Ya ha pasado un año desde que se celebraran las elecciones en Andalucía y Asturias. Tiempo suficiente para analizar las políticas, los logros y los fracasos de dos gobiernos, uno formado por el bloque PSOE-IU y otro por la FSA (nombre asturiano del travestismo socialista), en solitario pero con el consentimiento vigilante de IU e UPyD.
Tras la formalización de los acuerdos que dieron forma a ambos pactos escribí este artículo (http://ciudresp.blogspot.com.es/2012/06/dos-pactos.html). En él preveía, a la luz de las declaraciones de intenciones que en ellos se reflejaban, lo que cabía esperar desde un escepticismo militante. Ahora estamos en disposición de analizar los hechos y comparar los resultados que para la ciudadanía han tenido y el papel que ha jugado IU en Andalucía con doce diputados y UPyD en Asturias con uno.
La primera diferencia es que IU en Andalucía forma parte del gobierno, lo que se traduce en una vicepresidencia y tres consejerías, 16 delegados provinciales (hay que reconocer que han renunciado a 8), 6 secretarías generales, 9 direcciones generales, así como un número indeterminado de gerentes de empresas públicas, cargos de confianza y asesores que nunca sabremos porque la transparencia en Andalucía quedó en papel mojado (animo a los crédulos a que entren en la web institucional e intenten enterarse). En total (PSOE e IU), mantienen a 159 altos cargos dentro de la administración pública, que nos cuestan en torno a los 18 millones de euros al año en sueldos. En estos momentos se encuentra en desarrollo la muy pregonada Ley de Transparencia de Andalucía, anunciada a bombo y platillo en un alarde propagandístico que choca con una realidad intratable: las medidas de transparencia que la Junta debe adoptar no requieren ningún nuevo marco legal, ningún desarrollo tecnológico, ningún gestor de información que requiera medios especiales ni un plazo mayor. Sólo la falta de voluntad política impide que los ciudadanos andaluces no tengan ya a un click de ratón toda la información pública de la Administación andaluza (informes, sueldos, contrataciones, dietas, kilometraje, gastos...), tanto de los órganos institucionales como de empresas públicas.
En cuanto a quienes son muchos de esos nombres, el comunismo andaluz, al más puro estilo norcoreano o cubano, ha sabido “confiar a la familia” parte de esa responsabilidad. Sólo un botón de muestra: Amanda Meyer Hidalgo, secretaria general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura de la Consejería de Fomento y Vivienda e hija del eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer o Enrique Centella Gómez, director de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales y hermano del portavoz parlamentario de IU en el Congreso y a su vez secretario general de PCE, José Luis Centella.
UPyD en Asturias no forma parte del gobierno, y sólo tiene adscritos el personal de apoyo para la actividad parlamentaria que le corresponde (http://weblogs.upyd.es/asturias/2012/07/28/quienes-somos-diputado-y-equipo-parlamentario/), habiendo propiciado la reducción en 500.000 € de los gastos asociados a la actividad de los grupos parlamentarios (http://weblogs.upyd.es/asturias/2012/05/07/la-junta-general-acuerda-reducir-su-presupuesto-en-mas-de-500-000-euros/).
En cuanto a la tasa de desempleo, la mayor preocupación de los ciudadanos, la EPA del cuarto trimestre de 2012 reflejaba para Andalucía un incremento del mismo con respecto al primer trimestre de 2012 de 2,69 puntos porcentuales, alcanzando el 35,86%, mientras que Asturias subía un 3,37%, quedando en el 23,76%. No parece que las políticas de empleo de la Junta hayan dado resultados significativamente mejores a los del resto de España, más bien al contrario, Andalucía sigue siendo líder destacado en paro, pese a que el ejecutivo andaluz se ha empeñado en mantener los 26.000 empleos de la administración paralela andaluza, a muchos de los cuales tiene cruzados de brazos, mirando los desconchones de las paredes. Tampoco parece que hayan dado mucho resultado los 176 millones de euros con los que días antes de las elecciones la Junta regó a los sindicatos para cursos de formación y cooperación (http://www.abcdesevilla.es/20120517/andalucia/sevi-junta-repartio-subvenciones-millones-201205162333.html).
