jueves, 10 de octubre de 2013

SUSANA DÍAZ Y LA CORRUPCIÓN

Susana Díaz ha decidido tomar la iniciativa mediática contra la corrupción. Fue el eje de su discurso de investidura y no pierde oportunidad de manifestarse contra ella, ante Rubalcaba o ante Rajoy, llegando incluso a tender la mano al PP proponiendo un pacto para no hacer política contra la corrupción del contrario, sino atajarla en todos los casos.

Es iniciativa mediática, bonitas palabras, propias de la factoría de marketing y escaparatismo del socialismo andaluz en el que se ha criado. Y lo es porque estas palabras no se acompañan con hechos, con medidas contundentes y definitivas, con actuaciones concretas para acabar de raíz con la impunidad actual que hace que tanto el corrupto aislado como la corrupción sistémica, campen a sus anchas.

Las palabras de investidura de la flamante presidenta de Andalucía fueron recibidas a las 24 horas por el incendio en el ayuntamiento de Los Palacios, en el que ardieron sus archivos, y con él las pruebas que podrían inculpar a su exalcalde, Antonio Maestre, número tres de la ejecutiva provincial socialista y hombre de confianza de la presidenta, en las irregularidades que involucran al ayuntamiento de Los Palacios en la trama de subvenciones irregulares ligadas al fondo de reptiles http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2013-09-06/a-diaz-le-estalla-el-fuego-de-los-palacios-al-empezar-su-lucha-contra-la-corrupcion_25709/

Tanto PSOE como PP han tenido la oportunidad de apoyar la propuesta de UPyD de acabar con los aforamientos, y la han rechazado, o de apoyar hace un par de semanas la Proposición de Ley de UPyD que, entre otras medidas, quería impedir que el cargo de alcalde o concejal fuera compatible con un escaño en el Congreso o cualquier otra Cámara parlamentaria y que planteaba dejar fuera de las instituciones a los imputados en procesos de corrupción y medidas para mejorar la transparencia, controlar la contratación pública o profundizar en la independencia del Tribunal de Cuentas. Tampoco la apoyaron acusándola de “tacticista”.

No hay ningún hecho que permita pensar que la voluntad de Susana Diaz es firme. La cacareada Ley de Transparencia de Andalucía es otro buen ejemplo de ello. Aunque los principios sobre los que se asienta el proyecto legislativo presentado por el gobierno andaluz son intachables, el texto presenta carencias notorias, la más importante la de no incluir ningún tipo de medida expresa ni referencias a un régimen de infracciones y sanciones. La ausencia de este tipo de medidas puede garantizar la impunidad ante la no observancia de los preceptos de la norma y con ella la seguridad de que no se producirá una implantación real de la misma. Es imprescindible la existencia de consecuencias directas y personales sobre los responsables de cumplir y de hacer cumplir esta Ley, algo que el gobierno andaluz, para el que su finalidad es más estética que real, ha obviado. Otros defectos de la norma son la no inclusión expresa de información sobre los nombramientos de asesores, personal de confianza, personal eventual y  puestos de libre designación, la no inclusión de los contratos menores en el régimen general de transparencia previsto para el conjunto de contratos (no hay ninguna razón, más bien todo lo contrario, para hacer más laxo el procedimiento en aquellos tipos de contratos en los que resulta más necesaria la transparencia), la no inclusión específica de información sobre las sedes, inmuebles y propiedades adscritas a la Administración y sus entes vinculados, tanto en régimen de alquiler como de propiedad o la imprecisión del concepto en la información sobre las retribuciones recibidas por cargos públicos, al no explicitar que en ella deben incluirse todo tipo de percepciones dinerarias o no.
 
 
 

Esta turbia ley de Transparencia no es el único elemento que nos permite pensar que  no hay más que impostura en las palabras de Susana Díaz. En la recién publicada Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. (Núm. 198 página 32 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 8 de octubre 2013) (http://juntadeandalucia.es/eboja/2013/198/index.html), que ha dado “legitimidad” al Decreto Ley suspendido por el Constitucional, de todo lo cuestionable, lo más grave es lo referente a las nuevas competencias que otorga a la EPSA (Empresa Pública del Suelo de Andalucía): administrativas, sancionadoras, de gestión y control de las fianzas de los arrendamientos. Las fianzas de los alquileres que los andaluces antes ponían en manos de Hacienda, ahora estarán a disposición de una empresa pública con un control administrativo muy deficiente (http://www.abcdesevilla.es/andalucia/20130420/sevi-decreto-vivienda-fondo-reptiles-201304201448.html). 

Si dentro de unos años hay dinero extraviado en manos de  algún "Guerrero" y su chófer, y si hay la suerte de que llamen a declarar a Susana Díaz, esperemos que no se le ocurra decir que no sabía nada, que ella estaba ocupada en una gira mediática declarando que la corrupción le avergüenza e intentando llegar a un acuerdo de no agresión con Mariano Rajoy.

Porque no es otra cosa lo que pretende con este gesto de hoy, que el bipartidismo tome la iniciativa de la comunicación, haga como que hace, salga con una imagen renovada, y se recupere el pacto oculto de la transición, ese que dice “no me agites tus Bárcenas que yo no te agitaré tus EREs, y si se nos va de las manos, intentemos que el control de la justicia nos permita minimizar daños”.