sábado, 18 de febrero de 2012

SOMOS LO QUE SOMOS

Hoy no voy a hablar de los políticos, sino de la sociedad, de nosotros mismos, de lo que somos.

Empieza a alarmarme la italianización y argentinización de este país, con perdón para los italianos y argentinos, que como en todas partes los hay de todo pelaje y condición. Empezamos a tolerar la corrupción política, no me cabe ninguna duda. Cada vez es menos noticiable y cada vez interesa menos. Nos han inmunizado de tal manera que nos resbala.

Podríamos empezar a hacer una lista y no acabaríamos, desde el yerno del rey hasta el último concejal, son muchos los casos, y aunque sólo fuera uno, seguirían siendo muchos. Pero no me quiero detener en los casos, sino en la respuesta ciudadana. La respuesta judicial, es la que es, no sé si la que debe ser, pero doctores tiene la Iglesia y nuestros procedimientos judiciales son los de un Estado de Derecho. Así que si a Garzón le ha prescrito su cohecho con el Santander, o si no se puede demostrar que Camps no pagara sus trajes, así será, pero… ¿y la condena social? Ninguna. Matas, Urdangarín, Julián Muñoz… todos quedarán rehabilitados socialmente como ya lo está Mario Conde, el Dioni y todos los demás.

Y es que esta sociedad no necesita perdonar lo que nunca ha visto del todo mal. Es cierto que muchos nos indignamos, pero no es suficiente.

Los ingenieros sociales del PSOE lo saben, y por eso no temen presentar como candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía a una persona que como Consejero de Hacienda, sí de Hacienda, permitió la creación de un fondo opaco al control y la intervención, que acabó pagando lo que todavía no sabemos, y lo que ya sabemos, entre otras cosas, cocaína, prostitutas y las pensiones de muchos compañeros de partido. En cualquier país serio, de los que funciona, esto sería inconcebible. Este hombre debería estar inhabilitado de por vida para ejercer un cargo público, no porque lo diga un juez, sino porque sería insoportable para la sociedad. Sus compañeros lo habrían obligado a dimitir, o él mismo lo hubiera hecho.

Aquella conversación grabada en 1990 sin orden judicial y por lo tanto sin valor como prueba en la que Zaplana hablaba con Salvador Palop (caso Naseiro), http://www.cadenaser.com/espana/articulo/zaplana-caso-naseiro/csrcsrpor/20051124csrcsrnac_6/Tes, no impidió que los valencianos siguieran confiando en su entonces presidente autonómico, y que llegara a ser ministro y hombre fuerte del gobierno de Aznar. Son imprescindibles las garantías judiciales, y por tanto que la justicia no pudiera hacer nada, pero que la sociedad no saliera a la calle a hacer dimitir a este individuo de inmediato o más recientemente al exculpado, el de los amiguitos del alma, o al de las loterías y las estatuas aeroportuarias…, no es concebible.




Pues sí, no podemos esperar otra cosa de este país de pillos, chorizos y vagos. Necesitamos una reforma profunda de la política, pero eso no será posible sin un cambio más profundo aún de nuestra sociedad. Mientras en este país sigamos oyendo eso de “¿lo quiere con factura o sin factura?, que sepa que si quiere factura le voy a tener que cobrar el IVA”, todo esto será normal e irá en ascenso. Esta microcorrupción cotidiana la hemos asimilado, nacimos con ella, forma parte de nuestra sociedad católica, tendríamos que ser como los calvinistas para empezar a erradicarla, algo que va a ser imposible. Y todos, absolutamente todos, participamos de ella, yo también, aunque esté indignado. Tengo que cambiar un azulejo roto del baño, y llamaré a mi amiguete Carlos, gran albañil y mejor persona, que tiene menos papeles que una burra robada. Y lo sé, y sé que en mi ciudad hay empresas que pagan sus impuestos, que tienen a sus trabajadores de alta e intentan capear el temporal como pueden. Y le daré 50 euros a Carlos en vez de los 150 que vale el trabajo a cualquiera de esas empresas, y evitaré que me pregunten si quiero factura o no, porque también esas empresas me lo preguntarían, y evitaré que me plantee si realmente estará dado de alta en la SS el trabajador que me manden, y evitaré que se me quede cara de tonto si descubro a posteriori que es así… porque aquí no se libra ni el gato.