El bipartito andaluz se defiende asegurando, como recientemente ha declarado la Secretaria de Política Social e Inmigración del PSOE de Andalucía, Miriam Alconchel, que "ha servido como muro de contención ante los recortes y ajustes sanitarios y sociales de la derecha". Al margen de servir para dar titulares a su prensa concertada, no hay ningún hecho sustancial que diferencie las políticas y los recortes que en materias sociales, sanidad, educación, dependencia, o en I+D, la Junta ha decidido aplicar frente a cómo lo han hecho otras comunidades autónomas.
Estas manifestaciones nos obligan a repasar los presupuestos de la Junta de Andalucia para el año 2013, comparando las cifras destinadas a sanidad con el año anterior al advenimiento de la Verdadera Izquierda. La comparación es incontestable: el presupuesto destinado al Servicio Andaluz de Salud es un 9,37% menor (778 millones), a los que se une el recorte sobre los presupuestos de las cinco empresas públicas sanitarias que supera el 11% (51 millones menos). Evidentemente no lo han hecho por gusto, sino por la sencilla razón de que no hay dinero, pero lo que no pueden seguir haciendo es darse golpes de pecho asegurando que en Andalucía no se han producido recortes en sanidad. Claro que se han producido, de forma más sibilina, menos mediática que en Castilla La Mancha o Castilla León, y desde luego sin tomar las medidas liberalizadoras de Madrid, contra las que UPyD se ha opuesto y que incluso ha recurrido al Tribunal Constitucional, pero es un hecho que la salud de los andaluces está peor atendida que hace un año, mientras la estructura política, administrativa y clientelar de la Junta no se ha visto afectada un ápice.
Mención aparte merece la educación. Han sido 4.502 puestos de docentes los perdidos en la enseñanza pública andaluza al restringirse la convocatoria de oposiciones por los ajustes presupuestarios en los dos últimos años. El dato es tan rotundo, que pocas explicaciones merece.
Otro mantra que repiten los fieles de la cofradía de la hoz y el martillo es que las políticas implementadas por la Consejería de Vivienda que dirigen ha permitido que los desahucios en Andalucía se hayan visto paliados. Al margen de que no podemos dudar de la enorme solidaridad de doña Elena Cortés (la boicoteadora de la Semana Santa cordobesa), con los afectados por este drama, lo cierto es que no se ha materializado en una sola medida efectiva contra estas situaciones, fundamentalmente porque su margen de maniobra es nulo. La autonomía en la que más desalojos se produjeron en los nueve primeros meses del año 2012 fue la Comunidad Valenciana, con un incremento del 23,2% sobre 2011, seguida de Andalucía con un 36,7% más. Y es que desgraciadamente la realidad es la que es y no admite adornos, por mucho que se lancen consignas y titulares, o que se viva en la esquizofrenia permanente de ocupar despachos y responsabilidades institucionales y a la vez se aproveche la más mínima ocasión para acudir con chófer y coche oficial a la manifestación de turno a gritar contra el gobierno del PP y recordar viejos tiempos.
Y hablando de viejos tiempos, recordemos algunas declaraciones: “La gestión socialista ha llevado a Andalucía a una recesión avanzada y por encima de la que ya está reconocida en España, así como unas cifras de paro, que hacen que la comunidad lidere las estadísticas. No ha existido capacidad de aguantar la sangría de desempleados y dramas. En la comunidad andaluza existe una quiebra clara del modelo social y modelo laboral en un retroceso claro del modelo económico. El PSOE y el PP son "cómplices", pues los partidos que recortan están llevando a Andalucía a esta situación y Griñán es cómplice de Zapatero, por lo que no se puede pasar página como si no hubiera pasado nada". Esto lo decía Valderas el 29 de diciembre de 2011 para hacer balance del año. Evidentemente podría haber dicho exactamente lo mismo el 29 de diciembre de 2012, pero no lo hizo. Misteriosamente algo debe haber cambiado en su percepción de la realidad.
