La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia al juez Francisco Serrano ha puesto de evidencia que el grado de politización de la justica española es insoportable.
El tribunal ha condenado al magistrado a dos años de inhabilitación por prevaricación al entender como tal la decisión del juez de modificar el turno de custodia de un niño de once años de edad para garantizar su salida como paje en una cofradía sevillana con su padre, retrasando de esta forma en un día y medio el momento en que la madre debía recogerlo.
Es de razón pensar que el juez no tuvo en cuenta el “derecho” del padre a llevar a su hijo de procesión, ni el “derecho” de la madre a estar con su hijo 36 horas antes, sino el “derecho” del niño a participar de una manifestación cultural y religiosa a la que desde su más temprana edad estaba vinculado. La cuestión puramente jurídica deberá ser analizada en sus justos términos, considerando la prevalencia de todos estos “derechos”, y no es objeto de estas reflexiones.
El juez Serrano ha sido condenado formalmente por esta decisión, pero realmente lo ha sido por su heterodoxia, por ser libre y haber denunciado su desacuerdo con la Ley de Violencia de Género en numerosas ocasiones, no participando de los dogmas de fe inculcados a sangre y fuego por la corrección política de moda en los últimos años.
El lobby feminista radical ya tiene su trofeo, pero no tiene la razón. La cruzada lanzada contra el juez desde hace años por poner en duda una ley que no está dando ningún fruto, que no está sirviendo para proteger a las mujeres de sus maltratadores como debiera y que está poniendo en situación de desamparo a muchos hombres, presuntos culpables tras una simple denuncia, en un ejemplo de atropello del Derecho como nunca se había visto en la legislación española democrática, debe acabar. Esto no es un problema de machismo o feminismo, ni de derechas o izquierdas, este problema no se puede polarizar como tanto gusta hacer a la sociedad española, cada vez más talibanizada, con esta y otras causas.
Tras convertir en un infierno la vida de un hombre justo y cabal, tras intentar forzar un cambio en el lenguaje a base de muchos millones de euros y euras, tirados en una estúpida e insustancial causa léxica que no beneficia a nadie, tras haber creado un ministerio, tras haber puesto al borde del precipicio a muchos hombres víctimas de un sistema que no puede impedir la perversión de la denuncia falsa y la manipulación de parte, tras una política de cuotas injusta e ineficaz, los logros de esta cruzada son pírricos. Sólo una salvedad, el haber logrado que la tolerancia social del maltrato a la mujer se haya reducido de forma importante: el terrorismo doméstico ya se ha impregnado de su espíritu de Ermua, y el maltratador ha pasado a ser un excluido social, un apestado, apartado a un rincón en el que siempre debió haber estado.
Pero mientras todo eso pasaba, el número de mujeres asesinadas cada año se ha mantenido en cifras similares, las mujeres siguen teniendo grandes problemas de inserción laboral, la maternidad sigue sin la protección que en los países nórdicos permite que el grado de integración laboral de la mujer sea completo…, en definitiva, la igualdad sigue siendo una quimera en España. Mientras no seamos capaces de apartar los radicalismos y afrontar una reforma de la ley y de las políticas de igualdad, desterrando las medidas estériles y efectistas, no estaremos en la senda correcta.
Y volviendo al principio, mientras en España los partidos políticos y sus esferas sociales tengan mecanismos para condicionar las resoluciones judiciales, y hacer que una decisión tomada en beneficio del menor se torne contra el juez, que es quien tiene la responsabilidad de tomarla, algo grave nos está pasando como Estado. Salirse del rebaño, cuestionar el régimen de forma racional y pacífica, no puede ser tan caro en una sociedad libre. Las sociedades que supeditan la libertad legalmente ejercida a causas justas o injustas son carne de cañón.
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