ESPAÑOLES Y DESASTRES

A raíz del triste suceso del accidente ferroviario de Santiago de la semana pasada, y sobre todo ante el espectáculo de los días posteriores en los que hemos sido espectadores atónitos de un enfrentamiento más o menos explícito entre la media España que tenía unas prisas enormes por condenar al maquinista y la otra media que tenía el mismo interés en culpar a los recortes del gobierno, es lógico plantearse la siguiente hipótesis: “los españoles somos un pueblo cainita que siempre ha aprovechado lo que en su mano estuviera para culpar a la mitad de España en la que no se siente incluido de cualquier desastre”.

Desde el convencimiento de que resultaría fácil demostrar esta afirmación he procedido a identificar los mayores desastres naturales, grandes accidentes y catástrofes del último siglo, para buscar reacciones políticas en las crónicas de los días posteriores.

A continuación se relacionan las 36 desgracias que, sin ánimo de ser exhaustivo, he considerado destacables y dignas de análisis:

1. Murcia y Orihuela. 15 de octubre de 1879. Riada de Santa Teresa. 1.000 muertos.
2. Chillón (Ciudad Real). 27 de abril de 1884. Accidente ferroviario del puente de Alcudia. 59 muertos.
3. Santander. 3 de noviembre de 1893. Explosión del vapor “Cabo Machichaco”. 590 muertos.
4. Cartagena. 4 de agosto de 1906. Hundimiento del vapor “Sirio”. 240 muertos.

5. Málaga. 24 de septiembre de 1907. Riada. 21 muertos.
6. Torre del Bierzo (León). 3 de enero de 1944. Accidente ferroviario. Oficialmente 80 muertos (estimado entre 500 y 800).
7. Cádiz.18 de agosto de 1947. Explosión de un polvorín de la Armada. Oficialmente 152 muertos.
8. Alcalá de Henares. 6 de septiembre de 1947. Explosión de dos polvorines. 24 muertos.
9. Valencia. 14 de octubre de 1957. Gran Riada. 400 muertos.
10. Ribadelago (Zamora). 9 de enero de 1959. Rotura de una presa. 144 muertos.
11. Montseny (Barcelona). 3 de julio de 1970. Accidente aéreo. 112 muertos
12. Ibiza. 7 de enero de 1972. Accidente aéreo. 104 muertos
13. El Cuervo. 21 de julio de 1972. Accidente ferroviario. 86 muertos.
14. Tenerife. 3 de diciembre de 1972. Accidente aéreo. 155 muertos
15. La Coruña. 13 de agosto de 1973. Accidente aéreo. 86 muertos
16. La Rábita (Granada), Puerto Lumbreras (Murcia) y otras localidades. 19 de octubre de 1973. Riada. 162 muertos.
17. Tenerife. 27 de marzo de 1977. Accidente aéreo de Los Rodeos. 583 muertos
18. Alcanar (Tarragona). 11 de julio de 1978. Explosión e incendio en el camping de Los Alfaques. 243 muertos.
19. Tenerife. 25 de abril de 1980. Accidente aéreo. 146 muertos.
20. Chirivella (Valencia). 24 de septiembre de 1980. Accidente ferroviario. 27 muertos
21. Málaga. 13 de septiembre de 1982. Accidente aéreo. 50 muertos.
22. Tous (Valencia). 20 de octubre de 1982. Riada. 30 muertos
23. Bilbao. 26 de agosto de 1983. Riada. 39 muertos.
24. Mejorada del Campo (Madrid). 27 de noviembre de 1983. Accidente aéreo. 181 muertos.
25. Madrid. 7 de diciembre de 1983. Colisión de dos aviones en Barajas. 93 muertos.
26. Madrid. 17 de diciembre de 1983. Incendio de la discoteca Alcalá 20. 82 muertos.
27. Monte Oiz. Vizcaya. 19 de febrero de 1985. Accidente aéreo. 148 muertos.
28. Biescas. 7 de agosto de 1996. Riada del Camping Las Nieves. 87 muertos.
29. Melilla. 25 de septiembre de 1998. Accidente aéreo. 38 muertos
30. Turquia. 26 de mayo de 2003. Accidente aéreo del Yak 42.  75 muertos.
31. Madrid. 11 de marzo de 2004. Atentado terrorista. 191 muertos.
32. Guadalajara. 17 de julio de 2005. Incendio forestal. 11 muertos.
33. Valencia. 3 de julio de 2006. Accidente de metro. 43 muertos.
34. Madrid. 20 de agosto de 2.008. Accidente aéreo. 154 muertos.
35. Madrid. 1 de noviembre de 2012. Taponamiento del Madrid Arena. 5 muertos.
36. Santiago de Compostela. 24 de julio de 2013. Accidente ferroviario. 79 muertos