Pero quizá donde el papel de IU ha sido más bochornoso durante este año es en todo aquello que tiene que ver con lo que han sido sus señas de identidad, sus demandas históricas, aquello que nos permitía tener una ligera esperanza de cambio a los ilusos: la lucha contra la corrupción, por la transparencia y la regeneración democrática.
Uno no puede evitar acordarse de aquella IU de 1994, la de Luis Carlos Rejón, la de la pinza, la que obligó a un Chaves con mayoría simple a tomar decisiones impensables en los cánones socialistas: exigir que el nombramiento de los órganos de extracción parlamentaria, director y consejo de RTVA, Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo, juntas rectoras de parques naturales, se estableciera por consenso y a partir de la correlación de fuerzas parlamentarias, o a promover un cambio de la Ley electoral andaluza o establecer que la presidencia del Parlamento nunca recayera en el mismo partido que ostentara el gobierno regional (http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1994/06/29/085.html). Nunca estuvo Andalucía más cerca de un intento, aunque tímido, de mejora de la calidad democrática.
Esa historia a la que IU parece que ha renunciado a la luz de situaciones como la actual, en la que es el propio Valderas el que defiende la vuelta al nombramiento del director de RTVA por el Consejo de Gobierno (http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2013/03/14/iu-quiere-cambiar-la-ley-para-volver-a-nombrar-a-dedo-al-director-de-la-rtva-116857/), debería producir el sonrojo de los militantes históricos de la formación. Es cierto que de aquella experiencia salieron con una pérdida sustancial de votos, pero de ésta van a salir con una pérdida sustancial de dignidad, y está por ver lo de los votos.
La fallida comisión de los ERE es quizá el mayor esperpento protagonizado por este gobierno hasta la fecha. Volviendo a la hemeroteca, las palabras de Valderas en enero de 2012, deberían repicar como martillos de fragua en su conciencia: “El Gobierno andaluz tiene responsabilidad por acción u omisión. Si ha habido gente del Gobierno más allá de Guerrero directamente implicada desde la responsabilidad política es muy grave. El hecho de no haber actuado, el haber sido complaciente con que alguien meta la mano con tal descaro en los fondos públicos y robe, establece una cierta responsabilidad en un gobierno que tenía que haber velado por unos fondos de empleo y no lo ha hecho. Las declaraciones de Guerrero ensucian aún más el escándalo de corrupción de los ERE irregulares y vuelven a evidenciar que en Andalucía, en los últimos años, ha habido una administración sin un control adecuado de los fondos públicos y despreocupada del buen uso de estos fondos".
Bien, pues de estas palabras grandilocuentes de un demócrata convencido, hemos pasado a una Comisión en la que pese a tener junto al PP la oportunidad de llegar a conclusiones y determinación de responsabilidades políticas, a la única conclusión a la que los andaluces hemos llegado es a que una tarde de trabajo de la juez Alaya cunde más y permite arrojar más luz sobre los hechos que dos meses de comparecencias dirigidas por esta caterva de pasteleros. Ninguna responsabilidad política, ninguna recomendación para que lo que ha ocurrido no vuelva a ocurrir. Ni el reforzamiento de la independencia y el papel de la Cámara de Cuentas o los Interventores, conclusión que debería parecer cantada al común de los mortales, han sido capaces de tomarla.
Desde luego esto sí que contrasta con el desarrollo de la comisión por el caso Marea, que ha tenido lugar en Asturias presidida por el diputado de UPyD Ignacio Prendes. A falta del informe final cuya ponencia será responsabilidad del miembro de UPyD, hay una serie de hechos constatables:
- La FSA (PSOE), se vio obligada a aceptar la comisión de investigación ante la «insostenible» situación creada por la oposición. Fue el 29 de noviembre de 2001 cuando terminó la última comisión de investigación vivida en el parlamento asturiano hasta que el empecinamiento de UPyD y su imprescindible voto para acceder al Gobierno obligaron a retomar el formato.
