Algunos datos:
Un funcionario corrupto de la delegación provincial de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería, imputado por
robar 300.000 €. (http://www.elconfidencial.com/espana/2013/04/25/la-junta-ignora-el-paradero-de-300000-euros-lsquodesaparecidosrsquo-en-medio-ambiente-119617/)
La Junta lo denunció, no asumió su defensa, ni se lo
planteó, como debe ser.
Dos funcionarios de prisiones y dos policías locales
de Barcelona detenidos por corrupción (http://actualidad.orange.es/nacional/detenidos-dos-funcionarios-prisiones-y-dos-policias-locales-por-supuesta-corrupcion.html)
Ni el Ministerio del Interior ni el ayuntamiento de
Barcelona asumieron su defensa, ni se lo plantearon, como debe ser.
Operación Pitiusa, casi una treintena de detenidos por
compraventa de datos personales y empresariales, entre ellos funcionarios de la
Agencia Tributaria, Policías y Guardias Civiles (http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/policia-nacional-detiene-treintena-detectives-funcionarios-caso-pitiusa/1784952/)
Ni el Ministerio de Hacienda ni el de Interior asumieron su
defensa, ni se lo plantearon, como debe ser.
Tres funcionarios, dos Guardias Civiles y el Jefe de la
Policía Local de El Molar acusados de delito contra la salud pública, cohecho y
omisión del deber de perseguir delitos. (http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/14/madrid/1216009983.html)
Ni el Ministerio del Interior, ni el ayuntamiento de El
Molar se plantaron asumir su defensa, como debe ser.
Veinte cargos y excargos del
gobierno andaluz, entre ellos la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez,
imputados por una de las mayores estafas y apropiación indebida de dinero
público mediante el uso irregular del fondo de los ERE en Andalucía.
Y sí, la Junta de Andalucía se
plantea asumir su defensa y recurre el auto ante el Juzgado, en el que estaba
personada como acusación particular, como no debe ser, pero es.
¿Será porque estos últimos no son
policías o funcionarios corruptos, son altos cargos, de “los suyos”, les han
tocado la familia, la tribu…?.
¿O quizá sea porque los primeros
actuaban solos y a nadie más tienen que implicar, y estos últimos forman parte
de un sistema orquestado y diseñado para delinquir?
¿O quizá sea porque hay delitos
de primera, inaceptables, y delitos de segunda, consentibles?.
¿O quizá sea porque hay
delincuentes comunes y delincuentes políticos?.
Y por si queda alguna duda:
1) Es FALSO que la
Junta esté obligada a defender o costear la defensa de los imputados por los
ERE. El artículo 92 del Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía, establece que esta posibilidad es
potestativa y no obliga a la Junta a hacerlo.
2) En todo caso requiere
que se dé la circunstancia de la autorización correspondiente del consejero de
la Consejería de que se trate. Por tanto es necesario una voluntad y decisión
política.
3) Esta decisión en caso de
ser positiva debe estar fundamentada y darse la condición de que se trate de
actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el
ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores. Es decir,
evidentemente este artículo no estaba pensado para este tipo de casos, en los
que no se ha cumplido el ordenamiento jurídico, que es lo que el propio auto de
la juez pone en duda. Este artículo está pensado para defender a los servidores
públicos de demandas de terceros en el ejercicio de sus funciones en defensa de
la Administración y en el ejercicio de sus obligaciones. En este caso es la
propia Administración la afectada por estas decisiones. El artículo 93 dice "resultando
procedente". Si hay un caso en el que no resulta procedente es éste.
4) Una posibilidad de
que la Junta pudiera plantearse financiar la defensa es que los imputados
la solicitaran y reconocieran ante el juez que se limitaban a cumplir las
órdenes de su superior, y eso en el caso de Magdalena Álvarez sería acusar a Manuel Chaves y Antonio
Lozano, Director General de Presupuestos desde 2002 a 2009, a José Antonio
Griñán y Magdalena Álvarez.
Se indignan cuando nos referimos
a ellos como la “casta”, pero como casta se comportan, y como casta mueven
todos los hilos y ponen la Administración a su servicio.
Lo que es evidente es que los funcionarios adscritos a los
Servicios Jurídicos de la Junta que ganaron su plaza en oposición, nunca
imaginaron que iban a acabar defendiendo más chorizos que si se hubieran
quedado en el turno de oficio del Juzgado al que le corresponden las 3.000
viviendas de Sevilla.
No hay comentarios:
Publicar un comentario