 

En el caso del accidente ferroviario del puente de Alcudia en 1884, las causas de la catástrofe hasta el día de hoy son desconocidas. Se conjetura que pudo ser un sabotaje o acto de terrorismo por parte de un grupo de anarquistas para alterar el orden público y la intención de voto, porque en ese día hubo elecciones generales (¿nos suena de algo?). De ellas salió elegido presidente por el procedimiento de alternancia o turno de partidos y pucherazo electoral Antonio Cánovas del Castillo, asesinado años más tarde también por un anarquista. El día anterior, el 26, habían ido a la cárcel por desórdenes públicos varias personas en Cádiz, Córdoba y Barcelona. El suceso dio mucho que hablar, no sólo en las gacetas. Sin duda en este caso no podemos obviar la politización del accidente. Se sostiene la hipótesis de partida.

La explosión del vapor Cabo Machichaco, en 1.893 en el puerto de Santander, produjo la muerte de 590 personas, incluidas la práctica totalidad de las autoridades y fuerzas vivas santanderinas que andaban en el entorno del barco ajetreados por el incendio previo a la explosión.  A sólo unos meses de la llegada al poder del liberal Práxedes Mateo Sagasta y con el conservador Antonio Cánovas en la oposición, no he podido encontrar evidencias de que el accidente fuera utilizado en la trifulca política de la época. El primer informe “oficioso” de las causas del accidente lo emitió el obispo al día siguiente, advirtiendo que “...la imprevisión y la codicia han podido tener no pequeña parte” y, tras recordar que “no caerá un cabello de nuestra cabeza sin la permisión de nuestro Padre celestial”, invitó a la chocada población a examinar “...si las blasfemias, la profanación de las fiestas, y otros pecados públicos que se consienten .../... pueden haber provocado su justo enojo...”. Dicen las crónicas que, “para infundir la calma a los vecinos que quedaron en Santander la tarde en que se comenzó la extracción, el ministro de Hacienda, señor Gamazo, el Gobernador civil, señor Jimeno de Lerma, el señor marqués de Comillas, el presidente de la Diputación, señor Sainz Trápaga, y varios diputados y concejales, recorrieron la ciudad y se estuvieron paseando por los muelles”. Al parecer esta reconfortante costumbre tiene al menos 120 años. Los que deseen conocer más detalles sobre el que posiblemente haya sido el mayor accidente ocurrido en España tienen una lectura muy recomendable en Luis  Jar  Torre  -  UN  DESASTRE  A  LA  ESPAÑOLA. La explosión del vapor "Cabo Machichaco" en Santander. Publicado  en  la  Revista General de Marina,  noviembre de 2009, y una abreviada en este link http://www.grijalvo.com/Jar/Cabo_Machichaco.htm.

 

 

 

 

Las catástrofes acaecidas durante el franquismo tienen una muy limitada lectura política:

El accidente ferroviario de Torre del Bierzo en 1944 fue objeto de censura informativa. Las autoridades del régimen franquista ocultaron la verdadera dimensión de la catástrofe, reconociendo sólo 80 muertos frente a los más de 500 que algunas estimaciones posteriores pudieron calcular. El pésimo estado de las infraestructuras ferroviarias, pobremente mantenidas debido a la precaria y prolongada situación de posguerra, fueron en buena medida las responsables del accidente.