Si te dejas una cámara o un móvil olvidado en un bar de cualquier ciudad española, las posibilidades de que vuelvas a por él, lo tengan guardado y te lo devuelvan son casi ninguna e infinitamente menores que si esto te pasa en un país del norte de Europa. Y ese “afortunado” que se encuentre el objeto, llegará a su casa y lo contará sin ningún sonrojo “un panoli se ha dejado este pedazo de móvil, y he estado listo porque luego ha llegado una pareja a la mesa vacía y como me di cuenta me levanté y lo cogí rápido”, y se lo explicará a sus amigos, y éstos lo envidiarán y ninguno le afeará la conducta, y si alguno le parece mal no se atreverá a decirlo, y si se atreve a decirle que debiera habérselo dejado al encargado del establecimiento por si volvía su dueño, este le responderá, “sí, claro, para que se lo quede él, me lo quedo yo”, y todos asentirán y hasta el que lo veía mal pensará que quizá tenga razón. Es así, sin ninguna duda, y sólo podremos recordar las excepciones que confirman la regla.

¿Esta sociedad es la que va a juzgar a sus políticos? No me cabe ninguna duda de que la corrupción política o la gran corrupción empresarial, de la que se habla menos, no porque haya menos sino porque son más listos y lo hacen bien, no es más que una expresión cuantitativamente distinta de la misma cosa, se nutren del mismo magma, tienen el mismo caldo de cultivo, solo es otra escala, otra dimensión, de la misma realidad.

Sinceramente, UPyD no tiene respuestas para todo. No sé cómo vamos a resolver esto, pero así no podemos seguir.

sábado, 11 de febrero de 2012

FUNCIONARIOS vs EMPLEADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS

En el sur de este país de trincheras y luchas fratricidas se ha abierto otra brecha, otro enfrentamiento entre dos colectivos, que no ha tardado en pervertirse por la manipulación política aunque no fuera el deseo de sus protagonistas, y ya han conseguido otra caricatura maniquea de las dos Españas. Se trata de los funcionarios de la Junta de Andalucía y el personal de las empresas públicas que el PSOE ha pretendido agencializar y colar por la puerta de atrás en la Administración autonómica.

Los primeros andan de naranja por las calles, tras once meses de lucha, denunciando la huída del derecho administrativo y la administración paralela engendrada por el socialismo andaluz, con la satisfacción de haber logrado parar por vía judicial la puesta en marcha de las distintas agencias.


Los segundos, dicen que 26.000, andan perplejos, con el estigma de “enchufados” y sintiéndose injustamente tratados por los funcionarios de carrera. No es cierto que el 100% de esos 26.000 sean afines al PSOE, pues muchos han conseguido su puesto mediante procesos de selección sin que les preguntaran su afinidad política.

La inevitable simplificación y permanente politización que sufrimos en este país, ha dado lugar a que a los primeros se les ataque llamándolos instrumentos del PP y a los segundos enchufados del PSOE, pero cualquiera que se haya tomado la molestia de conocer el problema e interactuar con las asociaciones y sindicatos independientes de funcionarios o con los no tan organizados ni beligerantes trabajadores de las empresas públicas y agencias, habrá podido comprobar que la realidad es mucho más compleja, que asociar a los funcionarios con el PP es tan ridículo como asociar a la mayoría de los empleados de las empresas y agencias con el PSOE. Sólo son personas, ciudadanos, preocupados por su trabajo, por su vida, y también por la marcha de la cosa pública.

En el programa de UPyD para Andalucía le damos la máxima prioridad a este asunto, y por eso proponemos sin matices derogar la Ley 1/2011 de reordenación del sector público de Andalucía y abordar un plan de simplificación administrativa, que bajo criterios de eficacia y eficiencia, mantenga exclusivamente aquellos organismos que sean imprescindibles por suponer una mejor forma de gestión. El plan incluirá la reducción significativa de un sector público andaluz sobredimensionado, suprimiendo las Empresas Públicas y enajenando las participadas cuyas actividades estén cubiertas por empresas privadas.

Lo que el sector privado puede hacer más eficazmente y de forma más racional lo debe hacer el sector privado. La Junta no puede ser empresaria. Lo que sólo desde la Administración, desde el derecho administrativo debe abordarse, para garantizar la independencia, la objetividad y la salvaguarda del interés general, ni lo pueden hacer empresas privadas, ni empresas públicas: esas tareas deben volver al funcionario.