- A la comisión del ‘caso Marea’ se le atribuye una ambición interrogatoria sin igual en las ocho que le han precedido en la Junta General. Tampoco se conocen en todo el país investigaciones que arranquen con una lista de 59 comparecientes. La del 11-M nació con 14 nombres y terminó en 57. La de los ERE de Andalucía se contentó con 23 políticos, empresarios y funcionarios. La asturiana, tras varias altas y bajas, ha acabado con 61.
- Hay consenso en que el documento definitivo fijará quiénes son los responsables políticos -por acción u omisión- de la presunta trama de corrupción. Con un grupo socialista dispuesto a pasar página al ‘caso Marea’, la oposición ve oportuno que la lista indique «con nombres y apellidos» esta responsabilidad.
- El grueso del documento de conclusiones, lo constituirá una batería de propuestas para mejorar los controles en la contratación pública: contratos menores, fraccionamiento, procesos de homologación, negociado sin publicidad, remanentes de tesorería y facturas falsas, facturas falsas y contratos de personal, sindicatura, intervención general, inspección de servicios, transparencia, registro de intereses, código ético, organigrama…
(Más información en este enlace: http://weblogs.upyd.es/asturias/2013/03/31/la-comision-del-caso-marea-exigira-al-principado-cambios-en-la-contratacion/)
Y no quisiera acabar este análisis sin hacer referencia a otra ignominia perpetrada por IU en Andalucía, y que en boca de Valderas a la pregunta de la concejala de UPyD en Granada, Mayte Olalla, se manifestó en toda su plenitud: “No es el momento de reformar la ley electoral. No es importante para la ciudadanía”. (http://weblogs.upyd.es/granada/2012/07/04/upyd-en-andalucia-lamenta-que-la-junta-incumpla-la-reforma-de-la-ley-electoral-para-garantizar-la-igualdad-del-voto-de-todos-los-ciudadanos/).
En Asturias la Comisión para la Reforma de la Ley Electoral, que formaba parte del acuerdo al que llegó UPyD con FSA, ha comenzado sus trabajos en marzo, con el firme propósito y la seguridad de que fruto de ella se contará con una nueva ley electoral asturiana, más justa y proporcional, antes de finalizar este año. (http://weblogs.upyd.es/asturias/2013/03/07/la-comision-para-la-reforma-de-la-ley-electoral-asturiana-impulsada-por-upyd-contara-con-once-expertos/).
No será el único logro. La transparencia ya ha alcanzado cotas impensables hasta ahora en Asturias. El Gobierno asturiano y el Parlamento regional son los primeros de todo el país que hacen públicos sus ingresos y kilometraje de los diputados autonómicos. (http://www.lne.es/asturias/2013/03/23/diputados-regionales-facturan-millon-kilometros-ano/1386861.html). Como es evidente, esto ha ocurrido en Asturias y no en Murcia, Galicia o Andalucía, no por casualidad. Es el efecto UPyD.
A IU le quedan 3 años (aunque es muy probable que algo menos), para intentar que su paso por el gobierno andaluz esté a la altura de la enorme oportunidad que le dieron los andaluces en marzo de 2012. Tiene la ocasión de oro para acabar con ese rodillo que denunciaron durante décadas. Puede aprovechar su poder para forzar una ley electoral proporcional y justa que mejore la representatividad de la voluntad ciudadana. Puede introducir transparencia y democracia en el santuario socialista. Puede levantar las alfombras, al menos de las consejerías y empresas públicas que controla y hacer limpieza. ¿Cuántos expedientes, cuantos contratos menores, cuantas adjudicaciones directas, cuántos negociados sin publicidad, cuántas contrataciones de personal, cuántas liquidaciones de gastos tiene a su disposición en los archivos…?
Si quiere, puede, pero mucho me temo que ni quiere ni querrá, que tendremos que esperar a la próxima legislatura, cuando UPyD condicione la política andaluza para hacer el trabajo que IU no está queriendo hacer ahora. Y que nadie piense que es revanchismo u obsesión, se trata del convencimiento de que ninguna recuperación económica, ningún futuro es posible sin la regeneración democrática y la racionalización de lo público, y si en alguna región esta necesidad adquiere carácter de urgente es en Andalucía, por donde desde 1978 hasta hoy han pasado 6 presidentes y un solo partido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario