin perjudicar a nadie: la corrupción instalada en muchos de los primeros, la indolencia cómplice de las segundas y la incapacidad del tercero de tomar medidas, maniatado por un sistema de organización territorial en el que a la Administración General del Estado le queda un mínimo margen de maniobra, ha dado lugar a una situación vergonzosa que ha afectado a miles de pequeños inversores europeos, que creían que en España, en Europa, tendrían una seguridad que en terceros países no era posible; se sufre permanentemente un desgaste de nuestra credibilidad cuando la distribución competencial que nos hemos dado no facilita las cosas a los administrados, sino que por el contrario induce a una ginkana administrativa, en la que la unidad de mercado es una quimera por la simple razón de que las condiciones impuestas a una misma iniciativa empresarial pueden ser radicalmente distintas de una Comunidad Autónoma a otra; se hace un daño irreparable a nuestra economía cuando las Cajas de Ahorro se gestionan con criterios políticos y no técnicos, arrastrando a nuestro sistema financiero al borde de un abismo del que aún no hemos conseguido separarnos lo suficiente; se provocan problemas innecesarios y muy graves cuando se desmontan estructuras administrativas consolidadas, mediante esperpentos como el recientemente protagonizado por la Junta de Andalucía arrogándose competencias sobre el Guadalquivir, que el Tribunal Constitucional se ha visto obligado a reconducir; se dificulta tremendamente el desarrollo y la prosperidad cada vez que la tramitación de un Plan General de Ordenación Urbana se eterniza durante años como no ocurre en ningún país de los que funcionan...

Si a todo ello sumamos un sector público empresarial desproporcionado y antieconómico, del PSOE en Andalucía o del PP en Valencia, pues ambos aplican las mismas recetas, para no resolver los mismos problemas, es evidente que la clase política andaluza y española, o al menos los grandes partidos, no han puesto las cosas fáciles a la iniciativas generadoras de riqueza y estabilidad.

Se hace necesario devolver el sentido común a la acción de gobierno, y esto es algo que si no son capaces de hacer PP y PSOE, y hasta ahora se han mostrado incapaces, alguien tendrá que venir a hacer, o hacer que hagan.

martes, 7 de junio de 2011

El matemático kazajo

No se trata de ser agorero.

Deseo firmemente que por fin estemos ante el fin de la banda criminal ETA, que esta vez sea de verdad, definitivamente.

Deseo que BILDU no sea una trampa y no sirva para volver a dar fuerzas a una organización criminal en su momento más débil.

Pero los deseos son una cosa, y la racionalidad científica otra.

Si con esa mentalidad y no otra se observa esta gráfica, de forma objetiva y sin pasiones, si le preguntáramos a un matemático kazajo, que no conociera el significado de lo que se representa en los ejes de abcisas y ordenadas, y le pidíéramos un pronóstico, creo que todos sabemos lo que diría....





En pocos meses sabremos si la tendencia sigue su historia (después de cada negociación o intento de paz, el número de muertos se incrementa), o realmente estamos ante el final definitivo de la violencia.

Esperemos que todos podamos celebrarlo, que nadie falte porque alguien haya decidido que no merece seguir vivo.

Y esperemos que los que decidieron asumir el riesgo, también asuman su responsabilidad, políticos y comisarios políticos (perdón, quise decir jueces del TC).