Por lo tanto no deberían preocuparse los trabajadores de las empresas públicas que tienen trabajo, pero trabajo de verdad, no un “puesto de trabajo”. Puesto de trabajo tienen los 26.000, pero trabajo sólo una parte de ellos. Los que tienen trabajo real y necesario seguirán trabajando. En algunos casos lo harán directamente en una Administración redimensionada que deberá sacar las plazas necesarias para abordar tareas propias de la función pública, en otros lo harán en las empresas privadas que cubrirán de forma más eficiente el vacío dejado por esta gigantesca administración paralela y los menos lo seguirán haciendo en aquellas empresas públicas que permanezcan porque se justifique que las dos soluciones anteriores no son viables.

Los que sí se tienen que preocupar son los paseadores de pasillos, miradores de paredes, encadenadores de cafelitos, esos que están pero que jamás estarían en las empresas privadas porque éstas no se lo pueden permitir, los tengan que indemnizar con 45 o con 20 días. Esos que tienen un puesto de trabajo injustificado e injustificable, enchufados o no. Y por supuesto más aún se tienen que preocupar esos exalcaldes socialistas u otros miembros del partido que el 20 de mayo perdieron su plato de habichuelas (de tienda gourmet) y papá Griñán los recolocó de asesores, adjuntos a no se sabe qué, gerentes iletrados, y ahora ocupan despachos y coche oficial, cobran dietas y sueldos que hacen sonrojar a cualquier biennacido. Esos deben ser despedidos y miraremos en sus cajas y maletines para asegurarnos que ni una grapadora se llevan.

¿Y los funcionarios tienen que estar tranquilos o preocuparse? Pues igual, los que trabajan, los que saben que es un honor servir a la ley y a los ciudadanos, en absoluto. Los otros, los de los chistes de Forges, que también los hay y muchos, ya se pueden empezar a preocupar. Quizá, sólo quizá, no puedan ser expulsados de una Administración que no merecen, pero por fin los vamos a poner a trabajar. Ya está bien que los buenos funcionarios tengan que hacer su trabajo y el de dos compañeros vagos que consideran que cuando aprobaron la oposición ganaron el derecho a cobrar por no hacer nada. Ya está bien que los empleados de las empresas públicas tengan que hacer el trabajo de funcionarios vagos, incapaces de salir una tarde de fútbol a hacer una inspección ganadera o ambiental de urgencia, por poner un ejemplo, cuya acta tienen que firmar a posteriori sin saber lo que firman, y luego se pongan la camiseta naranja y salgan a la calle a gritar que los enchufados los dejan sin trabajo.

UPyD en su programa incluye de forma expresa afrontar con carácter inmediato y prioritario el desarrollo reglamentario en Andalucía del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por las Cortes Generales en 2007, articulando mecanismos de control objetivos que permitan valorar la productividad y evaluación del desempeño de los empleados, desarrollando una nueva Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y un plan de actuación para la reducción del absentismo que incluya las medidas disciplinarias que sea necesario aplicar.

Es inaplazable despolitizar la administración, devolver al funcionario la independencia y el poder que nunca debió perder. Si a los funcionarios se les garantiza un trabajo de por vida, si no están en el régimen general como el resto de trabajadores, es porque esa independencia es necesaria para eludir las presiones políticas, para ser únicamente servidores de la ley, no del político de turno. Por eso UPyD plantea un paquete de medidas concretas como eliminar los puestos de libre designación por debajo del nivel 22 limitándolos a ocho años en un intervalo de doce o restringir radicalmente el nombramiento de asesores.

En definitiva, UPyD no va a llegar al Parlamento de Andalucía para reírle las gracias al más votado, para optar a parcelas de poder, entendido como los viejos partidos lo entienden “poder administrar una Consejería u organismo, controlarlo y ponerlo al servicio del partido”. UPyD viene a darle una vuelta al calcetín, a cambiar profundamente todo lo que está podrido hoy, y lo estaba desde mucho antes que se publicara la Ley 1/2011 “del enchufismo”, todo lo que hace décadas que huele mal en una Administración que también ha contribuido, y de qué forma, a que sigamos en el furgón de cola del tren europeo.