En 1947 se produjeron las explosiones de dos polvorines militares en Alcalá y uno en Cádiz. El hecho fortuito de la explosión de los polvorines de la ciudad complutense fue utilizado por el gobierno franquista para detener, reprimir, y encarcelar a jóvenes militantes del PCE y de las JSU. Ocho de estos militantes fueron condenados a muerte y ejecutados en la prisión de Ocaña en julio de 1948. No hay expresión más brutal de la utilización política de un accidente. En el caso de la gran explosión de Cádiz, el régimen también ocultó información y minimizó los efectos de la catástrofe, reduciendo la cifra oficial de fallecidos a 152, aunque los gaditanos contaron muchísimos más. http://cadizpedia.wikanda.es/wiki/La_Explosi%C3%B3n_de_C%C3%A1diz_-_1947.

La gran riada de Valencia de octubre de 1957, que dejó más de 400 muertos, sí tuvo ciertas consecuencias políticas. Tras la riada, ante la tardanza de las ayudas por parte del gobierno, el alcalde de Valencia, Tomás Trénor Azcárraga, se enfrentó a Franco, el cual le destituyó, pero el alcalde logró su objetivo ya que a partir de sus críticas se agilizó la ayuda a la ciudad y el proyecto del Plan Sur.

La rotura de la presa de Ribadelago en el 1959, que dejó 144 muertos, también se vio condicionada por la dictadura. El proceso judicial posterior seguido en la audiencia Provincial de Zamora culpó en exclusiva a un encargado de obra, mientras que los directivos de Hidroeléctrica Moncabril, la titular de la explotación, señalados en el proceso resultaron con penas de privación de libertad tan exiguas que nunca ingresaron en prisión y, tras los recursos interpuestos, fueron indultados por el Gobierno. El régimen franquista nunca depuró a los posibles responsables políticos e intentó en todo momento minimizar el alcance de la noticia de la catástrofe, que se saldó con exiguas indemnizaciones de apenas 90 000 pesetas de la época por cada fallecido varón, 60.000 pesetas por cada mujer fallecida y 25.000 pesetas en caso de bebés o niños. ¿Todavía habrá quien defienda que la vida de una mujer para la España nacionalcatólica valía lo que la de un hombre?

 

 

El convulso 1977 fue testigo del mayor accidente aéreo de la historia mundial. Fue en el aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos, y en él 583 personas perdieron la vida. El cierre del aeropuerto de Las Palmas por un aviso de bomba obligó a desviar algunos tráficos al entonces único aeropuerto tinerfeño, cuya capacidad era muy limitada. Ello unido a otras circunstancias como errores en la interpretación de los mensajes de la torre de control, las prisas del piloto holandés de KLM y la niebla, dieron pie a la tragedia. Es país quedó conmocionado, pero la crítica política nos sobrepasó los límites de lo razonable.
 

 

 

En una incipiente democracia y con nuestra Constitución en ciernes, en julio de 1978, se produjo el accidente de un camión con propileno, su explosión e incendio en el camping de Los Alfaques en Alcanar (Tarragona), dejando 243 muertos. Los vecinos de San Carles de la Rápita se manifestaron al día siguiente exigiendo a la autoridad gubernativa desviar de la N-340 el tráfico de mercancías peligrosas, llegando a increpar a los políticos que se acercaron al lugar de los hechos, incluido el mismísimo Josep Tarradellas. Los gobernadores civiles de Tarragona y Barcelona acordaron  prohibir el tráfico de transporte de material combustible por la carretera nacional para trasladarlo a la autopista. La inacción del Ministerio de transporte muy cuestionada en prensa. A raíz de este accidente se promulgaron regulaciones más severas en relación con el transporte de materias peligrosas. No se produjo una lucha partidista amparada en este drama.

El año 1983 al poco tiempo de la llegada al poder del PSOE, fue posiblemente el annus horribilis de nuestro país. La riada de Bilbao, que dejó 34 muertos y 5 desaparecidos, dos accidentes aéreos en apenas 10 días en Madrid, que dejaron 274 muertos y el incendio de la discoteca Alcalá 20, también en Madrid, con 82 muertos,  supusieron un mazazo para la sociedad española, cuya moral ETA se encargaba de hostigar, ese año con 44 asesinatos.
 

 

 

El 29 de agosto José Luis Barbería firmaba en El País la siguiente crónica dos días después de la riada del Bilbao: “El barro ha cubierto por igual los uniformes verdes de los guardias civiles y a los simpatizantes abertzales, que codo con codo han formado parte de la misma cadena humana que evacuó ayer el material inutilizado de una fábrica en Galdácano. Los recelos iniciales se suavizaron con el esfuerzo del trabajo, y unos y otros fumaron del mismo paquete de cigarrillos y comieron bocadillos preparados por la misma mano. En estas horas, la solidaridad es capaz de romper muros de incomunicación, arrogancia y odio, construidos durante muchos años”. Al margen de esta visión quizá excesivamente optimista de la situación, lo cierto es que la catástrofe no dio lugar a recriminaciones partidistas de importancia.

El accidente de Avianca el 27 de noviembre, que produjo 181 víctimas, se debió a un fallo humano, y no dio lugar a reacciones ni interpretaciones contrapuestas. Algo muy distinto ocurrió diez días después, el 7 de diciembre, cuando chocaron en la pista de Barajas un Boeing 727 de Iberia con destino a Roma y un DC-9 de Aviaco con destino a Santander. En este caso las deficiencias en la seguridad fueron determinantes: no existía un radar de tierra en el aeropuerto y la señalización del aeropuerto era muy deficiente al estar líneas despintadas, lo que unido a la situación de niebla, propició la confusión del piloto del DC-9 que se interpuso en el despegue del Boeing. Pese a estas evidencias las reacciones políticas partidistas no fueron destacables.

El incendio de la discoteca Alcalá 20 causó en su momento un escándalo nacional que llevó a replantearse la seguridad de los locales públicos ya que no tenía salidas directas a la calle, las vías de evacuación tenían recorridos demasiado largos, todas las escaleras presentaban deficiencias, las puertas y los cierres no eran reglamentarios y no existía salida de humos. Las reacciones políticas contra el ayuntamiento de Madrid que regentaba el profesor Tierno Galván fueron muy limitadas. Pese a que el local contaba con la licencia municipal, once años después del suceso, en 1994 la Audiencia nacional condenó a los cuatro propietarios a dos años de prisión por imprudencia temeraria, absolviendo a los responsables políticos.
 

 

 

El accidente del Boeing 727 en Sondika en 1985, en el que murieron 148 personas, sí produjo una dura reacción del presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, que criticó a la Administración como responsable de la "situación de deterioro general del país". Fraga tomó como punto de partida de sus manifestaciones lo que calificó de mal funcionamiento de la comisión del Congreso que investigaba las catástrofes aéreas ocurridas el 27 de noviembre y el 7 de diciembre de 1983 en Madrid y de la que se retiró el Grupo Popular. Fraga, tras dedicar un recuerdo elogioso al ex ministro de Asuntos Exteriores Gregorio López Bravo, fallecido en el accidente aéreo, manifestó: "Yo vengo diciendo que la Comisión de Catástrofes Aéreas del Congreso viene funcionando insatisfactoriamente; por eso el Grupo Popular se ha retirado de la misma. Éste es un caso más del deterioro general del país y de su Administración. El Gobierno algo tendrá que decir. Es una catástrofe más, de acuerdo, pero una catástrofe entre las muchas que se vienen produciendo”.

El desastre de camping de Biescas en agosto de 1996 produjo 87 muertos y una sola reacción política destacable, y muy comedida, la de Félix Martínez de la Cruz, dirigente de IU, que hizo un llamamiento a las demás fuerzas políticas para que se procediera a la revisión de la ubicación de todos los cámpings de España e insistió en que la necesidad de una investigación de lo ocurrido para delimitar responsabilidades.
 

 

 

Todo cambió el 19 de noviembre de 2002 con el hundimiento del Prestige. La utilización política del desastre y la movilización social que suscitó, sin entrar en las razones de fondo, la bondad o maldad de las decisiones del gobierno y su forma de reaccionar ante la catástrofe, rompió más de un siglo de moderación,  creando un precedente en el que seguimos incursos, y no me estoy refiriendo a la contestación social, al sano activismo ciudadano en la calle, sino al uso perverso y partidista del suceso.
 

 

 

Un año después se produjo el accidente aéreo del Yak 42. Las reacciones mediáticas, políticas y sociales fueron muy duras, posiblemente con toda la razón. La Comisión de Defensa del Congreso reprobó al ex ministro de Defensa Federico Trillo declarando que "la responsabilidad de los poderes públicos por las graves negligencias detectadas en el seguimiento y control de la contratación del vuelo del avión siniestrado, así como los importantes errores del proceso de identificación de cadáveres, durante el cual se constató además un constante y claro menosprecio a las familias, no corresponde exclusivamente a las instancias militares, sino que afecta directamente a las autoridades políticas, en concreto al ministro de Defensa Federico Trillo, que ejercía las máximas funciones de dirección de la Administración Militar y de la defensa en el tiempo que tuvieron lugar los hechos".

Del desastre siguiente, el atentado de Madrid de 11 de marzo de 2004, no hay nada que podamos añadir al respecto de su politización. Hoy, 9 años después, siguen corriendo ríos de tinta y siendo una herida y un debate abierto, con una verdad judicial cuestionada por una parte significativa de españoles. La politización de este drama es parte intrínseca del mismo.

El incendio de Guadalajara en julio de 2005 fue interpretado por muchos como el Prestige de Rodríguez Zapatero. El debate político fue encarnizado, y la utilización de la tragedia con fines partidistas se produjo sin ningún tipo de miramientos.

La misma situación se dio en 2006 con el accidente de metro de Valencia. Desde las causas del accidente hasta la forma de gestionarlo y la información posterior han sido y siguen siendo objeto de polémica, no sólo técnica sino política.

El accidente aéreo de Barajas de agosto de 2008, que dejó 154 muertos, también dio pie a distintas interpretaciones, aunque ciertamente este debate no se centró en el plano político, a todas luces ajeno a las causas del desastre.

Culminamos este lúgubre repaso con el desgraciado incidente del Madrid Arena el año pasado y con el reciente accidente ferroviario de Santiago de Compostela. La utilización política de ambos hechos ha sido exagerada, aunque en este último caso, con desgraciadas excepciones, los partidos se han mantenido decorosamente al margen, habiendo dejado todo el protagonismo a sus huestes de correligionarios tanto en Redes Sociales como en la barra brava de tertulianos y opinadores que se extiende por cadenas de radio y televisión.

Iniciabamos este artículo desde el convencimiento de que el cainismo español había sido siempre el mismo, que desde que alcanza la memoria unos y otros no han dudado en tirarse a la cara los muertos inocentes de cualquier desgracia, tuviera el origen que tuviera. Debemos reconocer que esa tesis no se sostiene.

Hubo una época en la que los partidos, todos, y la inmensa mayoría de los españoles daban ejemplo de saber estar, de que no todo valía. Fue una época muy dura, con ruido de sables incluido y el martilleante goteo de víctimas inocentes que la banda asesina ETA nos arrojaba cada año; fueron años en los que la sombra y el recuerdo de la dictadura estaban demasiado cerca; fueron años protagonizados por una generación de españoles tan endurecida como ilusionada. Fueron años en los que manteníamos algo más las formas, quizá porque éramos gente obediente hasta en la cama, gente que sólo pedía vivir su vida sin más mentiras y en paz, gente que sólo deseaba su pan, su hembra y la fiesta en paz.

Eso ya pasó. Alguien abrió la veda a la mala fe, la falta de respeto, principios y escrúpulos, el todo vale, y una gran cantidad de españoles entraron por ella arrasando con todo, los más básicos principios incluidos, para alojarse y no salir. Podemos echar la culpa a las nuevas tecnologías que facilitan el canal, y pueden magnificar los mismos instintos que antes quedaban limitados al círculo personal. Podemos echar la culpa a la proliferación de medios de comunicación de todo pelaje, a las cadenas de televisión privadas necesitadas de sangre fresca para mantener sus niveles de audiencia, que hace unas décadas no existían. Podemos echar la culpa a los partidos, a la crisis política y la frivolización del sentido institucional de la acción de gobierno y oposición, al deterioro de la vida pública. Podemos echar la culpa a los tertulianos, los periodistas, los políticos, los maquinistas o los pilotos sociales…

Pero la única culpa la tenemos los españoles, todos nosotros, uno a uno, los que participamos activa o pasivamente en estos linchamientos al sentido común y la dignidad como pueblo que practicamos cada vez más a menudo. No sé si hay dos Españas, pero sí sé que o la tercera España despierta y toma las riendas o la mala leche nos lleva a la ruina.